El Heraldo
Cortesía.
La Guajira

Acción urgente para impedir la cremación de una joven wayuu

La mujer murió en Bogotá a causa de un parto y sus familiares quieren que sea sepultada en el territorio ancestral de su comunidad indígena.

En una acción urgente la ONG Nación Wayuu está solicitando la entrega del cuerpo de una joven indígena quien falleció en Bogotá después de un parto y que va a ser incinerada atendiendo los protocolos de las autoridades de Salud. 

Según relata la organización, Neida Elvira Gouriyu residente en la comunidad de Masichi, del corregimiento de Taroa en la Alta Guajira, falleció en el hospital La Victoria después de dar a luz y aunque al ingresar la prueba de Covid-19 fue negativa, después de fallecida, resultó siendo positiva. 

“Su muerte ocurrió el 31 de agosto y se pretende incinerar el cuerpo, pero el Proceso Organizativo Indígena Wayuu Onoshi ha venido realizando las diligencias para que el cuerpo sea devuelto a su territorio ancestral, pero la Secretaría de Salud de Bogotá se opone a esta exigencia enmarcada dentro de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, agrega Nación Wayuu.

Según manifiesta esta organización, mientras se le niega el derecho a la dignidad de las personas indígenas fallecidas a la joven Surelis de ser devuelta a su territorio ancestral, el cuerpo de un Gobernador Indígena del Putumayo fallecido también en Bogotá por coronavirus, fue devuelto a su territorio ancestral y hasta se dispuso de un helicóptero para su traslado.

“Es pertinente indicar que el pueblo indígena wayuu, en particular sus mujeres son quienes han venido siendo víctimas de estas graves vulneraciones, sin que las organizaciones que hoy festejan y exhiben sus imágenes se pronuncien al respecto”, manifiestan los líderes de Nación Wayuu.

Recuerdan igualmente que un cabildo gobernador de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada, quien falleció en Santa Marta por Covid-19  fue trasladado en un helicóptero a su territorio ancestral. 

En la Acción Urgente argumentan que si la joven es cremada,  sería un grave atentado a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas sujetos de especial protección constitucional que generaría graves afectaciones físicas, psicológicas y espirituales a sus familiares teniendo en cuenta su cosmovisión y creencia. 

La comunicación va dirigida a los ministerios del Interior y de Salud, a la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la secretaría de Salud de Bogotá, la Comisión de Derechos Humanos de la ONIC y la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

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