El fiscal Francisco Barbosa presentó este miércoles en una directiva la hoja de ruta para investigar y judicializar los delitos electorales.
La idea es incrementar la itinerancia, mayor presencia en los territorios, priorización y asociación de casos; y un permanente análisis de contexto sobre las situaciones particulares que se presentan en cada región.
'Del total de municipios del país, 258 tienen un riesgo alto en delitos electorales; en riesgo medio, 526; y en riesgo bajo, 338 municipios', reveló el funcionario al indicar que se consolida un mapa de riesgo electoral que será actualizado de acuerdo con los avances en los procesos investigativos.
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El ente acusador indicó en un comunicado que los lineamientos planteados en esta directiva buscan poner en evidencia y actuar contra los determinadores, máximos responsables y beneficiarios de estas prácticas delictivas. De igual manera, identificar y desarticular las estructuras que, en cada territorio, se organizan para afectar la voluntad de los votantes en las urnas.
'La directiva, inicialmente, describe la necesidad de crear estrategias diferenciales para cada uno de los momentos del certamen. Desde la inscripción y aceptación de candidatos a la elección; durante las votaciones o elecciones propiamente dichas, para intervenir ante la compra de votos y otros actos ilegales; y en los escrutinios, ante la eventual intención de modificar los resultados', se lee.
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Barbosa explicó al respecto que 'la Unidad Especial de Investigación será la encargada de hacer todas las investigaciones, con policía judicial propia, para el tema de las circunscripciones de paz y, al mismo tiempo, homicidios o amenazas de reincorporados o miembros del Partido Comunes'.
