Mesa de Víctimas de Riohacha afirma que denuncias son un “ataque político”
El personero de Riohacha dio a conocer varios audios en los que afirma, se evidencia un manejo irregular de recursos.
Ante las acusaciones del personero de Riohacha Yeison Deluque, sobre el manejo irregular de recursos por parte de la Mesa de Víctimas, los integrantes de esta organización, indicaron que estas son “irresponsables y maquiavélicas”.
En un comunicado afirman que el personero debió hacer una investigación preliminar antes de asegurar ante los medios de comunicación que “esta es una mesa de corruptos”.
“Aclaramos que el señor personero es nuestra secretaría técnica y nuestro garante de derechos y que no entendemos por qué después de dos meses de haber recibido los audios, los da a conocer”, indicaron los firmantes.
Afirman que estos audios fueron suministrados por Niria Brito Rodríguez, coordinadora de la Mesa de Víctimas y dicen que se trata de un “ataque político”. “A ella se le sancionó por sus malos procederes por seis sesiones de la mesa y por seis comités ejecutivos, además de destitución de su cargo como coordinadora y en el día de ayer se efectuaría la elección de la nueva persona que asumiría este cargo”, agregan.
El personero Deluque afirmó en diálogo con EL HERALDO, que tiene en su poder 86 audios en los que se evidencia “la repartición de los recursos entre los miembros de la Mesa de Víctimas con nombres concretos y en donde nombran al exsecretario de Gobierno, Ronal Gómez y al expersonero Hugues Ariza”. Dijo que puso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Además, asegura que por las denuncias que ha hecho, han querido sacar a la señora Niria, quien ha sido objeto de amenazas, agresiones y persecución.
Los integrantes de la Mesa de Víctimas de Riohacha se preguntan por qué el personero no leyó y revisó los contratos de los que habla en su denuncia. “De forma mediocre e irresponsable, dice que la mesa se repartió $450 millones de un proyecto de unidades productivas, en el que según ponemos a firmar a la gente, le entregamos una parte y nos quedamos con el resto”, argumentan los acusados.
Insisten en que la Mesa de Víctimas no maneja recursos y explican que se designa un presupuesto por parte de la administración, se socializa y se construye un proyecto con base en el Plan de Acción Territorial (PAT) que se sube al Secop para elegir un operador a través de un proceso de licitación para que ejecute el proyecto.
