Gustavo Petro cumple sus primeros 30 días como presidente de Colombia y desde entonces el país ha experimentado una avalancha de anuncios, cambios y nuevos conceptos que todavía no logran ser entendidos a profundidad por la ciudadanía.
Las trasformaciones planteadas por este inédito gobierno de izquierda han sido catalogadas por varios sectores como 'modelos improvisados' ante la falta de una ruta o guía que logre, al menos, entender cuál es la finalidad real de los anuncios, de allí que en los últimos días hayan surgido críticas a las estrategias para alcanzar la paz total, instaurar la 'seguridad humana' y afianzar su cronograma de reformas en el Congreso.
Desde su posesión, el jefe de Estado aseguró que su llegada al solio de Bolívar iba a estar enmarcada en tres principios con el objetivo de impulsar los cambios que lo llevaron a ocupar la primera magistratura: paz total, justicia social y ambiental.
Paz total
En torno a este aspecto, Petro arrancó con el acelerador puesto: ya hay contactos con los grupos armados ilegales y organizaciones criminales, se recomponen poco a poco los vínculos con la comunidad internacional que ha colaborado con la paz del país resentidos del gobierno pasado, y ya hace trámite un proyecto en el Congreso para volver la paz una política de Estado.
'La paz con las Farc es histórica, pero no suficiente'
Frédéric Massé, doctor en ciencias políticas de la Universidad de La Sorbona, sostuvo en diálogo con EL HERALDO que en la paz total 'hay cierto consenso sobre su diagnóstico: lo que se logró con las Farc es histórico pero no es suficiente porque aún hay diferentes actores que hacen que no podamos hablar todavía de paz total'.
En lo que va del primer mes de la nueva política de paz, añade el catedrático de la Universidad Externado, 'uno supone que tiene un componente político con el Eln y se pregunta hasta qué punto con algunos grupos criminales se trataría de un arreglo judicial', porque, recuerda, 'en las negociaciones con los paramilitares se criticaba que no se podía hablar de paz porque no eran actores políticos y no eran enemigos del Gobierno'.
Y, así mismo, advierte Massé que el proceso 'podría generar frustraciones porque si uno habla de paz total puede ser que la gente crea que esa paz va a resolver todos los problemas de un país'.
Por otro lado, el coronel (r) José Obdulio Espejo, especialista en Derecho Internacional Humanitario, señaló en este medio que de la paz total 'se viene hablando desde hace dos meses, cuando se presentó el informe final de la Comisión de la Verdad, pero aparte de anuncios en Twitter, de los ministros y de plaza pública no hay nada en concreto aparte del texto del proyecto que se conoció, con una adaptación criolla del concepto de seguridad humana de Naciones Unidas, que no se ha puesto en práctica en ninguna parte del mundo'.
Para el exmilitar, Petro 'pretende entregar la capacidad del Estado de brindar seguridad que hace pensar en lo que pasó en El Caguán con Pastrana'.
'Son anuncios desarticulados que no han provocado una reducción sustancial de la violencia'
El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, Jorge Restrepo, le dijo a EL HERALDO que en lo que va del primer mes de la paz total 'se trata de anuncios con algún grado de desarticulación, algunos en la dirección correcta y otros hay que esperar los desarrollos legislativos para poder saber qué efecto tienen, pero sí se puede descartar que hayan provocado una reducción de la violencia'.
Advierte el catedrático de la Universidad Javeriana que incluso ha habido casos de secuestros desde el comienzo de este periodo presidencial y de parte de los grupos criminales ha habido masacres y desplazamientos forzados, entre otros.
Frente a los diálogos que se plantean con el Eln y el proceso judicial con las bandas criminales, señala Restrepo que 'es difícil por su complejidad tratar en una negociación con el problema del Eln, pero es mucho más difícil por la naturaleza de la multiplicidad de grupos y de intereses desarrollar una estructura de incentivos que lleve a reducir la violencia, dejación de armas y sometimiento de los grupos armados del crimen organizado'.
