El Heraldo
Aspecto de la Cámara de Representantes este lunes durante el debate y aprobación del proyecto reglamentario de la JEP. Johnny Hoyos
Política

Aprobada la JEP en último debate en la Cámara

A la iniciativa ahora solo le resta la etapa de conciliación. Se excluyeron de la justicia transicional los delitos sexuales cometidos contra menores.

Por una votación de 84 votos a 0, tras 10 horas de debate y a tres días de que se venza el 'fast track', la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP.

Entre lo más relevante, el pleno aprobó por unanimidad, 98 votos a 0, una proposición para excluir de los beneficios de la Justicia Especial para la Paz, JEP, y enviar a la justicia ordinaria a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad.

La decisión se tomó en medio de una encendida discusión de más de una hora en el marco del último debate del proyecto de ley estatutaria de la JEP.

La proposición al artículo 147 fue de autoría del representante Efraín Torres, de La U, quien advirtió que "ante la JEP es una realidad que los violadores y asesinos de niños miembros de las Farc recibirán las penas de la justicia ordinaria, con penas en centros carcelarios, y no los beneficios de la jurisdicción de paz con penas bajas y trabajo restaurativo. Así defendemos y reparamos a todos esos niñas y niñas que fueron abusados sexualmente mientras estuvieron en manos de la guerrilla, una violación o la explotación sexual no tienen nada que ver con el conflicto armado”.

Agregó el parlamentario que "un violador jamás se recupera y siempre va a estar al acecho de nuevas víctimas, por lo que era un despropósito dejar sueltos a miembros de las Farc que hubiesen abusado de menores. Las políticas del país deben ir siempre encaminadas a la protección de niños, niñas y adolescentes, quienes además, son los más afectados por el conflicto. Esperamos que la Corte Constitucional de igual forma, le dé su visto bueno".

Durante el debate, Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, señaló: "no podemos permitir más abusos de menores, aquí casi todos son padres de familia, tenemos que castigarlos (...), hay una doble moral en el hecho de que se pida la pena máxima para feminicidas como Rafael Uribe Noguera pero no para las Farc".

A su vez, Inti Asprilla, de la Alianza Verde, precisó: "obviamente no estamos de acuerdo con la violación de niños, pero sí creo que había que ser más específicos en la redacción del artículo para que no se prestara a equívocos".

A su turno, la senadora Maritza Martínez, de La U, quien se hizo presente en el Salón Elíptico, manifestó: "este artículo debe tener el rostro de las 5.013 niñas que durante todo el conflicto armado fueron violadas. En el Senado casi todos lo votamos positivo, el ponente, Horacio Serpa, nos acompañó. El mismo Timochenko dice que se debieron sancionar de manera drástica los delitos sexuales".

Participación política

Por 88 votos contra 7, la plenaria de la Cámara aprobó en la noche de este lunes la participación política de las Farc, tal y como venía en la ponencia, en el marco del último debate del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP.

Se trata del artículo 31 de la iniciativa de reglamentación al sistema de justicia transicional pactado entre el Gobierno y las Farc en La Habana, el cual pasó indemne, pese a que la oposición del Centro Democrático proponía que solo pudiese haber participación política para los desmovilizados una vez se hubiera cumplido la sanción impuesta por la JEP.

En un aparte de dicho artículo se lee, no obstante, que "dicha Jurisdicción deberá establecer caso por caso los objetivos apropiados de las penas y definir si tales sanciones son compatibles con una intención genuina de las personas por responder ante la justicia, ponderando la proporcionalidad de la sanción con la gravedad del crimen y el grado de responsabilidad del autor, y el tipo y grado de restricción de la libertad".

Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, puso de presente en el Salón Elíptico: "tenemos el deber de defender lo que acordamos en La Habana, porque además lo acordó el presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado. Las sanciones de la JEP no pueden inhabilitar en materia de derechos políticos, por eso la ponencia es una reafirmación de lo que se aprobó en el acto legislativo que creó la JEP y de lo que la Corte Constitucional declaró exequible sobre el mismo".

Y aclaró el titular de la cartera política que "el juez de la JEP evaluará de qué manera se pueden hacer compatibles la sanción y el ejercicio de los derechos políticos. Si no hay verdad no se podrán ejercer derechos políticos. Esa es una garantía para las víctimas".

Sin inhabilidades a magistrados

Con una votación de 94 contra 5, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este lunes los artículos del proyecto de ley estatutaria de la JEP que eliminaban el régimen de inhabilidades a los magistrados del sistema de justicia transicional, con lo que la cámara baja se va en contra de lo que estipuló la alta la semana pasada, cuando le dio aval a la prohibición para los defensores de Derechos Humanos que hubieran actuado en procesos relacionados con el conflicto armado en los últimos cinco años.

Los puntos como venían en la ponencia pasaron, a pesar de que el representante cordobés David Barguil, del Partido Conservador, hubiera pedido dejar para el final la discusión al respecto y luego de que fueran negadas las proposiciones presentadas por los opositores del Centro Democrático.

