Luego del anuncio de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto antes de las 24 semanas de gestación, en las redes sociales los diferentes sectores políticos reaccionaron a la decisión.
Coaliciones.
En el Equipo por Colombia, Enrique Peñalosa y Alejandro Char se mostraron a favor de lo dispuesto por la Corte, mientras que David Barguil, Federico Gutiérrez y Aydeé Lizarazo expresaron su rechazo.
'Acaban de tomar una decisión trascendental para toda la sociedad colombiana. Ahora más que nunca, debemos brindar apoyo y acompañamiento a las mujeres, en especial a las que tienen menos posibilidades económicas, como también a sus familias', señaló Alejandro Char.
Por su parte, David Barguil mencionó que la decisión 'produce dolor. El 7 de agosto lideraremos una reforma constitucional que prohíba la despenalización del aborto hasta la semana 24 (seis meses)'.
En un tono más conciliador Enrique Peñalosa indicó que ninguna mujer 'quisiera abortar, y menos a las 24 semanas. Implementaremos programas para prevenir embarazos no deseados. Pero dar cárcel a quienes abortan, no evita abortos, perjudica principalmente a mujeres pobres'.
Por su parte, en la coalición de la Centro Esperanza los cinco precandidatos se mostraron de acuerdo, a tal punto que firmaron una declaración conjunta firmada por todos y el director de campaña, Juan Fernando Cristo.
'Despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia es un gran avance. Libertad de decisión y atención médica segura son principios que la Corte Constitucional ha sabido defender', se lee.
Por el Pacto Histórico, Camilo Romero, Francia Márquez y Arelis Uriana felicitaron al movimiento Causa Justa y los demás colectivos feministas. Mientras que Gustavo Petro y Alfredo Saade tímidamente expresaron su saludo a la decisión.
'Felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo. El empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida', comentó Gustavo Petro.
Expresidentes.
Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez fueron los líderes políticos más activos tras el anuncio de la Corte Constitucional.
'La Corte Constitucional de Juan Manuel Santos ha rebasado todos los límites de la legalidad, la humanidad y la cordura al legalizar el infanticidio. Hay que convocar un referendo para frenar esta locura', comentó Andrés Pastrana
Por su parte Álvaro Uribe Vélez señaló que hay personas 'nacidas de 6 meses de embarazo y perfectas. La Constitución debería unir a la ciudadanía, este fallo ofende profundamente a un grupo muy elevado de la ciudadanía'.
Candidaturas.
Enrique Gómez, Íngrid Betancourt y Óscar Iván Zuluaga también reaccionaron a la decisión.
'Como católica sigo los lineamientos de la iglesia, sin embargo como presidenta garantizaré el derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo', comentó Íngrid Betancourt.
El gran ausente de la jornada fue el candidato Rodolfo Hernández.
Ejecutivo y Legislativo.
El presidente Iván Duque rechazó el fallo de la Corte y dijo que con la decisión se facilita que el aborto se convierta en una práctica anticonceptiva y recurrente.
'Este fallo no solamente altera el principio de cosa juzgada frente al cual ya se había pronunciado la Corte. Me parece además delicado que en el alcance que se está poniendo sobre la mesa estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva y que se pueda volver una práctica recurrente y regular', dijo el jefe de Estado en entrevista con la emisora La FM.
Agregó el jefe de Estado que siempre ha sido 'una persona provida y he creído que la vida empieza desde la concepción, también siempre he sido respetuoso de las tres causales que estableció la Corte Constitucional durante muchos años'.
Advirtió además que con un feto de seis meses 'estamos hablando de una vida que tiene una expectativa inminente ya de nacer. Lo que debe buscar una sociedad en estos casos es seguir defendiendo el principio de la vida desde la concepción y que estas situaciones sean excepcionales. Colombia ya había logrado mucho con las tres excepciones'.
Y concluyó que espera que el pueblo colombiano, a través de sus instituciones y del Congreso, pueda abordar esta conversación de fondo y 'reconocer que la vida empieza desde la concepción'.
A su vez, el presidente del Congreso, el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, señaló que esta decisión debe ser consultada con la ciudadanía para que se pronuncie sobre si está o no de acuerdo con la despenalización.
