Obispo de Riohacha pide atención urgente para evitar muertes por desnutrición

Con el fin de elevar una alerta urgente sobre el estado de salud de los niños y niñas que habitan en La Guajira el obispo de la Diócesis de Riohacha, monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, les envió una carta a los magistrados de la Corte Constitucional por el no cumplimiento de la Sentencia T-302 que declaró el estado de cosas inconstitucional en este departamento.

'Señores Magistrados, al conocer la situación de abandono en que se encuentran la mayoría de los niños, niñas y comunidades indígenas del departamento de La Guajira, y el no cumplimiento de la Sentencia T-302, o pocos avances al respecto, con todo el respeto que ustedes se merecen, les manifiesto que como Iglesia Católica, que conoce de primera mano en razón de nuestro ministerio pastoral, la situación que aquí se vive, no podemos guardar silencio frente a esta grave situación', expresó el obispo.

Recordó el reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo, en su visita realizada a La Guajira el día 20 de septiembre 2021, donde se reveló con estadísticas lo que a diario se ve en las comunidades indígenas: el estado de salud de cientos de niños que no tienen agua, alimento, atención en salud ni las condiciones mínimas para vivir de manera digna a pesar de ser sujetos de derecho amparado por la CIDH y por las 14 sentencias sin cumplimiento que tienen esta región.

'Con gran preocupación noto cómo las noticias siguen registrando a La Guajira como el departamento en el que se reportan más muertes de niños y niñas por causas relacionadas al hambre', expresó.

Se remitió a las noticias en las que se informa que durante los nueve meses de este año han fallecido 26 menores, lo que representa el 22,6 %. Además, el Defensor del Pueblo también informó que entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre de este año, ocho niños y niñas menores de cinco años murieron por causas relacionadas con la desnutrición.

'Estas noticias muestran con datos los mínimos avances y acciones desarticuladas y poco eficientes de varias entidades responsables y la poca efectividad de los informes de las entidades de supervisión y seguimiento, lo mismo que el estado de los pozos perforados, y la insuficiencia de la cobertura de las pilas públicas', indica el prelado.

Considera lamentable la situación, si se tiene presente que el hambre es un flagelo que se ha extendido en la región por más de una década y el cual podría erradicarse, de contar con la voluntad institucional, un plan articulado de políticas públicas que lleve a las comunidades soluciones a corto, mediano y largo plazo y una acción más sistemática y seria por parte de las entidades de supervisión, seguimiento y control y así superar el estado de cosas inconstitucionales que se mantiene inamovible hasta el día de hoy.

Agrega que 'es urgente frenar cualquier estado o riesgo de desnutrición de un menor o madre gestante en Colombia y en especial, dentro de esta península, donde los niños ya no tienen un tiempo de espera. Es indispensable detener los plazos concedidos para la presentación de un plan de acción que permitan obras que salven vidas de manera permanente, definitiva, universal y con sostenibilidad en el tiempo'.

El obispo indica que, como Iglesia Católica y como Departamento de la Defensa y Promoción de la Vida de la Conferencia Episcopal, solicita de manera urgente a la Corte Constitucional a fin de que se dé celeridad a los procesos de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, mover voluntades y tomar las medidas legales a las que haya lugar a fin de poder obtener resultados en la disminución de la mortalidad y la desnutrición.