El bloqueo de cuatro días de la vía al Sur de La Guajira que comunica con el departamento del Cesar no fue otro que el grito desesperado de una región rica en recursos naturales, pero sumida en el olvido estatal y la corrupción administrativa.
Así lo definen los voceros del paro cívico que comenzó el martes 25 de junio y quedó suspendido de manera temporal este viernes.
El reclamo y las voces que se escuchan con vehemencia, son de transportadores, indígenas y campesinos, entre otros, que a diario se preguntan por qué siguen padeciendo por el mal estado de la vía en la que 311 personas murieron en accidentes en los últimos 18 años y por qué los indígenas siguen caminando siete horas diarias para buscar agua en jagüeyes. O por qué han fallecido 13 niños por desnutrición en lo que va corrido del año, pese a los anuncios oficiales para disminuir el flagelo.
Rubén Fuentes, líder de Fonseca, esta crisis humanitaria y económica es 'inaceptable', teniendo en cuenta que —según la Agencia Nacional de Minería— el carbón generó regalías por $313 mil millones durante el primer semestre de 2018 en La Guajira, mientras que en 2017 las regalías y compensaciones causadas y transferidas al Sistema General de Regalías fueron de $556 mil millones.
Una vía que cobró 313 muertes
El estado de la vía del Sur de La Guajira es 'deplorable', como la califica el exgobernador (e) Wilson Rojas. Desde hace 18 años, cuando entró en operación, han muerto 311 personas en accidentes de tránsito y se han pagado unos $3 mil millones en indemnizaciones.
En un encuentro que tuvo este año con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que se necesitan en total $246 mil millones para la reconstrucción total de esta vía (32,7 km). El jueves, el director de Invías, Juan Esteban Gil, ofreció $25 mil millones, cifra que fue rechazada por los manifestantes, teniendo en cuenta los recaudos del peaje de San Juan que en enero recibió $1.378 millones y $760 millones en febrero, según el arquitecto fonsequero Rubén Mendoza.
13 niños han muerto por desnutrición
Pese a los anuncios estatales para combatir el flagelo, 4.770 niños han muerto en La Guajira por desnutrición en los últimos ocho años de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Salud. Las estadísticas reflejan que la problemática no ha disminuido teniendo en cuenta que en lo que va del año 13 infantes han fallecido por la misma causa. La Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por los indicadores de la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: 32,54% por cada 1.000 niños frente al 6,7% del promedio nacional. 'No es suficiente que las comunidades tengan a su disposición pozos o jagüeyes, si el agua que se obtiene de ellos no es apta para el consumo humano', se lee en la providencia.
Cobertura del agua es del 4% en zona rural
La Guajira tiene la cobertura de agua en zona rural más baja del país (4%) y aunque en la zona urbana la cobertura alcanza un 90%, la continuidad promedio es de 9 horas por día. El municipio que no recibe agua es Manaure, mientras que La Jagua del Pilar tiene 22 horas, Distracción, 23 y Riohacha, 12,5 horas en promedio. Dibulla, Barrancas y Fonseca; con bajo riesgo están Distracción, San Juan del Cesar, Villanueva, Manaure, Uribia, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Albania y Urumita. El 76% de los guajiros vive en municipios que no tratan sus aguas residuales adecuadamente y en las zonas más dispersas, donde vive la población indígena, las personas caminan hasta 7 horas al día para recoger agua en pozos y jagüeyes.
Migración agravó crisis de salud
La atención en salud de los guajiros está en cuidados intensivos, lo que se ha agravado con la migración venezolana. La Guajira es el tercer departamento del país que tiene más migrantes con 137.323, lo que representa el 11.7% del total en el país que son 1.260.594. La Administración Temporal de la Salud de La Guajira le adeuda al Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha $11.900 millones por la atención en urgencias y otros servicios a la población migrante venezolana. Mientras que el hospital San Jose de Maicao, que está intervenido, está a punto de colapsar porque se ha desbordado la demanda de atención. El gerente de Frontera, Felipe Muñoz, informó que con $13 mil millones buscan aliviar la deuda de los hospitales de Maicao y Riohacha,
Suben el desempleo y la informalidad
El desempleo en Riohacha alcanzó 15,3% en abril, superior en 2,4 puntos porcentuales a igual periodo de 2018, cuando llegó a 12,9%. según el Dane. La capital guajira se sitúa en el puesto 7 entre las 23 ciudades principales e intermedias del país con mayor desocupación. La informalidad llegó al 64%, por encima del promedio de las 23 ciudades principales e intermedias ( 48%) La Cámara de Comercio de La Guajira reveló que Riohacha sigue con limitaciones que afectan el mercado laboral: el tamaño de la estructura económica, el bajo gasto y poca inversión de los gobiernos territoriales y la vinculación de la población migrante venezolana en comercio, construcción, belleza, cosméticos, confecciones, alimentos y bebidas y no estar en una 'rosca' o grupo político, entre otras.
La escasez de combustible
El desabastecimiento de combustible se ha agravado desde la crisis de Venezuela. El combustible de las estaciones locales proviene de Atlántico y Bolívar. Yusti López, gerente de una de las mayoristas de estaciones, dic que, el desabastecimiento se presenta desde agosto de 2015, cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro cerró la frontera, lo que impide el ingreso de combustible de contrabando y se dio por terminado el convenio según el cual Venezuela abastecía a Colombia.'Estamos viendo la necesidad de tener un combustible propio y no depender de la informalidad o las decisiones de Venezuela', dice. La Guajira tiene una demanda de tres millones de galones por mes y un cupo de 1.700.000 que ha sido aumentado en tres ocasiones de manera momentánea por el Ministerio de Minas y Energía.
El riesgo inminente en la educación
En medio de la crisis del departamento, en febrero de 2017 el Gobierno Nacional aprobó acciones inmediatas. El objetivo de las medidas de choque era beneficiar a los habitantes de las zonas más vulnerables. La intervención en el sector educativo se produjo por el riesgo inminente en la prestación del servicio, por fallas en el reporte de la información, por superar los topes en gastos administrativos y por otras irregularidades.
En los dos últimos años, al menos 250 mil estudiantes pudieron acceder por primera vez a las aulas en febrero pasado.
Sin embargo, persisten fallas en algunos aspectos como el transporte escolar en las áreas rurales, donde la concertación con algunas comunidades indígenas ha tenido dificultades y por la contratación por parte de la administración departamental para los doce municipios no certificados.
Corrupción tiene a La Guajira ‘en jaque’
Wilbert Hernández, el nuevo gobernador (e), es el mandatario 11 de los últimos ocho años. En el 2013, desde la captura de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado a 55 y 40 años por concierto para delinquir y homicidio agravado, se acrecentó la crisis administrativa. De la lista hacen parte José María Ballesteros (peculado por apropiación y contratación sin cumplimiento de requisitos legales), Oneida Pinto ( investigada por hechos de corrupción en dos contratos del programa para reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania), Wilmer González (condenado a diez años por la Corte por los delitos de cohecho, por dar u ofrecer, falsedad en documento privado y fraude procesal, así como determinador del delito de corrupción de sufragante, que fueron cometidos durante el proceso electoral en el cual fue elegido) .
