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Vista de la fase II de las obras en la represa del Ranchería que están sin culminar.
Héctor Palacio
La Guajira

La represa que no se culminó y el agua que nunca llegó

En La Guajira se quedaron esperando la segunda parte del proyecto que llevaría agua a nueve municipios y generaría energía eléctrica. 

Como un “sueño guajiro hecho realidad” fue calificada en su momento la construcción del proyecto multipropósito de la represa del río Ranchería, que se inauguró en noviembre del 2010.

El día en que los habitantes de este departamento y el país conocieron esta gran obra, que fue Premio Nacional de Ingeniería en el 2006 y que tuvo un costo de $637.369 millones, hubo una ceremonia bastante concurrida y especial, con presencia de autoridades y dirigentes.

Ese mismo día, el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció que estaban asegurados los recursos para la segunda fase del proyecto, que incluiría la construcción de una microcentral hidroeléctrica que suministraría energía y el abastecimiento de agua a los sistemas de acueducto de los municipios de Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar, Hatonuevo, Maicao, Uribia, Distracción y Albania.

Sin embargo, el gran proyecto se quedó en eso, en un abono solamente porque desde entonces La Guajira ha estado esperando que se culmine la obra para que cumpla con los propósitos para los cuales se diseñó y que aliviarían en gran parte la problemática de agua potable y la crisis humanitaria en la que ha estado sumido el departamento durante los últimos años.

Importancia estratégica

Todo comenzó con la expedición del documento Conpes 3362 el 14 de julio de 2005, donde se declaró el proyecto del Río Ranchería como de estrategia nacional, “ya que permite no solo desarrollar la política agropecuaria del Gobierno, sino contribuir a mejorar las condiciones de vida de una zona considerada deprimida pero con un alto potencial productivo, que beneficiará un número significativo de pobladores rurales, en su mayoría indígenas y pequeños propietarios”.

Esto según lo establecido en las estrategias de Seguridad Democrática y Manejo Social del Campo en el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, según el Conpes.

En el documento se estableció que el costo del proyecto correspondiente a la construcción de la presa El Cercado y las conducciones principales y su interventoría,  sería a  pesos de 2005, aproximadamente de $347.548 millones, siendo superior al inicialmente previsto por $177.100 millones de 2001 (el cual incluía diseños, construcción de la presa y las dos conducciones, plan de manejo ambiental e interventoría, compra de predios).

La explicación para el incremento en el costo, con respecto al inicialmente previsto, fue que se debió fundamentalmente al mínimo nivel de información que existía sobre el nuevo esquema de suministro de agua propuesto, que implica conducciones desde la presa El Cercado hacia las áreas de Ranchería y San Juan del Cesar.

En un reciente informe de la Contraloría General de la Nación se declara que hay presunto daño patrimonial por $637.000 millones por la gestión antieconómica que ha presentado el proyecto de construcción de la represa del Río Ranchería.

Allí se explica que mediante Contrato de Obra 140 del 24 de diciembre de 2001, suscrito entre el Instituto Nacional de Tierras (Inat) y la Unión Temporal Guajira se habían realizado los diseños detallados del proyecto Ranchería, la construcción de la presa El Cercado y las conducciones principales en las áreas de Ranchería y San Juan del Cesar, por valor inicial de $159.561.2 millones a precios de 2001 y plazo de ejecución de 71 meses. 

La interventoría se realizó a través del Contrato 139 de 2001, suscrito entre Instituto Nacional De Tierras (Inat) y Consorcio Desarrollo Guajira, el 24 de diciembre de 2001, por valor inicial de $7.004.3 millones de pesos y plazo de 72 meses. Finalmente el costo del proyecto, incluyendo los diseños detallados, la construcción de la presa El Cercado y las conducciones principales a las áreas de Ranchería y San Juan del Cesar, así como la interventoría, fue de $637.369.4 millones. 

Este valor que se aumentó en $470.803.9 millones de pesos respecto al valor inicial establecido en los contratos de obra e interventoría.

La Contraloría General de la República dio a conocer el resultado de una auditoría, en el que afirma que podría haber un presunto daño patrimonial fiscal por $637.000 millones por la gestión antieconómica que ha presentado esta obra.

Incumplen medidas

Según la Contraloría General, con la no culminación de la segunda parte de la Represa del Río Ranchería se identificó un hallazgo con incidencia disciplinaria.
Se trata de la falta de cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a favor de los niños y niñas wayuu, en las que se ordena encontrar soluciones a los problemas de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable y salubre de esta población vulnerable.

“En concreto, si bien la Contraloría reconoció las acciones que se han intentado con este propósito, hizo un llamado de atención a la Cancillería para que efectué un seguimiento a las medidas ordenadas, lo que debe implicar un esfuerzo por monitorear a las diferentes entidades estatales involucradas en esta materia, convocando y coordinando las reuniones que sean del caso”, indica el informe.

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