La decisión del Gobierno nacional, a través de Parques Nacionales Naturales de Colombia y los ministerios de Ambiente y Defensa, de cerrar temporalmente el Parque Tayrona (Resolución 091 del 17 de febrero de 2026) fue para los indígenas dela etnia Kogui “la gota que rebasó la copa”.
Los aborígenes, apoyados por la comunidad del sector, desestimaron la medida y optaron por asumir –a su arbitrio– el control del territorio y el cobro para el ingreso de visitantes. Una acción vista como una afirmación de su reclamo histórico de coadministrar la reserva natural.
La respuesta del Gobierno nacional no se hizo esperar.
“Buscamos restablecer el control institucional y garantizar la seguridad de los visitantes ante la reciente alteración del orden público en los sectores de acceso a esta reserva natural”, explicaron.
Algunas voces dejaron entrever que la posición de los Kogui estaría alineada con presiones de un grupo criminal que actúa en la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta.
Explicación del Gobierno
Parques Nacionales Naturales de Colombia, a través de su director Luis Olmedo Martínez Zamora, reportó que la crisis se desencadenó tras una intervención institucional realizada el pasado 11 de febrero en el sector de Cañaveral, destinada a frenar ocupaciones y construcciones no autorizadas en zonas de especial importancia ecológica.
Manifestó que luego de esta acción recibieron amenazas directas en contra del personal del parque y se registraron actos de intimidación en los puntos de control.
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Martínez Alzamora señaló que se ejecutaron construcciones de viviendas, baños y senderos “sin autorización oficial, levantadas con materiales ingresados ilegalmente al área protegida”. Las estructuras fueron inhabilitadas.
El funcionario sostiene que una de las situaciones más delicadas, es el cobro de dinero a los visitantes por ingresar, práctica que, según la normativa, solo puede realizar la entidad administradora de la reserva, ya que se trata de un bien público protegido por la nación.
Indígenas reclaman
El cabildo gobernador Kogui, Atanasio Moscote, rechazó la demolición de las estructuras que habían levantado en el sector de Cañaveral y que representaban ingresos para la comunidad y señaló que el cierre del parque genera pérdidas millonarias.
Enfatizó en que el Gobierno no ha querido reconocerlos como autoridad en el territorio y enfatizó en que “vulneran” sus derechos al trabajo y a la vida.
A su turno la autoridad tradicional Kogui, Juan Carlos Gil, manifestó que lo que quieren es la coadministración del parque, y aclaró que no están bajo presión de algún grupo armado.
Denunció a su vez que desde que el Gobierno tiene el manejo de la reserva natural los Kogui no han recibido subsidio de Parques Nacionales.
Beneficio colectivo: alcalde
Por su parte el, alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, manifestó que en esta polémica del Parque Tayrona se ha dispuesto todo el acompañamiento a los ministerios del Interior y de Ambiente como parte en las concertaciones y mesas de diálogo que se establezcan con las autoridades indígenas, encaminadas en resolver el conflicto en el inmediato plazo.
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“Tratándose de una de las reservas naturales más visitadas en Colombia, es claro que esta situación termina ocasionando una afectación a la economía local, especialmente a las comunidades circundantes al Parque Tayrona que dependen de esta actividad, lo cual nos ubica en la línea de la necesidad de avanzar con celeridad en las alternativas de solución que puedan ponerle fin al conflicto”, comentó el mandatario.
Como Administración distrital de Santa Marta le hace un llamado a las comunidades indígenas y demás partes involucradas a dirimir este impasse, poniendo en práctica los protocolos necesarios. “El objetivo es generar el beneficio colectivo que origina esta reserva a la ciudad y al país”, precisó el mandatario de los samarios.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) también le pidió al Gobierno nacional que reabra el Parque Nacional Natural Tayrona, recientemente clausurado debido a alteraciones del orden público. La organización alegó que su cierre significa el cese de la fuente de financiación para decenas de familias que viven del turismo y afecta la reputación del país como destino turístico.
“La medida (…) ha generado un impacto significativo en la economía local, el turismo y las comunidades que dependen de esta actividad”, precisó la asociación que insta a reabrirlo lo más pronto.
Otros afectados
Luis Redondo, líder de los lancheros, aseguró que esta problemática del cierre del parque les afecta sus economías que dependen del turismo que llega a esta zona del Caribe, como lo son Gaira y Taganga, al tiempo que Naydú Castro, propietaria de un restaurante, rechaza que el nuevo cierre se hubiese dado sin previo aviso, pues en su caso se vio en la obligación de tener que volver a sacar los alimentos y productos que ya tenía listos para la comercialización.
“Este fue un cierre no socializado que nos afectó”, sentenció la comerciante.
Parques Nacionales cerró el acceso al Tayrona el martes 17 de febrero argumentando problemas de seguridad, construcciones ilegales y presuntas presiones contra funcionarios dentro del área protegida.
Los indígenas realizaron una asamblea y una protesta y procedieron a la apertura del mismo y de paso a realizar el cobro del acceso que les duró poco porque el viernes 20 de febrero, poco antes del mediodía, las autoridades civiles del orden nacional procedieron a realizar el cierre que desde entonces está activo.
Por 15 días
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo que el cierre del Tayrona se mantendrá por 15 días, mientras se soluciona el problema de seguridad que involucra a un actor criminal y por eso está la fuerza pública.
El funcionario del Gobierno nacional involucra al grupo armado ilegal Los Pachenca en este asunto de extorsiones y presiones a la comunidad en el Tayrona. “Se evidenciaron unas actividades ilegales que fueron escalando”, anotó Sánchez.