La decisión de sacar del proyecto el régimen de inhabilidades establecido por el Senado, se dio tras una reunión entre el representante ponente, Hernán Penagos, de La U, y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en las vísperas del inicio del último debate de la JEP vía 'fast track'.

Así las cosas, no se incluyó la modificación que estableció la plenaria del Senado para los magistrados de la JEP, acerca de que no podrían serlo quienes hubieran actuado en procesos relacionados con el conflicto en los últimos cinco años. En cambio, habrá impedimentos para los magistrados, por los cuales tendrían que separarse de determinados procesos.

El régimen de inhabilidades para los togados fue duramente criticado por activistas de Derechos Humanos y sectores de la izquierda, argumentando que era “discriminatoria” e "inconstitucional" y que, además, iba a revocar gran parte de los togados ya elegidos para las salas del sistema de justicia transicional.

A pesar del quite que le sacaron a las inhabilidades para los togados en la Cámara, el artículo aún no ha pasado a mejor vida del todo, pues en la conciliación entre ambas cámaras podría resucitar.

Rebeldía conservadora

Una disidencia del Partido Conservador, liderada por el representante cordobés David Barguil, anunció durante el trámite del último debate en plenaria de la Cámara del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, que votaría en contra de varios de los puntos del articulado.

"El texto de la ponencia no cumple con las expectativas de verdad, justicia, reparación a las víctimas y no repetición de delitos por parte de los exguerrilleros", señaló Barguil, anunciando que la colectividad azul le da la espalda a sus colegas de la Unidad Nacional en este proyecto de reglamentación del sistema de justicia transicional pactado entre el Gobierno y las Farc, asumiendo una posición más cercana a la oposición del Centro Democrático y a los reparos que sobre la JEP ha hecho públicos Cambio Radical, antigua bancada oficialista.

El primer pero tiene que ver con la participación política de los exguerrilleros, la cual no admiten "sin que primero hayan pasado por la justicia transicional: es probable que la JEP dicte sentencia condenatoria contra estas personas después de que hayan sido elegidos el 11 de marzo; esto, además de exponernos abiertamente a la Corte Penal Internacional, CPI, es una revictimización a las víctimas".

Además, aseguran que no hay claridad sobre los beneficios que perderán los exguerrilleros que incumplan sus compromisos y agregan que tampoco está claro el asunto sobre la extradición para los exguerrilleros que reincidan o cometan nuevos delitos relacionados con el narcotráfico.

"Nos oponemos a la conformación actual del tribunal de paz, integrado por magistrados con un claro sesgo ideológico que no da plenas garantías a la sociedad civil. Rechazamos que en la ponencia en Cámara, el Gobierno haya eliminado el régimen de inhabilidades aprobado en Senado, el cual buscaba un mayor equilibrio para dicho tribunal", se lee en el comunicado emitido por la facción de las toldas azules.

Consideran también "preocupante" el hecho de que se dé la posibilidad de reabrir las listas e incluir nuevos exguerrilleros para que ingresen a la sala de amnistía.

De igual forma, creen que la redacción de la ponencia en Cámara deja "dudas" sobre la posibilidad de que dicho tribunal de paz opere sobre terceros.

Y, finalmente, advierten que hay "ambigüedad" en el tratamiento de los delitos sexuales contra los menores de edad.

Denuncian amenazas

Durante el debate en la plenaria de la Cámara del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP, la representante Ángela Robledo, de la Alianza Verde, denunció amenazas contra su vida de parte, al parecer del grupo criminal de las 'Águilas Negras'.

En medio de la denuncia hubo además un rifirrafe con el representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, quien le pidió a Robledo que "trabajara" y que no fuera "escandalosa".

"A Prada, que hoy me dice que trabaje, que no sea escandalosa y ha dicho que soy de las Farc, le recuerdo que son esas mismas palabras las que hoy están en una amenaza de muerte en contra de mi vida", manifestó visiblemente alterada la congresista de izquierda.

Por las amenazas, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, de Cambio Radical, envió una carta al presidente Juan Manuel Santos y a los titulares de los entes de control para que refuercen la seguridad de la parlamentaria e investiguen las intimidaciones.

“Con profunda preocupación recibimos la noticia sobre las amenazas de muertes que ha sido objeto la doctora Ángela María Robledo. (...) Solicito, de la manera más urgente, que se refuerce el esquema de protección de la representante Robledo, y que se investiguen a fondo estas amenazas para los responsables enfrenten la justicia", se lee en la misiva.

Robledo publicó en su cuenta de Twitter las amenazas, llenas de insultos e improperios, y señaló: "El viernes, cuando publiqué una foto con Rodrigo Londoño, en un acto de reconciliación, en las redes me insultaron; a la par a mi correo llegó esta amenaza de muerte. Unos escupen su odio, otros alistan las balas".

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