BOGOTÁ. El rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, que en las últimas horas ha desembocado en un enfrentamiento en torno a las denuncias de corrupción en la SAE, viene desde el pasado fin de semana por la solicitud que hizo el Gobierno de levantar órdenes de captura a representantes de grupos criminales para su sometimiento en el marco de la paz total, que el ente acusador negó.
{"titulo":"'Sin ayuda de la Fiscalía le quitaremos los bienes a la mafia': Petro","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/gustavo-petro-respondio-la-fiscalia-luego-de-que-anunciara-la-cancelacion-de-la-mesa-de"}
Lo último de ese choque es que Petro respondió el pasado miércoles en Twitter la citación de la Fiscalía al presidente de la SAE, Daniel Rojas.
'No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia. Sin ayuda de la Fiscalía buscaremos cómo los bienes de la mafia en extinción del dominio dejan de estar controlados por la mafia', ‘trinó’ el jefe de Estado.
{"titulo":"Fiscalía cita a declarar a presidente de la SAE por denuncias sobre bienes","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/fiscalia-cita-declarar-presidente-de-la-sae-por-sus-denuncias-sobre-bienes-971577"}
Esto luego de que la Fiscalía informara en un comunicado que citó a declarar al presidente de la SAE por sus denuncias de presunta corrupción sobre el manejo de los bienes bajo la administración de esa entidad.
'El ente investigador ha decidido no convocar la mesa de trabajo que se había planteado para adelantar las investigaciones conjuntas con la SAE y en las que se pretendía identificar posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de esa entidad y asumir las investigaciones a las que hubiese lugar para lograr la judicialización de los eventuales responsables.
En su reemplazo, en los próximos días se citará a declarar al presidente de la SAE, Daniel Rojas; el vicepresidente jurídico Sebastián Caballero, y a los demás altos funcionarios, para que, bajo la gravedad de juramento, entreguen información frente a los hechos denunciados por el señor Rojas, con relación a presuntos hechos de corrupción al interior de la SAE, tal y como lo afirmó en la rueda de prensa del 13 de octubre del año pasado', se lee.
{"titulo":"Fiscalía se negó a levantar órdenes de captura contra algunos jefes ‘paras’","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/fiscalia-se-nego-levantar-ordenes-de-captura-contra-algunos-jefes-paras-970263"}
Y afirma la Fiscalía que seguirá investigando los hechos denunciados en esta entidad.
Lo anterior a raíz de una carta en la que Rojas le reclamaba al fiscal Francisco Barbosa por un supuesto incumplimiento que este le había achacado el pasado lunes al presidente de la SAE: 'Solicitamos respetuosamente le aclare a la opinión pública a qué encuentro no hemos asistido, pues conforme la correspondencia enviada a esta entidad, hemos participado en cada una de las citaciones y, reiteramos que estamos a espera de conformación de la fecha y hora para instalar la mesa técnica'.
La Fiscalía había informado el pasado lunes que, desde el Guaviare, Barbosa invitó a que 'le pongan la cara a la Fiscalía y no solamente a medios de comunicación para ganar 'likes'. No solo ha pasado con Gustavo Bolívar, sino con director de UNP, con director de la SAE. A cada momento lo mejor es hacer escándalo pero cuando cita la Fiscalía no van'.
{"titulo":"Fiscalía suspende órdenes de captura de 3 disidentes de las Farc","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/fiscalia-suspende-ordenes-de-captura-contra-disidentes-de-las-farc-968957"}
En respuesta, la SAE también 'trinó': 'El presidente de la SAE @DanielRMed siempre ha estado atento a los llamados de la @FiscaliaCol, por lo que seguimos a la espera de la instalación de la mesa técnica que solicitó el presidente @petrogustavo para esclarecer irregularidades de varios años en el inventario de la SAE'.
En septiembre pasado, durante un debate de control político en la plenaria del Senado, Rojas había anunciado que se adelantaría una auditoría con la Fiscalía y los Estados Unidos 'para decirles a los colombianos qué es lo que está administrando la SAE'.
'El gran problema de la SAE es el inventario: no tenemos certeza sobre el valor catastral y comercial de la mayoría de los activos y mucho menos de las sociedades. Unos dicen que hay $8 billones en bienes y otros que $20 billones', advirtió.
Esto, además, porque 'solo el 21% de los bienes que administra la SAE están siendo productivos y el 60% de las sociedades no reportan información contable a la SAE'.
