La seguridad volvió a instalarse en el centro del debate público no como una cifra fría en los informes oficiales, sino como una preocupación que se respira en las calles, en los trayectos cotidianos y en las conversaciones de quienes sienten que el miedo se volvió rutina. En ese escenario, los candidatos presidenciales afinan sus discursos mientras el país observa, con escepticismo y expectativa, quién ofrece algo más que promesas.
Desde tarimas, plazas y entrevistas, Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda Castro, los tres principales aspirantes al solio de Bolívar, han trazado rutas distintas para enfrentar un mismo problema. Sus propuestas no solo revelan estrategias, sino también visiones –diferentes– de país: mano dura, recuperación institucional o profundización de los acuerdos de paz.
Mano dura
Por un lado, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella presentó una propuesta de seguridad que combina medidas de endurecimiento contra el crimen con estrategias de atención social frente al consumo de drogas, en un intento por abordar de manera integral uno de los problemas más sensibles del país.
La iniciativa plantea la construcción de 10 megacárceles destinadas a recluir a personas vinculadas con delitos de alto impacto, especialmente en la producción y distribución de estupefacientes. Según el aspirante, esta medida busca recuperar el control del Estado frente a estructuras criminales que, afirma, han ganado terreno en distintas regiones.
De manera paralela, la propuesta incluye la creación de 10 megacentros de rehabilitación enfocados en el tratamiento de personas con adicciones, con el fin de atender lo que calificó como un problema creciente en los hogares colombianos. La idea, explicó, es complementar la acción judicial con una política de salud pública que permita la recuperación de quienes enfrentan consumo problemático.
“Mientras esas megacárceles sirven para que los responsables paguen por el daño causado, construiremos espacios para acompañar a quienes hoy luchan por recuperar su vida”, afirmó.
De la Espriella sostuvo que su propuesta surge del contacto directo con comunidades, donde, según dijo, ha evidenciado el impacto del narcotráfico y el consumo en las familias. En ese sentido, planteó que la respuesta del Estado no debe limitarse al castigo, sino incluir acciones de acompañamiento social.
“No se trata solo de castigar, sino también de no abandonar a quienes quieren salir adelante”, agregó.
Además, otra de sus intenciones es la de destruir las 330.000 hectáreas de coca y valerse de todas las herramientas que nos permite la ley y la tecnología con la fumigación aérea, la erradicación manual, la persecución a los capitales de los narcos, la extinción de dominio exprés, la sustitución y la extradición.
Renglón seguido, su plan tiene como objetivo recuperar el control territorial, reafirmar el monopolio estatal de las armas y desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos.
A su turno, Paloma Valencia presentó su propuesta de seguridad, centrada en una estrategia integral que combina ofensiva contra economías ilegales, fortalecimiento de la fuerza pública y presencia institucional en los territorios.
Uno de los ejes principales de su planteamiento es golpear las finanzas de los grupos criminales. La aspirante propuso intensificar la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal mediante herramientas como la inteligencia financiera y la extinción de dominio. “Perseguiremos sus recursos (…) les quitaremos hasta el último peso”, afirmó, al subrayar que debilitar las estructuras económicas de estas organizaciones es clave para reducir su capacidad operativa.
En paralelo, Valencia planteó robustecer a la fuerza pública con el uso de tecnología avanzada, garantías jurídicas y respaldo institucional. Su propuesta incluye además la vinculación de militares retirados en roles estratégicos y la puesta en marcha de un nuevo esquema de cooperación internacional en alianza con Estados Unidos.
Otro componente de la estrategia apunta a recuperar la confianza en los territorios. La candidata propuso fortalecer las acciones cívico-militares para que la fuerza pública no solo ejerza control, sino que también impulse procesos de desarrollo comunitario. En ese contexto, planteó una sustitución obligatoria de cultivos ilícitos, acompañada de alternativas productivas para los campesinos, como su vinculación a cadenas de valor en industrias agroindustriales.
Finalmente, Valencia enfatizó en la necesidad de restablecer la legalidad a través de una justicia más efectiva y la eliminación de la impunidad.
“Nosotros vamos a tener una política de fuerza que va a ser clara: Seguridad Total. Lo primero que haremos es acabar con la paz total, reactivar las órdenes de captura de todo el cartel de la paz total. Vamos a capturar a los extorsionistas, militarizar las vías como las del Cauca, las del Valle y Nariño, que están hoy infestadas de terrorismo”, explicó.
Seguridad Humana
El plan de Gobierno de Iván Cepeda Castro está direccionado en el enfoque de “Seguridad Humana”, una estrategia que prioriza la atención de las causas estructurales de la violencia y redefine el papel del Estado frente a la criminalidad.
Según explicó, su política parte de reconocer que la crisis de seguridad en regiones como Catatumbo, Cauca y el sur de Bolívar no es reciente, sino el resultado de factores históricos, sociales y económicos acumulados durante décadas. En ese sentido, planteó que la respuesta no puede limitarse a medidas de fuerza, sino que debe centrarse en reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión.
El eje central de su propuesta es fortalecer la política social como herramienta de seguridad. Esto incluye garantizar acceso a empleo, educación, salud, vivienda y servicios básicos, bajo la premisa de que “proteger la vida” implica una presencia integral del Estado más allá del componente militar.
Cepeda también propuso mantener y ampliar las condiciones laborales de la fuerza pública, asegurando que en un eventual gobierno no se modificarán los avances salariales y prestacionales adoptados durante la administración de Gustavo Petro. En particular, destacó mejoras en los ingresos de soldados y policías como parte de una estrategia para dignificar su labor.
Otro de los pilares de su política es la relación entre la fuerza pública y la ciudadanía. El candidato planteó promover un modelo basado en el diálogo permanente con comunidades y organizaciones sociales, alejándose de esquemas exclusivamente represivos. “La seguridad no se impone contra el pueblo; se construye con el pueblo”, ha señalado.
Además, propuso un seguimiento directo y constante a la política de seguridad desde la Presidencia, con evaluaciones permanentes en los territorios y comunicación continua de resultados a la ciudadanía.