Acerca de los acuerdos parciales y los diálogos regionales que se establecen en el proyecto del Gobierno, comenta el doctor en economía que es una forma diferente de negociar, que puede permitir construir confianza y generar beneficios humanitarios para las comunidades afectadas por la violencia, pero también puede convertirse en una razón para no terminar rápido la negociación. Y los llamados diálogos regionales rompen la autoridad que tiene el alto comisionado para la paz de adelantar ese tipo de aproximaciones y confunde la participación de la sociedad civil con una negociación'.
Por su parte, el rector de Uninoc, Hernán Olano, señaló a este diario que 'desde hace un mes el gobierno de Gustavo Petro ha hablado de un proceso de paz total, pero aún no se evidencian claramente los propósitos de negociación debido a la inclusión de otros grupos y a la indefinición de la sede definitiva de los diálogos: Cuba, Chile o España'.
Concluye el constitucionalista que la mesa está servida, los negociadores del Gobierno y del Congreso listos para actuar, 'pero siempre ha habido dudas acerca de los buenos propósitos de paz del Eln y sus dirigentes. Y esperamos que se puedan dar las circunstancias para cubrir las expectativas de la campaña electoral'.
Sin embargo, críticos y entendidos creen que hay una serie de mensajes y anuncios de medidas que deben ser aclarados para que la opinión pública perciba que hay el debido estudio y cuidado en las propuestas, sobre todo, en torno a los cambios en las políticas antidrogas, los bombardeos, las extradiciones, los acuerdos parciales de paz y las negociaciones regionales, entre otros.
Lo más reciente fue la presentación la semana pasada del primer proyecto de ley de la paz total, que es en realidad la prórroga de la Ley de Orden Público, que trae la posibilidad de que el Gobierno o sus representantes puedan acordar con grupos ilegales unas zonas de negociación sin órdenes de captura y que allí se puedan dar acuerdos parciales, la citación bimestral de un gabinete de paz, la constitución de regiones de paz, la creación del Fondo de Programas Especiales para la Paz y la posibilidad de convertir el servicio militar obligatorio en distintos servicios sociales, campesinos y de paz.
Entre tanto, se conocía que algunas estructuras delincuenciales, como ‘Los Pachelly’ y ‘Los Caparros’, proponían ser juzgados por la JEP, privación de la libertad en sitios especiales, no extradición y desarrollar procesos de reparación.
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Esto luego de que el jefe de Estado, el último fin de semana de agosto, convocara a las organizaciones criminales a un acogimiento a la justicia y a un cese multilateral del fuego, al parecer con un mecanismo legislativo vía fast track, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2023, penas de cinco años y con entrega de tierras.
El mismo Petro, el pasado 26 de agosto, dijo desde el Catatumbo, tras el ataque que sufrió la avanzada presidencial en esa subregión:
'Todas las organizaciones armadas ilegales que hoy existen se han comunicado con el Gobierno pidiendo abrir negociaciones de paz, pero tenemos una contradicción: mientras aumentan las hectáreas cultivadas los violentos quieren dejar la violencia. Esto hay que articularlo de otra manera, tenemos que lograr que disminuya la producción y se abandonen las armas ilegales'.
Por su parte, el extraditado exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguraba desde una cárcel en Atlanta, EE. UU., que la paz total es posible y se ofreció a contribuir con su experiencia para conseguirla.
Por esos días, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunciaba que ordenaría a las Fuerzas Militares que dejen de bombardear campamentos de grupos armados ilegales en los que haya menores de edad. También se advirtió que se pasaría a privilegiar la erradicación voluntaria de cultivos y que solo serían extraditados aquellos narcotraficantes que no colaboren con la justicia y sigan delinquiendo.
Posible escenario
De otro lado, el 25 de agosto Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español, en visita a la Casa de Nariño, ofreció a España como escenario para el diálogo que permita lograr la paz definitiva en el país.
El fiscal Francisco Barbosa, tras levantar por pedido de Petro las órdenes de captura por tres meses a 11 negociadores del Eln, aseguró que no será un obstáculo para el ejercicio del Gobierno en torno a la paz y reiteró que se suspendieron las medidas en contra de los guerrilleros Nicolás Rodríguez, Pablo Beltrán, Aurelio Carbonell, Gustavo Martínez, Silvana Guerrero, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, María Consuelo Tapias, Tomás García, Óscar Sierra y Vivian Henao.
