Con sentimientos encontrados se encuentran los familiares de un menor de 9 años que, tras varios meses esperando una autorización médica, finalmente fue intervenido en la Fundación Oftalmológica del Caribe, en Barranquilla, para tratar un trauma ocular que amenazaba con dejarlo ciego.
El niño, quien sufrió un accidente casero, había requerido atención especializada desde hace tiempo. Sin embargo, sus allegados afirman que la EPS Cajacopi tardó meses en gestionar el tratamiento, situación que llevó a su padre a un estado de desesperación.
La historia tomó un giro inesperado cuando, el pasado 29 de mayo, el padre del menor, identificado como Juan Carlos Vega, presuntamente prendió fuego a las oficinas de Cajacopi en Maicao, La Guajira, como protesta a la demora en la atención para su hijo.
El caso, que no dejó víctimas ni heridos, pero sí millonarios daños a la infraestructura, ha generado opiniones divididas en todo el país. Algunos sectores lo han catalogado como un acto de intolerancia, mientras que otros lo interpretan como una reacción desesperada ante lo que consideran una clara negligencia del sistema de salud.
Este viernes, un juez de turno definirá si Vega será enviado a prisión mientras enfrenta los cargos que la Fiscalía le imputará. Aunque aún no se precisa el listado de delitos, no se descarta que enfrente acusaciones por daño en bien ajeno y tentativa de homicidio, debido a que al momento del incendio había personas dentro del edificio.
Por su parte, Cajacopi asegura que ha cumplido con la atención requerida por el menor. Según la EPS, desde el 23 de mayo se activaron protocolos de urgencia en el Hospital San José de Maicao, con seguimiento por subespecialistas.
Además, detallan que el 26 de mayo se autorizó una valoración de oftalmología pediátrica en Riohacha y, al día siguiente, una nueva consulta con optometría y especialista en córnea, lo que permitió programar la intervención en Barranquilla.
“El menor ha estado recibiendo atención oportuna, continua y gestionada conforme a la necesidad clínica reportada por los profesionales”, señaló la entidad, que calificó como injustificables los actos de violencia por parte del acudiente, al poner en riesgo la vida de pacientes y personal médico.
