Por considerar que las mujeres gestantes wayuu de los municipios de Manaure, Riohacha y Uribia, en La Guajira, están en una situación de gravedad y urgencia y que su vida está en riesgo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, amplió las medidas cautelares que había otorgado a los niños para que se garantice su vida e integridad personal.
Esto en respuesta a una petición hecha por la abogada Carolina Sáchica y el líder wayuu Javier Rojas, quienes consideraron que la vida de unas nueve mil mujeres gestantes wayuu se encuentran en situación de riesgo, debido a la falta de acceso a atención médica en la zona y altos niveles de desnutrición, 'en el marco de una serie de condiciones relacionadas con la falta de alimento y agua en la zona'.
La CIDH solicita al Estado colombiano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las mujeres gestantes y lactantes wayuu de esas poblaciones, asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud para las mujeres, para que tengan acceso a atención médica, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, tomar medidas inmediatas para que tengan acceso al agua potable de manera sostenible y suficiente, tomas medidas para que puedan tener alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias con pertinencia cultural y concertar las medidas con las beneficiarias y sus representantes.
En diciembre del 2016 se cumplió un año desde que la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu, frente a temas que los aquejan como la desnutrición infantil, la falta de agua y el acceso a un buen servicio de salud.
Esto teniendo en cuenta la muerte de niños por desnutrición, cuya cifra el año pasado llegó a 89 y en lo que va corrido del 2017 ya llega a seis menores fallecidos.
Las medidas iniciales no se cumplen.
Según el líder Javier Rojas de la Asociación Shipia Wayuu, 'el Gobierno aún no toma medidas reales para evitar el exterminio sistemático y eso se refleja porque los niños siguen muriendo a pesar de esta decisión de la CIDH'.
Dijo que son 37.000 niños que han sido identificados con desnutrición en La Guajira según el informe de la crisis humanitaria de la Defensoría del Pueblo, pero 'el gobierno no nos escucha'.
La abogada Sáchica por su parte afirmó en su artículo ‘El silencioso exterminio de la comunidad indígena wayuu’, que hace un año 'ante la noticia de la decisión de medidas cautelares de la CIDH, fue emocionante ver cómo un país entero se unió en celebración a través de distintos medios masivos de comunicación. Periodistas de todo el mundo documentaron la noticia y en general la situación de la etnia'.
Asegura que fue un triunfo jurídico enorme, pero que también era una vergüenza nacional, ya que se tuvo que acudir a una instancia internacional, cuando era obvio que el Estado colombiano le brindara protección a esta población vulnerable.
'Las acciones y multimillonarias inversiones reportadas por el Gobierno como evidencia del cumplimiento de las medidas cautelares no se ven en la realidad del territorio, donde en las rancherías los niños siguen pasando el día entero con un vaso de chicha de maíz como único alimento', manifestó.
Agrega que 'a falta de agua potable consumen agua contaminada, cuando la hay; las distancias entre las comunidades y los centros médicos, así como la ausencia de transporte, hacen casi imposible el acceso al servicio de salud'.
