El partido político Farc denunció este lunes que hombres armados buscan 'casa por casa' en el municipio de Argelia, Cauca, a desmovilizados de la guerrilla con sus mismas iniciales, y responsabilizó al Gobierno del presidente Iván Duque de lo que pueda sucederle a sus compañeros.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común dijo en su cuenta de Twitter que 'un grupo armado de 100 personas busca casa por casa (a) reincorporados de las antiguas Farc-EP' y que 'el Ejército se encuentra a media hora del lugar y no ha hecho presencia', por lo que alertó 'a la comunidad nacional e internacional'.
'Aspiramos a que haya una respuesta inmediata que logre contener una ofensiva de esas características', afirmó por su parte el congresista Sergio Marín, de la Farc, quien dijo que este partido hace responsables 'de lo que pueda pasar' al presidente de Colombia, Iván Duque, y a su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
La Farc ha denunciado que desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, han sido asesinados más de 190 desmovilizados de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Ante la denuncia sobre lo sucedido en Argelia, el procurador general, Fernando Carrillo, pidió a la fuerza pública que proteja la vida de los desmovilizados.
'Sobre la situación en Argelia (Cauca), hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana para garantizar la protección efectiva, la vida e integridad personal de los reincorporados en el marco de la implementación del acuerdo final (de paz)', dijo Carrillo en redes sociales.
A esa petición se unió la Oficina del Representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que no solo reclamó 'protección inmediata' para los exguerrilleros sino también para 'las comunidades que están padeciendo el control violento de grupos armados en la zona'.
El departamento del Cauca prácticamente no alcanzó a vivir el acuerdo de paz del Gobierno con las Farc porque tan pronto se desmovilizó esa guerrilla surgieron allí grupos disidentes que se disputan territorios con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y con bandas narcotraficantes de origen paramilitar.
La Farc expidió además un comunicado este lunes en el que expresa su solidaridad con 'la población privada de la libertad y las prisioneras y prisioneros políticos en este difícil contexto de pandemia del COVID 19'.
Además, rechazó el reciente pronunciamiento del fiscal Francisco Barbosa, quien dijo tener evidencias de que detrás de los amotinamientos del pasado 21 de marzo, que dejaron como saldo 23 reclusos muertos, estarían el ELN y las disidencias de las Farc.
Para los desmovilizados ese señalamiento 'estigmatiza las legítimas jornadas de protesta pacífica de la población privada de la libertad, con el falaz argumento de que encarnan un orquestado plan de fugas coordinado desde el exterior por el ELN y las mal llamadas disidencias de las Farc'.
'Resulta evidente que Fiscalía, Ministerio de Justicia e Inpec pretenden tapar con cortinas de humo sus graves responsabilidades en la crisis actual. Comenzando por la masacre de 23 reclusos y las heridas a un centenar más en la Cárcel Modelo de Bogotá el pasado 21 de marzo, imputable de modo exclusivo al Estado colombiano. Detrás de esa matanza se ocultan los graves problemas estructurales del sistema penitenciario colombiano, cuyas consecuencias padece hoy la población carcelaria por cuenta del COVID19', se lee en el boletín.
Agrega la colectividad que como en la 'seguridad democrática', el titular del ente acusador 'busca dar cuerpo a su propia cacería de brujas contra los prisioneros y prisioneras políticos, sus familiares y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos'.
Por lo que pidió 'expedir sin más dilaciones el decreto reglamentario de la Emergencia Carcelaria que permita las urgentes liberaciones de carácter humanitario, en cualquiera de sus modalidades, a fin de impedir de manera efectiva la extensión del contagio del coronavirus que es ya una realidad en la población carcelaria'.
Así mismo, 'la necesaria implementación de un estricto protocolo de salubridad, tanto para la población privada de la libertad como para el personal de custodia y administrativo', al tiempo que reclaman el 'traslado al Espacio Territorial de Paz Simón Trinidad, en el municipio de Mesetas, Meta, (a los reclusos de la antigua guerrilla) para que cumplan allí las libertades condicionadas a las que tienen derecho en atención a la Ley de Amnistía e Indulto'.
Y, finalmente, 'repatriar por razones humanitarias a Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad'.
