La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) lanzó una alerta frente a la convocatoria realizada por la Contraloría General del Magdalena, en la que se plantea la contratación de personal de conserjería para funciones que corresponden directamente a la vigilancia y seguridad privada, una actividad regulada por la ley y reservada a empresas debidamente habilitadas.
El proceso contractual contempla un presupuesto de $218.163.460 pesos para un periodo de 10 meses, con el objetivo de prestar servicios de conserjería y personal temporal destinados al cuidado y custodia de los activos de la entidad, así como a la atención inicial al público en sus distintas dependencias, según advierten.
“Entendiendo que la definición de conserje corresponde a un trabajador encargado del cuidado básico del inmueble, el manejo de llaves, labores de apoyo y control interno, funciones que no incluyen ni sustituyen las tareas propias de la vigilancia privada. La seguridad de instalaciones, personas y bienes requiere personal entrenado, certificado y autorizado, con conocimientos en manejo del riesgo, protocolos de seguridad y capacidad de reacción ante situaciones de amenaza, condiciones que solo cumplen las empresas de seguridad privada legalmente constituidas”, aseveraron.
La convocatoria establece, además, que el servicio debe prestarse las 24 horas del día, de lunes a domingo, mediante turnos rotativos con al menos tres personas, junto a una persona adicional en jornada de ocho horas de lunes a viernes, lo que configura “un esquema de cobertura permanente propio de un servicio de vigilancia continua”.
Dentro de las obligaciones asignadas al personal, dice la convocatoria, se incluyen el cuidado y custodia de los activos, la permanencia al interior del inmueble, el cumplimiento de instrucciones del supervisor, la atención al público y la presentación de informes mensuales, responsabilidades que, explicó Confevip, corresponden a funciones de seguridad, y no a labores de apoyo administrativo o conserjería.
Frente a esta situación, Miguel Ángel Díaz, presidente de la confederación llamó la atención de los organismos de control “como la Superintendencia de Vigilancia, que actúe de manera inmediata. Esto es muy peligroso porque desvirtúan el concepto y el principio de legalidad en Colombia, pero, además, tiende a que no se cumpla con los derechos laborales de los trabajadores”.
Finalmente, exhortaron a las entidades públicas para que los procesos de contratación relacionados con seguridad y vigilancia se dirijan exclusivamente a empresas de seguridad privada legalmente constituidas, “garantizando el cumplimiento de la ley, la protección de las instalaciones públicas y la defensa del empleo formal en el sector”.
