Sigue el novelón del contrato de pasaportes en el país: el canciller (e) Luis Gilberto Murillo advirtió el pasado martes que no adjudicará el contrato a la compañía británica Thomas Greg & Sons, la empresa pide explicación, la oposición advierte millonarias demandas y el oficialismo respalda la decisión.
{"titulo":"'No vamos a firmar': Murillo sobre contrato de pasaportes con Thomas Greg","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/canciller-encargado-luis-gilberto-murillo-asegura-que-no-se-firmara-el-contrato-con-thomas"}
'Sin mi instrucción el secretario general de ese entonces tomó la decisión de reactivar una decisión que estaba completamente cerrada, sin consultar, porque yo delegué funciones, pero no responsabilidades', dijo el funcionario en la Comisión Segunda de la Cámara.
La empresa, por su parte, pidió al gobierno de Gustavo Petro, a través de un derecho de petición, que explique más a detalle cuáles son las supuestas irregularidades del contrato.
{"titulo":"Tarifas de energía, pasaportes y navegabilidad, debates de este martes","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/tarifas-de-energia-pasaportes-y-navegabilidad-del-rio-debates-de-este-martes-1075899"}
Y, exige Thomas Greg & Sons, además, 'efectuar de manera inmediata los movimientos presupuestales que viabilicen la celebración y ejecución del contrato, cuales son perfectamente válidos y posibles a la luz de la normativa vigente y de los recursos disponibles'.
En este sentido la UT Pasaportes 2023 señala que 'no es cierto que los mencionados actos administrativos se encuentren viciados y, por el contrario, ellos se apegan estrictamente al ordenamiento jurídico, fueron expedidos por el funcionario competente siguiendo los procedimientos legales pertinentes, están debidamente motivados y persiguen garantizar el interés general'.
{"titulo":"¿Qué pasará con la licitación de los pasaportes en Cancillería?","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/licitacion-de-pasaportes-en-la-cancilleria-que-pasara-1075589"}
Mientras que el canciller encargado dice que elevará consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Oficina Jurídica de Presidencia y a Colombia Compra Eficiente para que conceptúen sobre las salidas jurídicas que puede tener el Estado, abogados señalan que eso no es tan viable.
EL HERALDO habló con Édgar Iván León, abogado especialista en derecho comercial y profesor de la Universidad Sergio Arboleda, quien explicó cuáles son los escenarios del Gobierno frente al posible lío jurídico que podría existir si no firma el contrato con la firma británica.
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Para el abogado hay 'una dificultad desde el orden jurídico consistente en que el Estado, a través de sus agentes, estableció su consentimiento para la celebración del contrato. Esto generó una expectativa en cabeza de Thomas Greg & Sons que puede conllevar una responsabilidad contractual y exigir ante los jueces la celebración del contrato y los perjuicios materiales y morales ocasionados con ello'. Esto quiere decir, de acuerdo con el jurista, que el no firmar el contrato acarreará a millonarias demandas, que puede superar incluso los 600 mil millones de pesos, que es el valor del contrato.
En ese sentido, el jurista León explicó que 'el Gobierno queda obligado a resarcir como perjuicios materiales lo que la empresa tenía establecido recibir por el contrato (599 mil millones de pesos). Pero esto se complica, pues está claro que además debe pagar los morales que determine el juez por el daño reputacional que recibió la empresa, junto con el pago de intereses que todo el tiempo están corriendo en un proceso como el presentado, los cuales indexan el valor del dinero a su costo real al momento de una terminación procesal'.
Y esto podría tomar varios años mientras se surten las etapas judiciales correspondientes, según detalló el abogado. Advirtió que 'el detrimento patrimonial puede ser muy alto y esto puede traer consecuencias disciplinarias y fiscales muy grandes para los agentes estatales involucrados en esta decisión, que deberán repetir a favor del Estado con su patrimonio toda esta erogación'.
Frente a cuáles salidas o escenarios tiene el Estado, el abogado León detalló que podría negarse a celebrar el contrato, pero de cualquier manera la firma británica 'termina siendo ganadora en este proceso, pues si no se realiza el acuerdo, se puede demandar su celebración o por el contrario, obtener perjuicios por su no ejecución, dada la contradicción presentada entre los agentes del Estado involucrados en esta controversia'.
Los escenarios jurídicos
Álvaro Sarmiento, coordinador del Área de Derecho Administrativo del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, dialogó con este medio sobre los escenarios jurídicos en los que está el Gobierno frente a la situación con Thomas Greg.
Explicó que son tres: mantener la declaratoria de urgencia manifiesta; no suscribir el contrato como lo manifestó Murillo o acogerse al lapso de 7 meses que tendría el Gobierno para definir si firma o no el contrato con la firma británica.
En ese sentido, el jurista y académico sostuvo que el primer escenario es mantener la urgencia manifiesta 'para seguir desarrollando el contrato en la circunstancias de este momento. La figura de la urgencia manifiesta refleja que obviamente el Estado no puede suspender la expedición de los pasaportes'.
Explicó que la urgencia manifiesta es 'una figura en contratación estatal que indica que a pesar de las circunstancias se puede contratar de forma directa mientras se superan las circunstancias. En este momento llevamos cinco meses bajo la figura de la urgencia manifiesta y así es como se ha desarrollado el contrato para mantener la expedición de los pasaportes'.
Sobre la competencia que tenía el secretario de la Cancillería para adjudicar el contrato, el abogado afirmó que con la revisión de los acontecimientos y las circunstancias, 'se podría decir que en ese momento (Salazar) sí estaba facultado para otorgar el contrato y suscribirlo'.
En el otro escenario, el abogado Sarmiento sostuvo que está la opción de no suscribir el contrato tal y como lo manifestó el canciller encargado, y elevar consultas ante las distintas entidades jurídicas para unificar un concepto.
'La decisión que corresponde en derecho, que en principio sería la que el Estado indique, que es no continuar con el contrato y volverlo a plantear o volver a licitarlo. Sin embargo, los antecedentes indican que la recomendación inicial era suscribir el contrato y ahí terminar el asunto', explicó.
Este escenario, según advirtió el jurista, es más complicado 'porque significaría que Thomas Greg al ver que no se está materializando el contrato, puede entrar a demandar al Estado como ya anteriormente lo hizo y en este caso sería porque a pesar de que ya se le adjudicó el contrato, no se firmó el mismo'.
Esta vía tardaría porque la firma británica tendría que nuevamente acudir a lo Contencioso Administrativo para que se le otorgue el contrato por vía judicial.
Y, por último, está el tercer escenario que en días pasados planteó el canciller encargado y es optar por un lapso de 7 meses para revisar nuevamente los parámetros de la licitación y establecer si se otorga o no el contrato.
Esto también sería complejo, pues, de acuerdo con el abogado, 'el contratista, en este caso Thomas Greg, puede alegar que ya le adjudicaron y por ende no le pueden desconocer ese derecho'.
Sobre el monto de la demanda, el académico recordó que el contratista, a la hora de emprender una acción judicial, podría tener en cuenta 'el tiempo, la demora, los costos que ha representado todo el desgaste previo y la incertidumbre entre comillas legal o los vacíos que se están presentando, y la nueva interpretación del Gobierno en consultarle a las entidades que mencioné respecto a la viabilidad o no del contrato'.
Finalmente indicó que en medio de este caso, el canciller encargado podría enfrentar responsabilidades de tipo disciplinario, por lo que el camino más viable, a su juicio, es que se firme el contrato y evitar más demandas.