'No podemos aceptar esta decisión de la Corte Constitucional y se hace imperante que el Congreso se pronuncie al respecto. Pero adicional a eso, deberíamos llevar esta decisión a un referendo con los colombianos para que sean los ciudadanos quienes decidan sobre este tema particular. Esto no es Colombia, estos no son nuestros principios y creo que debemos revisar este tema de fondo', señaló Gómez.
La Iglesia.
Luego de la decisión, la Conferencia Episcopal de Colombia, en un comunicado, expresó su 'perplejidad'.
Los obispos indicaron que 'no se puede minimizar que todo embarazo implica la existencia de otro ser humano, distinto al de la madre, que está en estado de indefensión y vulnerabilidad, por tanto tiene el derecho a formar parte de una familia'.
'Sostener que los derechos a la vida y a recibir la protección del Estado, amparados por la Constitución (cf. art. 2. 5. 9), no lo cobijan desde el momento de su concepción es una afrenta a la dignidad humana. Por lo mismo, tutelar el supuesto derecho a suprimir una vida humana inocente, pone en riesgo el fundamento mismo de nuestro orden social y del Estado de Derecho'.
Elaborar una política pública sobre derechos de mujeres
La Corte Constitucional, en el comunicado oficial sobre la decisión de despenalizar el delito de aborto hasta la semana 24 o los seis meses de embarazo, exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, para que elaboren y apliquen una política pública integral sobre los derechos de las mujeres.
El alto tribunal instó de esta manera al Legislativo y al Ejecutivo a que 'sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia y, en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública integral –incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requieran, según el caso–, que evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes, descritos en esta providencia y, a su vez, proteja el bien jurídico de la vida en gestación sin afectar tales garantías, a partir del condicionamiento de que trata el resolutivo anterior'.
Esta política, agrega la decisión de la alta corporación judicial, debe contener, como mínimo, la divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia y la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación.
De igual modo, debe contemplar el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas, medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras, y medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar.
Penalizar el aborto no protege la vida, pero sí afecta derechos reproductivos y libertad de conciencia'
La Corte, en el comunicado oficial de 28 páginas emitido el pasado lunes sobre la sentencia C-055-22, explicó su decisión ante la demanda. Inicialmente indica el alto tribunal que para esta determinación 'se evidencia un cambio en el contexto normativo en el que se inserta el artículo 122 del Código Penal (aborto)' en varios asuntos, entre ellos el hecho de que 'con posterioridad a la Sentencia C-355 de 2006 –que establece las tres excepciones de penalización del aborto–, múltiples organismos internacionales (...) han planteado la necesidad de despenalizar el aborto como una medida en favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de esta población, así como una forma de actuar en contra de la violencia hacia las mujeres'.
Frente al primer cargo, sobre la vulneración del derecho a la salud, apunta la Corte en un aparte que 'el deber de respeto al derecho a la salud en cabeza del Estado implica, entre otras cosas, la obligación de remover los obstáculos normativos que impiden el acceso a los servicios necesarios para que mujeres, niñas y personas gestantes gocen de salud reproductiva'.
Sobre el de la libertad de conciencia afirma que 'en lo atinente a la decisión de procrear o de no hacerlo es un asunto personalísimo, individual e intransferible que se corresponde con una de las dimensiones de los derechos reproductivos, concretamente, la autonomía reproductiva, respecto de la cual le está prohibido intervenir al Estado o a los particulares haciendo uso de la coacción o de la violencia'.
En torno al presunto desconocimiento de la finalidad de prevención general de la pena, advierte que 'la actual tipificación del delito de aborto no es conducente para la consecución de los fines de la pena, ya que, a pesar de que el tipo penal busca proteger la vida en gestación, no resulta claro que la actual forma de penalización de la conducta sea efectivamente conducente para la consecución de aquellos fines, como sí es evidente la intensa afectación que produce en los derechos a la salud, los derechos reproductivos y la libertad de conciencia'.
Y acerca del derecho a la igualdad de las mujeres, pone de presente el comunicado que 'la penalización del aborto consentido se encuentra vigente desde el primer Código Penal de 1837 (...). Es decir, se reguló cuando la representación de la mujer en las instancias legislativas era nula'.