En ese mismo debate, el senador citante, Antonio Correa, del Partido de la U, advirtió que 'el remedio ha resultado peor que la enfermedad. En 2014 se le entregaron un montón de papeles a la SAE pero no se hizo el archivo de bienes y más de 500 bienes no tenían registro: se ha guardado un silencio cómplice por más de ocho años'.
Se dolió en este sentido Correa porque 'todas esas tierras han podido servir para una reforma agraria para los campesinos de este país o para no meternos la mano al bolsillo ahora con una reforma tributaria'.
También denunció el citante una problemática de ocupación irregular de los predios, indicó que el 57% de los bienes, es decir, más de 16 mil, no tienen avalúo comercial y aseveró que hay además un detrimento patrimonial porque dejan dañar los bienes.
'Hay avalúos de una finca de 112 hectáreas con un valor de 64 mil pesos o de un lote con construcción de 780 metros cuadrados por 4.300 pesos', criticó.
Y concluyó revelando Correa que 'en 2021 cinco depositarios tenían más del tope de 600 bienes y 24 superaron el otro tope de las cinco sociedades, y muchos de estos no han ni siquiera renovado su matrícula'.
Frente a la negada solicitud del levantamiento de las órdenes de captura, el pasado viernes la Fiscalía envió oficios al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, en los que le aseguran que 'no existe marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político, ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto'.
Pero el Ejecutivo contestó que sí hay un marco jurídico para levantar las órdenes de captura contra 16 paramilitares del Clan del Golfo y de las Autodefensas de la Sierra Nevada, que serían los voceros de esas organizaciones dentro de la iniciativa de paz total.
Así lo aseguró el ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Prada, al explicar que la Ley 2272 de 2022, o Ley de Paz Total, aprobada por el Congreso, 'facultó al presidente de la República para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones a las que se les reconoce estatus político', como es el caso del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El funcionario explicó que esa Ley también hace referencia a conversaciones exploratorias con grupos armados de alto impacto del crimen organizado con miras a que se avance en su proceso de sometimiento y que no tiene estatus político.
Precisó que de esta manera se busca que los representantes de esas organizaciones puedan participar en las mesas de diálogo que están adelantando 'en forma exploratoria, para definir las condiciones de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones del crimen, con miras a obtener en Colombia la tan anhelada paz total'.
El jefe de la cartera del Interior aseguró que la única manera de tener la paz total es la de avanzar en el desmonte de las organizaciones, tanto las que tienen estatus político, como las que no lo tienen. 'Unas terminarán con acuerdos de paz y las otras con sometimiento y desmantelamiento de las organizaciones del crimen'.
Por su parte, el senador por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que el parágrafo segundo del artículo 8 de la Ley 2272 del 2022 le permite a Petro solicitar la suspensión de estas órdenes.
'Ahí dice claramente que grupos que se estén siendo parte de un proceso de sometimiento a la justicia, sus representantes pueden no solamente participar de esos procesos de sometimiento, sino que para esos efectos recibir el levantamiento de órdenes de captura', aseguró el congresista, quien dijo que Barbosa 'ha desconocido olímpicamente esa norma'.
El pasado lunes, el director general de la Policía Nacional, Henry Sanabria, ordenó por su parte que se suspendan las operaciones contra cabecillas del Clan del Golfo.
'Se suspende los operativos policiales, es decir, la búsqueda de ellos, pero en el evento en donde en un procedimiento de la Policía aparezca una de estas personas, si tiene orden de captura, será objeto de la privación de la libertad y puesto a disposición del fiscal', explicó el oficial.
'Estas personas, integrantes del ELN y las disidencias, fueron cobijadas bajo la figura de voceros para adelantar acercamientos con el gobierno Petro dentro de la propuesta de 'paz total'. El Sistema de Información Policial ya tiene las indicaciones de la Fiscalía General para levantar esas órdenes de captura, de diferentes personas integrantes de los grupos al margen de la ley', expuso.
Entre tanto, el pasado martes la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, afirmó este martes que 'la paz no puede estar por encima de la Constitución'.
Esto al referirse a los decretos que expidió el Gobierno que ordenan un cese bilateral del fuego de seis meses con los cuatro grupos armados ilegales y organizaciones criminales más grandes del país.
Al respecto, advirtió la funcionaria que estos decretos en ningún momento aluden a la suspensión de las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo y Los Pachencas, por lo que al estar vigentes obligan a la fuerza pública a hacerlas efectivas.
