Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, se unió a las críticas de la oposición en contra de la medida de emergencia económica tomada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
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Por medio de una publicación en su cuenta de X, llamó a “no pagar los impuestos de Petro” y a que la Corte Constitucional no apruebe el decreto.
“Que nadie pague los ilegales impuestos de Petro y que la Corte Constitucional decrete la suspensión provisional. Los colombianos no podemos pagar impuestos que el presidente saca con un decreto abiertamente ilegal. No hay fundamento para una emergencia económica, y lo saben y por eso lo emiten en vacancia Judicial”, se lee en la publicación de la política.
La medida del Gobierno ha recibido muchas críticas, primero por ser considerada inconstitucional, y luego por los nuevos impuestos que están previstos dentro de ella.
Uno de los impuestos sería el gravamen a los movimientos financieros, pasando del 4 x 1.000 al 5 x 1.000. Además, se estudia la creación de nuevos impuestos al consumo de licor y cigarrillos.
Asimismo, en la medida se buscaría la creación de un impuesto que gravaría la extracción, la primera venta y la exportación de petróleo crudo y carbón. Este tributo tendría una tarifa del 1% sobre el valor de la venta o el valor FOB, y se aplicaría a empresas y grupos económicos con una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT.
Por su parte, en el decreto también se incluiría un ajuste al régimen tributario de los juegos de azar en línea, sin importar si las apuestas se realizan desde Colombia o el exterior. Estas actividades quedarían gravadas con un IVA del 19 %.
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Para la ANDI los argumentos que esgrime el ministro de Hacienda para la declaratoria de emergencia económica, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, “tienen origen en acciones del mismo Gobierno y fueron completamente previsibles”.
La agremiación argumenta que no existen justificaciones pues el faltante estimado por el Gobierno sería de $16 billones de los $546 billones proyectados para el Presupuesto General de la Nación de 2026. Ese restante equivaldría al 2,9 % del total, lo que para la ANDI es insuficiente para declarar una emergencia económica.
“Un faltante equivalente al 2,9% no tiene una magnitud tal que justifique la declaratoria de un estado de emergencia económica”, señalaron.
