La Sala Plena del Consejo de Estado, acogiendo la ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, decidió mantener la investidura de los 12 congresistas a los que les correspondió conciliar la fallida reforma a la justicia en 2012.
El alto tribunal de lo contencioso administrativo, tras una votación de 18 contra tres, estuvo de acuerdo con la ponencia de la togada, que argumentaba que la docena de parlamentarios no habían incurrido en tráfico de influencias y conflicto de intereses.
Rojas indicaba que los seis senadores y seis representantes a la Cámara integrantes de la Comisión de Conciliación para la cuestionada reforma, Jesús Ignacio García, Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque, Martín Emilio Morales, Alejando Chacón, Germán Varón, Carlos Edward Osorio, Gustavo Puentes, Orlando Velandia y Roosvelt Rodríguez, no cometieron irregularidades en el trámite legislativo.
Además, se lee en la ponencia que los legisladores tienen una inmunidad constitucional que los protege de juzgamientos por temas inherentes a su labor congresional.
En la demanda de pérdida de investidura, presentada por Saúl Villar Jiménez, se señalaba que los conciliadores no legislaron en nombre del pueblo, sino en su nombre propio, reviviendo artículos que se habían hundido en los ocho debates en Senado y Cámara, y que los beneficiaban por sus fueros.
La alta corte, no obstante, resolvió no decretar la muerte política de los legisladores, a pesar de que no presentaron ningún tipo de impedimento en medio de la discusión, tras la que se incluyeron polémicas prebendas para parlamentarios y magistrados, que el propio presidente Juan Manuel Santos tuvo que salir a objetar.