'Esto es un tema de separación de poderes en una democracia como la colombiana, sometida al imperio de la Constitución y de la ley. La paz no puede estar por encima de la Constitución', dijo Cabello.
Por último, la jefa del ente de control disciplinario aseveró que al igual que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, considera que 'no es pertinente suspender las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo y Los Pachencas'.
La procuradora concluyó al respecto que no se han cumplido los presupuestos legales y constitucionales requeridos.
En respuesta, el pasado miércoles Petro dijo desde Davos, Suiza, donde asiste a la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que 'todos los funcionarios públicos, incluido yo, debemos obedecer la Constitución, que nos ordena hacer la paz como un derecho fundamental de toda la ciudadanía'.
En diálogo con periodistas, el jefe de Estado enfatizó que una ley aprobada por el Congreso 'le permite al presidente designar una serie de intermediarios, digámoslo así, o de negociadores con grupos que no necesariamente tienen un origen político, pero que pueden tener un tratamiento socio-jurídico para su desmantelamiento pacífico, que implica una negociación con la justicia, no con el Gobierno'.
Esa norma, añadió, busca 'un desmantelamiento pacífico del narcotráfico, la posibilidad de una pacificación urbana entre bandas', lo cual implica, 'por la realidad de nuestro país, la inclusión de territorios, de juventudes, cuya exclusión ha sido el caldo de cultivo del crecimiento del narcotráfico, y eso sí tiene que ver con el Gobierno'.
Al respecto, el mandatario enfatizó que el proceso cuenta con un instrumento de verificación, que se acordó con entidades neutrales internacionales y nacionales, y el Gobierno está garantizando instrumentos para ello.
Sin embargo, reconoció que 'ante la situación de fuerzas que se mueven en el territorio nacional, hay voces que piden concentraciones de estos grupos para facilitar la tarea de verificación, y es un objetivo que debe lograrse. De esa forma, se podrían garantizar ceses multilaterales de fuego y abrir los acuerdos políticos, sociales y jurídicos que la nueva realidad de la violencia colombiana demanda'.
En ese sentido, el presidente señaló que 'hasta ahora hemos logrado liberar a todas las personas que retienen, hasta la última información que tengo. Es decir, el cese al fuego ha logrado que esa práctica ya no exista, la retención permanente de miembros de la fuerza pública. Ahora le he pedido al comisionado (de paz) que ponga en la mesa formal e informal el tema de que no debe haber ya retenciones'.
'Estas organizaciones han bajado las hostilidades y los asesinatos, y es una posibilidad que sería lamentable dañar', añadió.
Posteriormente, el presidente 'trinó': 'Hay un enorme error en decir que la paz no está por encima de la Constitución: en realidad las constituciones se hacen para que la sociedades convivan en paz. Las constituciones son tratados de paz, decía Norberto Bobbio. El artículo 22 de nuestra Constitución nos ordena hacer la paz. Si el artículo 22 de nuestra Constitución dice que la paz es un derecho fundamental, entonces todo servidor público debe guiar su actuación en función de hacer la paz. Que no nos acostumbremos al discurso de odio y de guerra, eso sí es profundamente inconstitucional'.
Y el fiscal Francisco Barbosa dijo el pasado miércoles en la emisora capitalina 'Blu Radio' que 'no se le puede decir sí a todo lo que plantea el presidente de la República' y agregó: 'No soy amanuense del presidente de la República'.
El fiscal dijo también que los Estados Unidos está preocupado en torno a lo que está pasando hoy con la paz total. Por una parte, señaló Barbosa, actualmente pareciera que hay una política de brazos caídos de la fuerza pública en algunas zonas del país. Y agregó que le preocupa y que ve con asombro la forma en la que las disidencias de las FARC patrullan en algunas zonas de Colombia, 'como Pedro por su casa', y no hay presencia alguna de la fuerza pública.
Por eso, el fiscal advirtió que los uniformados tienen el deber de cumplir con sus funciones constitucionales y dejó entrever que podría adelantar alguna investigación por prevaricato por omisión contra aquellos que no cumplan con sus deberes de proteger a la población.
Barbosa señaló que por ello tendrá una reunión con el presidente en los próximos días para buscar soluciones a todas estas inquietudes e insistió en que él apoyará la suspensión de orden de captura contra jefes del Clan del Golfo y de otros tipos de grupos, pero solo cuando haya una ley de sometimiento tramitada ante el Congreso.
