La ley del Montes | Renunció la Ministra, ¿ahora qué sigue?

Contrario a lo que sectores de la oposición consideran y celebran, la salida de Karen Abudinen del ministerio de las TIC no soluciona el problema de conectividad en el país. Todo lo contrario: lo agrava. Y lo agrava porque con su renuncia podría quedar inconclusa la tarea en la que Abudinen se había empeñado en las últimas semanas: desenmascarar a quienes con dolo y mala fe diseñaron el entramado de corrupción que no solo le costó el puesto, sino que tiene en vilo la suerte de los 70.000 millones de pesos que ese Ministerio dio de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados (UTCP). De esta forma, 7.277 planteles educativos en zonas rurales de 15 departamentos quedarían sin servicio de Internet.

Así lo entendió la propia ex ministra cuando desde el primer momento puso a disposición del presidente Duque su cargo como jefe de la cartera de Comunicaciones. Más que atornillarse en el cargo, como sostienen los opositores del Gobierno, lo que Abudinen se propuso desde el mismo instante en que estalló el escándalo no fue nada distinto a esclarecer todo lo sucedido y que los responsables paguen por sus delitos.

Es por ello que al recibir el voto de confianza por parte de Duque, la ex ministra se ocupó con mayor dedicación a mostrar resultados en dos frentes fundamentales: continuar con la tarea asignada por Duque cuando la nombró en mayo del año pasado de lograr la conectividad del 70 por ciento del país, especialmente en las zonas rurales; y desenmascarar a quienes urdieron el entramado de corrupción que puso en peligro uno de los programas bandera del Gobierno. Con su salida ambas tareas quedaron inconclusas.

Pero la renuncia de Karen Abudinen al Ministerio de las TIC no puede prestarse para interpretaciones sesgadas, erradas y perversas. Su honorabilidad no puede ponerse en duda, ni su nombre y apellidos ser sujetos de burlas y matoneos, como de forma cobarde promueven los políticos opositores al gobierno y candidatos presidenciales, interesados en hacer leña del árbol caído. A ellos lo que menos les interesa es la conectividad del país.

Karen Abudinen no ha ahorrado un solo esfuerzo en su propósito de esclarecer lo ocurrido y desenredar la madeja de corrupción que con habilidad y astucia armaron quienes pretendían favorecerse con la celebración de un contrato ilegal. Fue ella quien denunció los hechos ante la Fiscalía. Fue ella quien caducó el contrato. Fue ella quien pidió a la Procuraduría y la Contraloría que investigaran su actuación y la de todos los funcionarios que tuvieron que ver con el contrato con UTCP. Fue ella quien puso la cara al país y al Congreso para dar las explicaciones que sean necesarias. Nadie puede decir que la ex ministra barranquillera le sacó el cuerpo a su responsabilidad. Nadie puede decir -tampoco- que Karen Abudinen se quedó con un solo peso del contrato que terminó costándole el puesto. Quienes lo hagan deberán asumir las consecuencias legales derivadas de semejante irresponsabilidad. No hay fuero que blinde contra la calumnia y la injuria.

Ahora lo más importante para el país es cumplir con el propósito de alcanzar el 70 por ciento de la conectividad en todos los departamentos y rescatar los 70.000 millones de pesos de anticipo que el Ministerio de Comunicaciones entregó a Centros Poblados. Para ello es necesario que las investigaciones se hagan con diligencia y prontitud y que quienes denunciaron los hechos irregulares o ilegales sigan haciéndolo con el mismo esmero que lo han hecho hasta hoy.

Todo el contrato celebrado entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados debe esclarecerse. Desde la A hasta la Z. Es necesario que el país conozca la 'verdad verdadera' de lo sucedido. La ex ministra Abudinen tenía como propósito llevar estas averiguaciones hasta las últimas consecuencias. Así se lo pidió a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Esas indagaciones deben seguir su curso y ahora con más celeridad. Ojalá que el episodio de Centros Poblados sirva para que quienes han hecho de la corrupción un modo de vida entiendan que no pueden actuar de forma impune. Es necesario que los corruptos paguen por sus actuaciones criminales. Aquí no solo está de por medio el monto del anticipo girado a Centros Poblados, sino la suerte de miles de niños de zonas rurales que seguirían sin conectividad y también está en juego el buen nombre de la ex ministra que se ha visto mancillado. Que los verdaderos culpables paguen, que el dinero se recupere y que los niños del país puedan gozar de una conectividad eficiente. Eso es lo que queremos todos los colombianos. Lo peor que le puede pasar al país es que la salida de la ministra Abudinen sirva de pretexto para que quienes estaban interesados en 'cortarle la cabeza' se olviden del asunto. ¿O es que ese era su único afán? Punto.

