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Un manto de dudas ha generado en el país el proyecto de Ley de Sometimiento que buscará desmantelar las bandas criminales a través negociaciones con el Estado colombiano.

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El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló que la iniciativa tiene el aval del presidente y ya fue remitido al Consejo de Política Criminal y que una vez se tenga ese concepto, será radicado en el Congreso.

Será justicia ordinaria

El senador Ariel Ávila explicó que lo primero que se debe tener en cuenta es que este proyecto es un complemento a la Ley de Orden Pública, la cual fue aprobada por el Congreso en el pasado periodo legislativo.

Explicó que no habrá jueces, ni procedimiento nuevo, pero sí sustitución de la pena en el sentido que se busca que la organización ayude a aportar verdad, restauración, garantía no repetición y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto.

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Polémica

El punto que más ha generado resistencia son los años que pagarían quienes se sometan a esta ley. Frente a eso Ávila explicó que: 'No habrá impunidad, habrá cárcel y esa cárcel es un modelo mucho más amplio del que hubo en la época de Justicia y Paz, que se utilizó para la desmovilización paramilitar. Serán entre 6 a 8 años de cárcel sin beneficios, a lo que se suma cuatro años de justicia restaurativa, vigilancia y supervisión'.

Comentó que para evitar colados, se creará la Oficina del Alto Comisionado, Inteligencia policial, inteligencia militar, dirección militar y el segundo candado será la Fiscalía .

A renglón seguido,Ávila explicó que los narcos podrán quedarse con un 6 por ciento de su fortuna, siempre y cuando entreguen reporte de su poder adquisitivo.

Detalló que ese porcentaje es el mismo que está en la Ley de Extinción de dominio. Aclaró que de las 53 organizaciones armadas que hay en el país, 23 aplicarían y se espera que la negociación se dé con al menos 12 de ellas.

Por su parte presidente del Senado, Roy Barreras, celebró la socialización del proyecto e indicó que es un avance en la búsqueda de la paz total.

La socialización también cayó bien en algunos sectores del Partido Alianza Verde y miembros de la bancada del liberalismo. Están a la espera de la radicación.

Prevenciones

Los sectores políticos recibieron preocupación los anuncios realizados por el Gobierno nacional en cuanto a esta ley para el sometimiento de las ‘bacrim’.

El excandidato presidencial, Enrique Gómez, comentó a EL HERALDO que esta ley podría estar tejiendo un gran entramado de impunidad en el país.

'Algo recibió a cambio el candidato Petro en las elecciones de 2022 y ahora está afanosamente pagando esas promesas hechas en la picota por su hermano y por otros mensajeros que no conocemos'.

Agregó: 'La ola de violencia va a continuar porque el gobierno en la paz total busca abrirle espacios a los grupos guerrilleros para que recuperen sus finanzas ante el decaimiento de los ingresos derivados por el exceso de coca, generado por cuenta de la suspensión de la radicación aérea'. Señaló que la ley con los bandidos no se debería entrar a negociar.

Asimismo, la senadora Paloma Valencia alertó que habrá una excarcelación masiva de las bases de las bandas criminales.

'Mientras se adelanta la negociación se suspenderán las órdenes de captura y se podrán establecer zonas de despeje. ¿Nuevos Caguanes por todo el País? ', dijo la parlamentaria.

Entre tanto, el expresidente Andrés Pastrana explicó que el sometimiento pactado con los narcos es una política fracasada que llevó al narcotráfico a la Presidencia con Ernesto Samper.

'Con 300 mil hectáreas de coca resguardadas por el gobierno, Petro entrega descaradamente el estado colombiano a las mafias criminales', aseguró Pastrana.