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La Guajira

Después de 100 días de huelga en las Salinas de Manaure no se vislumbra un acuerdo

Sindicalistas denuncian despidos masivos en medio de las restricciones por la pandemia.

Desde el pasado 18 de febrero, la empresa Big Group, la operadora de la Antigua Salinas Marítimas de Manaure (SAMA), no produce un solo gramo de sal y por el contrario, con la huelga y cierre de las instalaciones, lo que se observa es como los delincuentes violan la seguridad de las instalaciones y saquean el material de valor existente en la empresa.

Big Group, es el operador privado que asumió tras el fracaso administrativo de los ejecutivos de la Salinas Marítimas, que generó decisiones por parte del Gobierno nacional para poner en manos de la empresa privada la producción de sal. La sal de Manaure es la franja económica legal más importante de este municipio del norte de La Guajira, seguido por la capacidad de empleo de la Alcaldía.

Huelga por salarios

Cerca de 80 trabajadores sindicalizados de los 115 que tiene la planta de producción, decidieron irse a la huelga, tras el fracaso de las conversaciones. El secretario de Prensa Robín Ramos, dijo que por diferentes medios, tanto en Manaure como en Bogotá, quisieron reunirse con los ejecutivos de la empresa y estos siempre eludieron el diálogo. “Ante esta negativa, con plena conciencia que no sería posible dialogar para evitar la huelga, nos fuimos a una asamblea en la que fue votada y la iniciamos en la fecha ya señalada”, dice el sindicalista.

Le fiaron el pago de la liquidación

Otra de las causas generó la huelga fue el incumplimiento de un acuerdo suscrito entre Sama, Big Group, los empleados y el ministerio de Trabajo, donde la operadora se comprometió a pagar la liquidación de los trabajadores. Esto fue negociado y la obligación de Sama la asumió Big Group para pagar en tres años con la misma producción de sal. Se creó un fondo que sería alimentado con $4.000 por cada tonelada del mineral y $6.000 por cada tonelada en el segundo año de producción. Según el ingeniero Carlos Fernández, uno de los directivos de Sintrasales, uno de los dos sindicatos en esta empresa, el fondo tuvo alrededor de $2.000 millones y la plata que tenía destino específico, fue tomada por los ejecutivos para otras obligaciones.

No solo existe esta deuda, también hay compromiso de salarios , son obligaciones que generaron muchas dudas y desconfianza en los trabajadores hasta llegar al paro que completa este sábado 101 días en los cuales la empresa siempre ha evadido cualquier acercamiento, dicen los sindicalistas.

Los saqueos a la empresa

Las declaraciones del Ingeniero Carlos Fernández, indican que la empresa se hizo un compromiso en medio de la huelga, es un compromiso de ley para vigilar las instalaciones y para evitar daños ecológicos, pero no ha cumplido. Señala que por eso, los particulares se apoderaron de una sección en la factoría, donde se produce y almacena la Salmuera que luego debe generar la sal. Como no hay bombeo, ni vigilancia, la salmuera se cristalizó allí y ahora es explotada en el día con el apoyo de hombres armados y en las noches, amparados en la oscuridad ingresan camiones a cargar el mineral que desprenden en el día. Por esto, dicen los trabajadores, ya hay una denuncia penal, pero ni las autoridades administrativas que tienen parte en la empresa, ni las restantes autoridades hacen algo para evitar el millonario saqueo. Una sola tonelada de sal tiene un costo de $71.500 en las instalaciones del complejo salinero. La producción de 2.019 fue de 211.000 toneladas, muy por debajo de la meta de un millón que en principio se habían puesto los directivos de Big Group.

Despidos masivos en cuarentena

El ingeniero sindicalista dice que son cerca de 12 trabajadores los que han sido despedidos de la empresa sin una justa causa y lo que es peor, en medio de la crisis por la pandemia, lo que genera dudas sobre la objetividad del proceso. Yo mismo, Carlos Fernández con fuero sindical y el señor Alex Martínez, otro directivo, recibimos hace poco las cartas donde se nos cancelan los contratos. “Lo más triste es que la Alcaldía, ni la Gobernación, han dado lo necesario para que esta empresa respete las leyes laborales y evite el gran problema laboral y ecológico que existe ahora”, indicó Carlos Fernández.

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