La segunda semana de agosto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través de su portavoz, envió un mensaje de respaldo del ente multilateral a los anuncios de reanudación de los diálogos de paz con el Eln: 'El secretario general saluda los esfuerzos del presidente Gustavo Petro por profundizar y ampliar la paz en Colombia y ha ofrecido el apoyo de las Naciones Unidas para el éxito de ese esfuerzo'.
Antes se había registrado una visita a Cuba por parte del canciller, Álvaro Leyva; el comisionado de paz, Danilo Rueda, y el senador y exasesor de la mesa con las Farc Iván Cepeda, para oficializar la reanudación de las negociaciones con el Eln.
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No obstante, en días previos, Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, máximo jefe del Eln, cuestionaba la paz total: 'Tan solo son instantes en medio de guerras, a los que se ha llegado por no saber tramitar los conflictos en las sociedades concretas', agregando que era 'una falsa paz', ya que, según su argumento, 'la reducen tan solo a la ausencia de confrontación armada', mientras advertía que no entrará en la misma negociación con las bandas criminales, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o Clan del Golfo.
Un día después de la posesión de Petro, se conoció que los excomandantes de las AUC extraditados Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, anunciaron su deseo de participar en el proceso de paz total. Y Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, también enviado recientemente a EE. UU., escribía en una carta: 'Desde el año 2014 hemos hecho esfuerzos enormes ante el Estado colombiano para que las AGC puedan ser escuchadas por el Gobierno colombiano y puedan sentarse a negociar un proceso de acogimiento a la justicia'.
Ese mismo día el mandatario se reunía con Gabriel Boric, su homólogo de Chile, para consolidar la posibilidad de que la nación austral siga como garante en la reanudación de los diálogos con el Eln.
Y desde el propio 7 de agosto, Petro había reiterado: 'Hoy empieza nuestra segunda oportunidad, tenemos que terminar de una vez y para siempre con 60 años de conflicto armado. (...) Convocamos a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado'.
Reformas y gobernabilidad
La agenda de reformas del presidente Gustavo Petro ha sido, por ahora, igual de compleja y a cuenta gotas que la conformación de su gabinete ministerial. Es importante destacar que aunque el mandatario terminó de posesionar a la totalidad de sus ministros, algunos puestos claves como la dirección del ICBF siguen vacantes. A este hecho también se le suma que a Petro se le cayeron dos designaciones: César Ferrari, en el DNP, y Mery Gutiérrez, en el Ministerio de las TIC. Ambos nombres cercanos al presidente y que no pudieron ejercer funciones por conflicto de intereses. En cuanto a su equipo, sigue sin posesionarse Luis Ernesto Vargas como embajador del país ante la OEA.
De la misma forma, quien no ha podido ejercer en pleno sus funciones es Luis Gilberto Murillo, debido a retrasos en el trámite de rechazar su nacionalidad estadounidense para asumir como embajador de Colombia ante ese país.
En cuanto al ambicioso paquete de reformas anunciado por el Gobierno nacional, aún hay preocupación de que no alcance el tiempo para llevarlas a cabo todas. Uno de los más preocupados es el senador Roy Barreras, quien desde sus redes sociales hizo un llamado a los ministros para que apresuraran la presentación de los textos que hacen parte de 'la agenda del cambio'. Barreras resaltó que aún falta por conocerse la reforma que se haría a la Ley 30, reforma al Icetex, ley de baldíos, ajuste de tarifas de energía vía ley, reforma política y ajustes a la Creg. Cabe señalar que ante el Congreso de la República el gobierno de Petro presentó su proyecto de reforma tributaria, radicó el texto para la modernización del Código Electoral, presentó la ley contra el hambre, la jurisdicción agraria y la prórroga a la Ley 418, la cual creará el marco legal para la negociación con los grupos armados.
Otro de los hechos destacados es la conformación del acuerdo nacional junto con bancadas como la del Partido Conservador, Alianza Verde, la U y Partido Liberal, con las cuales se conformaron las mesas directivas del Congreso de la República.
