Trabajadores marchan en defensa del Cerrejón

Autoridades y empleados de la empresa carbonera, que enfrenta una demanda en el Consejo de Estado, rechazaron el posible cierre parcial.

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Trabajadores de la Drummond. Cortesía
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Por: Sandra Guerrero @sguerrerob

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Autoridades y empleados de la empresa carbonera, que enfrenta una demanda en el Consejo de Estado, rechazaron el posible cierre parcial.

Trabajadores, líderes y autoridades  de La Guajira marcharon ayer  en defensa de la empresa Cerrejón que enfrenta una demanda ante el Consejo de Estado que restringiría las operaciones en comunidades que se sienten afectadas por la exlotación del carbón.

Las movilizaciones, que se denominaron “Cerrejón somos todos”, se cumplieron en Riohacha, Fonseca y Albania.

El gobernador (e) Jhon Fuentes Medina, quien se unió, dijo que si Cerrejón deja de operar sería “gravísimo” para el departamento que entraría en una situación “calamitosa”. 

El mandatario confió en que “el Consejo de Estado tome la mejor decisión”, teniendo en cuenta que la multinacional es generadora de 12.000 empleos en el departamento.

“Sabemos que todo proceso extractivo tiene sus afectaciones al medio ambiente, pero Cerrejón ha implementado planes de manejo ambiental para mitigarlas”, dijo, refiriéndose a la evaluación que debe hacer el Consejo de Estado sobre el impacto que genera el plan de manejo ambiental en la zona.

Camila Hoyos de la dependencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad afirmó que con estas marchas están ratificando el aporte que Cerrejón ha hecho a La Guajira. “Cerrejón se respeta y se cuida”, agregó.

 

Raúl Roys gerente de Asuntos Sociales de la entidad consideró que la empresa ha generado enormes beneficios para la región.

La demanda que organizaciones sociales, líderes sociales y congresistas han instaurado contra la empresa Cerrejón, se fundamenta en que el permiso ambiental con que cuenta la empresa para su operación tiene cerca de 40 años y ha sido objeto de más de 60 modificaciones. Agregan que la última se  hizo sin tener en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental.

Una de las medidas cautelares que se pide es que se mantenga la situación jurídica de la Licencia Ambiental 1094 y se prohíba la expedición de nuevos actos administrativos modificatorios con el fin de prevenir daños y arbitrariedades, hasta tanto no se haga una evaluación independiente sobre la gestión de control y seguimiento por parte de ANLA, y sobre la idoneidad del proyecto y las cargas que puede soportar la región con la expansión de más tajos mineros, teniendo en cuenta el estado de crisis humanitaria que atraviesa la Guajira.

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