Seis familias pesqueras del Distrito de Santa Marta fueron beneficiadas con dos embarcaciones equipadas que les entregó la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Estas herramientas de trabajo hacen parte de un proyecto productivo que propende por el fortalecimiento de la actividad pesquera artesanal y que tiene una inversión mayor a los 840 millones de pesos.
El proyecto incluye el suministro de dos embarcaciones e insumos a dos organizaciones populares: la Asociación de Pescadores y de Servicios de Santa Marta (Apesa) y la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa del Muerto (Asoplam).
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Este proyecto responde al cumplimiento de la sentencia T-606/2015 proferida por la Corte Constitucional, como medida de compensación a los problemas sociales que enfrentaron los pescadores artesanales y ancestrales al interior del Parque Nacional Natural Tayrona.
La Agencia de Desarrollo Rural se adhirió al plan de compensación y vinculó a seis familias reclamantes en una iniciativa que reconoce sus saberes y sus prácticas para impulsar la tecnificación de su actividad.
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Yoanis De Ávila, integrante de Asoplam, destacó la manera en que las familias pesqueras mejorarán sus condiciones de trabajo. “La pesca artesanal nunca se va a ir de las venas de nosotros, nacimos siendo pescadores y vamos a seguir siendo pescadores. Ahora que nos van a facilitar las cosas, será aún mejor”.
La ADR los acompañará con asistencia técnica en buenas prácticas de pesca y de manipulación, así como el fortalecimiento a las capacidades productivas y de comercialización.
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Carlos César Silva, director de la Unidad Técnica Territorial para el Magdalena, resaltó el compromiso de la ADR con este proyecto, que no solo lleva a los pescadores activos productivos, sino también acompañamiento técnico y fortalecimiento asociativo. “Esperamos no solo aumentar la producción y comercialización de productos pesqueros, sino también asegurar que los derechos fundamentales de los pescadores, como el trabajo, la soberanía alimentaria y el mínimo vital, sean respetados y garantizados”.