Una de las lecciones que debe quedar del tristemente célebre contrato con Centros Poblados es que se requiere afinar mucho más los mecanismos de contratación del país. Es por esa vía por donde se evaporan miles de millones de pesos. La contratación pública y privada en el país es un foco de corrupción gigantesco. Los corruptos que están en las oficinas públicas saben a la perfección dónde está el atajo que les permite golear al Estado. Son verdaderas mafias enquistadas en las entidades oficiales, que actúan amangualadas con el sector privado para sacar provecho de los descuidos o negligencia de altos funcionarios del Estado. Es una corrupción de doble vía: hay quienes ofrecen para beneficiarse de un contrato y hay quienes reciben para otorgar dichos contratos. Ahí radica la nuez del asunto. Esa 'cadena perversa' de corrupción debe romperse. Y ello es responsabilidad de la Fiscalía y de los organismos de control. Y también es responsabilidad de una sociedad vigilante, dispuesta a denunciar y castigar socialmente a quienes incurran en actos de corrupción. No se trata de ensañarse contra un funcionario -que no pasa de ser un fusible que se cambia cuando se quema- sino de perseverar hasta llevar las investigaciones hasta los autores materiales o intelectuales de los actos de corrupción. La 'quemada del fusible' muchas veces termina beneficiando a los corruptos, quienes se valen del escándalo mediático para seguir realizando sus fechorías. La salida del funcionario de turno sirve de distractor para no dar con los verdaderos delincuentes.

El previsible desenlace político que tuvo el anticipo de los 70.000 millones de pesos a la UTCP, que concluyó con la renuncia de la ministra Abudinen, tiene que servir para que todos nos ocupemos de lo verdaderamente importante: recuperar el dinero entregado a manera de anticipo y llevarle conectividad a 7.277 planteles educativos en 15 departamentos del país, que hoy en día no saben si van a contar o no con el servicio de Internet. Y es muy grave que ello ocurra, porque el hecho de que miles de niños del país sigan desconectados solo sirve para aumentar la enorme brecha digital que separa a la 'Colombia urbana' de la 'Colombia rural'. Una vez retirada la ministra de su cargo, es de esperar que quien llegue a la cartera siga con la tarea de lograr la conectividad del 70 por ciento del país. Mientras ello ocurre, las autoridades deben entregar resultados contundentes que permitan esclarecer lo sucedido con el contrato de Centros Poblados. Aquí no puede haber impunidad. Se requiere cuánto antes conocer cómo se diseñó y ejecutó el entramado de corrupción que tuvo como uno de sus capítulos centrales el desembolso de un anticipo de 70.000 millones de pesos de manera irregular o abiertamente ilegal. Las investigaciones deben realizarse sin titubeos y con celeridad y eficacia. Los resultados deben darse en el menor tiempo posible. Así lo esperamos los colombianos.

La salida de un ministro por cuenta de un debate de moción de censura es un duro golpe para cualquier gobierno. Siempre será interpretado como una derrota política del Presidente y un triunfo de sus opositores. Ningún gobierno quiere entregar la cabeza de uno de sus ministros a sus mayores opositores en el Congreso. No solo pasa con Duque. Todos sus antecesores también se emplearon a fondo para salvar a sus ministros. En el caso de Karen Abudinen, aunque ella renunció previamente a la votación en la que se definía su permanencia en el gabinete, hay que decir que la moción de censura en su contra no prosperó, pues los promotores del debate no alcanzaron los votos suficientes para hacer efectiva la sanción en su contra. Su permanencia, sin embargo, si le significó un gran desgaste al gobierno de Iván Duque, que debió recibir una andanada de ataques de todo tipo por parte de sus opositores. El retiro de Abudinen es un duro golpe para el Presidente, pues la ex ministra era no solo una funcionaria eficaz y eficiente, sino una gran amiga y una persona de su absoluta confianza.