Alejandro Rafael Hernández Vidal, señalado por la Fiscalía como el supuesto ‘Zar del PAE’ en la Costa Caribe colombiana, se entregó a manos de las autoridades por su supuesto vínculo con la contratación del Programa de Alimentación Escolar en Atlántico y otros departamento de la región. El hombre pasó la noche en la URI de la Fiscalía.
Según conoció este medio, las negociaciones de la abogada de Hernández Vidal –de 45 años y oriundo de Ovejas (Sucre)– con la Fiscalía Seccional Atlántico habrían iniciado a finales del año pasado, pero solo se materializaron este lunes con la entrega del hombre señalado de 'controlar' varias fundaciones que suministraban los servicios a las uniones temporales que operaban el PAE en los departamentos de Córdoba, Sucre, Atlántico y La Guajira, donde llegó a manejar recursos por el orden de los $726 mil millones, a través de al menos 1.520 contratos o convenios, según el ente investigador.
Junto a Hernández, se entregó también su sobrino Chahee Abauu Hernández, quién era requerido con orden judicial de captura.
La Fiscalía este martes los presentará ante un juez para legalizar su captura, imputar cargos y solicitar una medida de aseguramiento.
De Hernández Vidal se conoció que es psicólogo de profesión y reside desde hace varios años en el barrio Manga de Cartagena (Bolívar).
Al Atlántico llegó en el año 2012 y desde entonces maneja con distintos sectores políticos los temas contractuales. La Fiscalía lo investiga desde marzo de ese año.
Su entrega a la Justicia fue en la ciudad de Barranquilla, donde empezó a ser nombrado ‘Zar’ tras la ‘Operación Pandora’ que lanzó la Fiscalía para 'destapar' las supuestas irregularidades existentes en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento del Atlántico; y que derivó en la captura del ex secretario de Educación departamental Dagoberto Barraza, el funcionario público Emil Armando Pacheco y los contratistas Uriel Eduardo Reyes y Félix Enrique Barrios.
Los delitos por los que era requerido Hernández Vidal son interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, abuso de la función pública, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado, los cuales se espera que les sean imputados hoy por la Fiscalía en el desarrollo de las audiencias preliminares.
