En Nueva Venecia, Magdalena, al igual que en otras poblaciones de la región Caribe, persiste la deuda del Estado con la reparación por haber sido escenario de una masacre atribuida y aceptada ante la justicia por las entonces AUC bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’.
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Ni este poblado de la Ciénaga Grande de Santa Marta y mucho menos los familiares de los 37 pescadores masacrados aquel 22 de noviembre de 2000 han visto la mano estatal.
En sus mentes y sus corazones están vigentes los recuerdos de aquellos inocentes hombres que buscaban a diario el sustento de sus hogares entre las aguas, pero que de un momento a otro y sin razón aparente perdieron la vida al ser atacados, algunos con armas de fuego. Los balazos, en su mayoría, los impactaron en la cabeza, mientras que a otros los apuñalaron y unos más macheteados.
Cada 22 de noviembre los dolorosos recuerdos afloran en esta zona de casas palafíticas, pero la zozobra es constante. A pesar de los años transcurridos aún los atemoriza escuchar el motor de una lancha, pues fue la forma como en aquel entonces irrumpieron los alzados en armas.
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El recorrido de la muerte en plena época de subienda que cobró las 37 vidas empezó desde la noche del 21 de noviembre. Recuerdan los nativos que a eso de las 10:00 p. m., cinco lanchas ingresaron por el caño El Clarín. En cada una de ellas iba una docena de paramilitares comandados por alias Andrés, jefe de la compañía ‘Wálter Úsuga’.
De los 37 pescadores primero mataron a 11 en el sitio conocido como Kilómetro 13. Se quedaron con cinco en calidad de rehenes con el único objetivo de que los llevaran hasta donde estaban los demás, en la zona de manglares.
A las 3:00 de la madrugada llegaron a Nueva Venecia y se dividieron en grupos para continuar con la estela criminal en la que 12 pescadores más fueron masacrados en la plaza, frente a la iglesia en cuyo interior estaban otros 25 pobladores que habían sido llevados a una reunión.
El temor arropó a la población porque los paramilitares se atrevieron a disparar contra las viviendas en las que dormían las familias, al tiempo que otros saqueaban las tiendas.
Durante toda la madrugada causaron daños. Las últimas muertes las causaron a las 5:00 de la mañana, cuando ya se retiraban, e interceptaron a pescadores que se transportaban en canoas para completar así la cifra de 37 muertes.
‘Jorge 40’ aceptó la responsabilidad en la masacre que, en su criterio, obedeció a “hechos de guerra” debido a que debían, según él, controlar un territorio que había sido de dominio de la guerrilla del ELN.
El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta lo condenó a la pena de 47 años de prisión basado en el material con el que lo acusó un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indicó que fueron 70 los paramilitares que cometieron dicha masacre.
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Sobre la reparación colectiva de Nueva Venecia, se conoció que solo hasta hace cuatro años las autoridades, entre ellas la Unidad de Víctimas, identificó unos daños y a través de un plan buscan repararlos. Entre ellos están incluidos la escuela y el puesto de salud.
El mismo Estado, representado en Univíctimas, reconoce que el proceso de reparación ha sido difícil.
César Rodríguez, poblador y presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Nueva Venecia, recordó que los de las AUC sacaron a cuatro miembros de una misma familia: Martín, Ever, Manuel, y Basilio, de su casa para la reunión en la plaza, pero antes de llegar a ella en la embarcación les dispararon alegando que ellos se iban a escapar.
Mientras las AUC dicen haber asesinado a los pescadores por ser colaboradores de la guerrilla, Aníbal Rodríguez, que los conocía a todos, entre ellos dos de sus hermanos, amigos y hasta compadres, sostiene que nadie le debía nada a nadie, “si hubiésemos debido algo de seguro hubiéramos corrido, pero como no era así nos quedamos quietos”.
Rodríguez se salvó de ser asesinado, pues las AUC, según su relato, dieron la orden de ultimarlo cuando él iba en una canoa a avisarles a sus hermanos lo que estaba ocurriendo: una caravana de canoas con hombres armados y vestidos con camuflados se había metido al pueblo.
El estigma de la población
Tras los primeros 10 años de la incursión paramilitar hubo desplazamiento y retorno de las familias que lo habitaban. Una vez ocurrido el hecho el pueblo palafito quedó solo. Sus pobladores se fueron a refugiar a regiones cercanas, entre esas Soledad, en el Atlántico.
Con el pasar de los años y al estar afrontando situaciones difíciles, los nativos regresaron a su Nueva Venecia, a seguir con sus vidas en medio de las aguas.
Además del dolor por lo ocurrido, en especial por la pérdida de sus seres queridos, el hoy presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), César Rodríguez, sostiene que tuvieron que lidiar con el estigma de ser colaboradores de la guerrilla, pues con esa premisa fue que las AUC procedieron a cometer la masacre aquel 22 de noviembre de 2000.
Esta incursión paramilitar se registró a pocos días de que se cumpliera un mes de la ocurrida en El Salao, corregimiento de El Carmen, (Bolívar,) también por las AUC y donde la reparación llegó a los 25 años con el acueducto.
