La Guajira: Corte pidió a la Procuraduría y Contraloría investigar incumplimiento de protección a niños wayuu

La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional a la Sentencia T-302 de 2017 informó este jueves en un comunicado que realizó una inspección judicial durante cinco días en 21 comunidades de la Media y Alta Guajira, con el fin de verificar el cumplimiento de las órdenes allí dadas en la ruta de la protección Wayuu.

Allí, la Corte, entre el 17 y el 21 de abril pasados, escuchó las inquietudes de las comunidades Wayuu frente al cumplimiento del fallo, observó las fuentes de agua, los lugares de alimentación y los centros de salud, y promovió espacios de diálogo entre las entidades de los distintos órdenes territoriales para avanzar en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.

'Se advierten serios problemas frente al cumplimiento de las órdenes estructurales contenidas en la sentencia y las medidas provisionales de urgencia que se han adoptado a lo largo del seguimiento. Por esta razón, luego de verificadas las fuentes de agua, los lugares de alimentación y los centros de salud, y atendiendo a las circunstancias observadas, se generaron algunos compromisos entre la comunidad y la institucionalidad para atender las necesidades inmediatas de la población', se lee en el comunicado del alto tribunal.

Por eso, se remitió solicitudes a Contraloría y Procuraduría, para que inicien las investigaciones de sus competencias con base en las probables irregularidades encontradas, y que echan por tierra la intención de la Alta Corte cuando declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira con la sentencia T302..

Fueron 21 comunidades de la media y Alta Guajira visitadas en las que se halló problemas frente al cumplimiento de las órdenes estructurales contenidas en la sentencia y las medidas provisionales de urgencia que se han adoptado a lo largo del seguimiento. Por esta razón, luego de verificadas las fuentes de agua, los lugares de alimentación y los centros de salud, y atendiendo a las circunstancias observadas, se generaron algunos compromisos entre la comunidad y la institucionalidad para atender las necesidades inmediatas de la población.

Entre las autoridades obligadas que participaron de los compromisos se destacan varios ministerios, las entidades territoriales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y algunas empresas de salud y servicios públicos.

En la inspección judicial realizada, 'se advirtieron fallas en las soluciones hídricas que se han puesto en marcha para atender a las comunidades, como la poca frecuencia de los carros cisterna y el mal estado de pozos y jagüeyes. Así mismo, se encontraron problemas en el suministro de alimentos y falta de atención por las entidades encargadas, como el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Y frente al tema de salud, sobresalió la ausencia de personal médico, equipos de salud insuficientes y en mal estado, falta de ambulancias e insuficientes medidas de atención extramural. Todo ello además permeado por la falta de vías adecuadas de acceso que faciliten el transporte y recorrido de la población por el territorio', dice uno de los apartes del informe del magistrado Iván Escrucería Mayolo.

Ahora la decisión de aplicar medidas correctivas y sanciones está en manos del Ministerio Público, pues ante el desolador panorama, 'la Corte dispuso la vigilancia de lo acordado por la Procuraduría General de la Nación. Igualmente, al detectar algunas obras públicas abandonadas o en estado de deterioro se determinó dar traslado de lo constatado a la Contraloría General de la República, así como a la Procuraduría General de la Nación, para que estas entidades adelanten las investigaciones fiscales y disciplinarias a que hubiere lugar' y añaden que sobre esa situación, la Corte más adelante tomará decisiones.

La Sala de Seguimiento considera que lo hallado en los cinco días, no solo en las rancherías, sino en barrios de Riohacha y Maicao, es una situación crítica y conmovedora en la que está en juego la salud y la vida de decenas de niños.

El informe del magistrado indica que varias comunidades aprovecharon la presencia de ellos en el terreno para informarles que el registro actual de muertes por desnutrición de los niños que se maneja por las entidades del Estado, puede estar muy por debajo de o que es la realidad de la tragedia que siguen viviendo os mejores y adultos que también son afectados.

Sostienen los líderes de varias zonas que ante esta crisis interminable, es necesario avanzar en el cumplimiento de las medidas cautelares proferidas en el Auto 696 de 2021 y la urgencia de poner en marcha la Mesa Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEP), lo cual ya ordenado, con el fin de avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional.

Como existe la posibilidad de que se hubiera conocido previamente cuales eran los sitios que serían visitados, el informe indica que los lugares donde hay la misma tragedia en cualquiera de los cuatro municipios priorizados, deben ser atendidos con la misma premura y para eso la Corte Se encargará de ejercer la vigilancia correspondiente.

La visita fue acompañada por tres expertos en agua, alimentación y salud, así como por una mujer wayuu intérprete de wayuunaiki. Asimismo, asistieron a la diligencia la Consejería Presidencial para las Regiones; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Ministerio de Educación; el Ministerio de Transporte; el Instituto Nacional de Vías; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; la Gobernación de La Guajira; las alcaldías de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao; algunas empresas de agua potable municipales; la empresa de agua departamental, la Defensoría del Pueblo; la Procuraduría General de la Nación; la Veeduría Ciudadana.