Opiniones disimiles son las que se escuchan en Santa Marta en torno a la intervención de la Essmar y al reciente fallo que suspende la continuidad de este proceso.
Mientras unos consideran que la intervención de la Superservicios 'es lo mejor que ha podido pasar', otros señalan que 'tiene tinte político'.
El abogado Alejandro Arias señaló que el fallo de tutela es de obligatorio e inmediato cumplimiento, indistintamente de como haya opinado dentro del proceso la Procuraduría.
Anotó que el manejo de esta empresa por parte del Gobierno Distrital 'es lo mejor que ha podido suceder' y señaló que 'hay experiencias nefastas con otras intervenciones como el Hospital ‘Julio Méndez Barreneche’ y la ESR Alejandro Próspero Reverand, por parte de la Supersalud'.
Arias dijo que el lunes vencen los términos otorgados en la tutela para suspender el acto administrativo de intervención, lo que significa que el martes la agente interventora queda sin competencias ni facultades para actuar.
'Si ejecuta una acción administrativa prevaricaría porque no tiene soporte jurídico para permanecer en el cargo', comentó Arias.
El exalcalde Rafael Martínez, autor de la tutela, hizo hincapié en que la intervención fue con motivaciones falsas.
'No fue una decisión con sentido técnico, sino político', anotó.
Indicó que 'con la intervención se puso en riesgo la continuidad de aproximadamente 20 obras públicas, entre ellas el Malecón de El Rodadero y varias de pavimentación', anotó el dirigente.
'Paralizaron el desarrollo de esta capital', puntualizó el líder de Fuerza Ciudadana.
Por otro lado, Aurelio Rosales, dirigente comunal y veedor ciudadano de El Rodadero, considera que la intervención de Superservicios 'no solo importante, sino una necesidad'.
'Hay una realidad de incapacidad técnica y financiera que si no se soluciona tocaría fondo', comentó.
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Rosales insistió en que 'el juez que falló la tutela fue para favorecer políticamente a un grupo'.
En esa misma línea, Mario Cendales, una líder comunal del sector sur de la ciudad, sostiene que ha esperado cinco décadas a que el agua llegue a su barrio, y 'ha echado raíces'.
'Por eso creo que la intervención del Estado es lo mejor que ha podido suceder', precisó.
Posición de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación reveló que el Juez Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta que ordenó la suspensión de la resolución por la cual se intervino la Essmar, lo hizo pese a que se advirtió que la vía para buscar esa nulidad, era la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
El órgano explicó que 'mediante la acción de tutela no se puede desplazar ni reemplazar el mecanismo ordinario establecido por la ley para el juicio de legalidad de los actos administrativos'.
'La vía legal para hacerlo era la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo', recalcó la Procuraduría.
Añadió que la tutela es procedente de manera excepcional cuando se trata de evitar que se consolide un perjuicio irremediable.
'En este caso no existía prueba ni argumento alguno que permitiera considerar que se le estuviera provocando un daño a la persona que la instauró', se lee en un comunicado.
El órgano de control agregó que el accionante no acreditó tener la calidad de representante de la Essmar E.S.P, ni tampoco se observaba que la toma de posesión de la empresa por parte de la Superservicios lo afectara directa o indirectamente.
'Si bien es cierto que se trata de una empresa pública que presta el servicio a toda la comunidad de Santa Marta, ello no es suficiente para considerar que la medida de la toma de posesión le ha ocasionado vulneración de derecho a él como persona natural, pues precisamente dicha medida tiene como fin garantizar la prestación eficiente del servicio', puntualizó el Ministerio Público.
Agregó que 'en uso de los recursos legales a su disposición, la Procuraduría impugnará el fallo proferido por el Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta'.
Hallazgos
Natasha Avendaño, Superintendente de Servicios Públicos, aseguró que la empresa tiene deudas que ascienden a más de 70 mil millones de pesos y que tiene una infraestructura muy deteriorada.
'Nosotros encontramos una infraestructura muy deficiente, con falta de mantenimiento, con falta de inversión en lo básico, que es tener bombas de respaldo, en garantizar que las adecuaciones que se hacen sean arreglos que duren. En eso se ha enfocado el equipo técnico, en tener un inventario de cuáles con esos urgentes para poder empezar a gestionarlos muy rápido. La cifra preliminar de deudas es 75 mil millones, pero es susceptible a incrementar', explicó.
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