El gobernador del Magdalena, Omar Diazgranados Velásquez, quien se hallaba suspendido del cargo hacía 11 meses, fue destituido ayer por la Procuraduría General de la Nación, ente que igualmente lo inhabilitó por 15 años para ejercer cualquier actividad pública. La sanción obedece al proceso que se le sigue por un millonario sobrecosto en la contratación de 66 mil kits escolares.
La cadena radial Caracol informó que en uno de sus apartes el fallo de la Procuraduría expresa:
'Está sumamente demostrado que las conductas desplegadas por el señor Diazgranados Velásquez, por las cuales se halló disciplinariamente responsable, afectó seriamente la credibilidad de las personas en sus instituciones, ya que la contratación estatal y la salvaguarda de los recursos públicos suponen la más alta responsabilidad de los funcionarios frente a la sociedad para direccionar la función pública hacia el interés general y los fines del Estado Social de Derecho'.
Agrega que con los dineros que se perdieron en la contratación, impidieron un mayor cubrimiento de la población escolar, pero lo grave fue que los recursos terminaron en el patrimonio del contratista, increíblemente con la permisividad del Gobernador.
EL SOBRECOSTO. Para el Ministerio Público el sobrecosto fue escandaloso ya que la empresa Sinco del Caribe vendió kits escolares a una fundación a 18 mil pesos por unidad, mientras que al Departamento se los liquidó a 54.520 pesos.
La Gobernación del Magdalena – agrega el informe – 'con ciega obediencia decide adjudicar la licitación y suscribir el contrato apartándose por completo de los principios de economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal'.
La Procuraduría de la Nación compulsó copias a la Fiscalía para que investigue penalmente estos hechos.
El proceso contra el ex mandatario de los magdalenenses tiene que ver con la ejecución de tres contratos suscritos entre el Departamento y la Fundación Instituto Baldo para el Desarrollo de las Organizaciones, en 2008 y 2009, para la adquisición y dotación de aproximadamente 66.000 kits escolares con destino a los alumnos de educación preescolar y básica primaria de las instituciones educativas de los municipios no certificados del Magdalena.
LA CONTRALORÍA. Por estos hechos la Contraloría General de la Nación ordenó mediante resolución 0033 del 24 de noviembre del 2010, la suspensión del gobernador Omar Diazgranados.
El caso había salido a la luz pública en octubre del 2010, durante un conversatorio que organizó la Universidad del Magdalena, donde el procurador Alejandro Ordóñez. Ratificó que venían adelantando investigaciones en conjunto con la Contraloría y la Fiscalía para esclarecer los casos denunciados.
Dos meses después, a finales de diciembre, el Presidente de la República hizo efectivo el fallo contra el mandatario y designó en su reemplazo al ex general Manuel José Bonett Locarno.
El 6 de enero pasado el ex militar se posesionó en la Quinta de San Pedro Alejandrino pero 24 horas después un fallo de tutela del Juzgado 4 Penal Municipal ordenó el reintegro del gobernante suspendido.
Un mes después un fallo judicial en segunda instancia revocó la tutela y Bonett volver a ocupar su puesto. Así lo hizo el 10 de abril a las 5 de la mañana en medio de un clima de tensión.
También a Mazeneth
El fallo del Ministerio Público hace extensiva la sanción al exsecretario privado el despacho y actual senador de la República por el PIN Manuel Julián Mazeneth, a quien inhabilitó por 12 años por no verificar los sobrecostos.
Contrario que Diazgranados, Mazenet, quien se postuló al Senado en marzo de 2010 y ganó la curul, y hoy día hace parte de la Comisión Tercera, podrá apelar esta decisión en segunda instancia. Según el Ministerio Público, el entonces Secretario Privado no hizo nada para evitar el detrimento patrimonial, y solo se limitó a firmar los respectivos contratos.
