Los retos pendientes de la Justicia con población LGBT
Organizaciones y abogados señalan que ha habido avances “significativos”, pero persiste “una deuda” en lineamientos oficiales para resolver los casos.
“Fue un suicidio”. Así calificó la Policía la muerte de una mujer trans cuyo cuerpo fue hallado en su domicilio, la madrugada del pasado miércoles, en un barrio del municipio de Soledad, Atlántico. Pocos detalles salieron a la luz sobre lo ocurrido.
De hecho, según vecinos, los investigadores “no demoraron mucho tiempo” en la escena del crimen ni tampoco, a su parecer, recabaron suficientes pruebas para corroborar o descartar la hipótesis inicial.
Gabriela, como era conocida la mujer trans, era una migrante venezolana de 29 años, residente en el país desde hace 4 años y se desempeñaba como peluquera. “Era de poco hablar” y “no se metía con nadie”, según afirmaron sus amigas y vecinas.
Los investigadores, según dijeron las compañeras de Gabriela, “no mostraron gran interés en saber quién era y mucho menos en indagar por qué se habría, presuntamente, quitado la vida”, pero ellas aseguraron que su amiga “había tenido una discusión con una persona el día anterior a su muerte y, al rato de haber transcurrido la pelea, salió de su casa bastante arreglada y elegante”.
El caso de Gabriela, según organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBT, tiene elementos que no se pueden desechar y que, por el contrario, deben ser tomados en cuenta, debido a que en política criminal los suicidios pueden ser inducidos o motivados. Es por eso que, destacan, la investigación “es esencial en este tipo de hechos”, así como la búsqueda de los elementos materiales probatorios adecuados para lograr verificar o descartar el móvil prejuicioso de un hecho, con el fin de que las víctimas puedan conseguir un mejor acceso a la justicia en cuanto a sus casos.
Es por ello que organizaciones y defensores de derechos humanos ven con preocupación que el caso de Gabriela, junto a otros 12 homicidios más, se hayan perpetrados en el Caribe colombiano contra personas LGBT durante la pandemia en el marco del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional, periodo en el cual las autoridades tienen el compromiso de proteger a los ciudadanos en sus entornos.
Pero, a propósito de la anterior cifra, ¿cómo ha sido el acceso a la justicia de personas LGBT en Colombia que son víctimas de la violencia por prejuicio?
Para darle respuesta a esta interrogante es preciso identificar los avances y retos del ordenamiento jurídico y de lo preparado que está el recurso humano para abordar este tipo de hecho violentos en el país.
Un sugerencia
En febrero pasado, Caribe Afirmativo elaboró un documento en el que señalaba que “no existen cifras oficiales” sobre hechos de violencias cometidas contra personas LGBT, debido a que los esfuerzos que ha llevado a cabo la Fiscalía General de la Nación para empezar a identificar los episodios y responder de manera diferenciada “son muy recientes”.
“Aún les queda un largo camino por recorrer para implementar adecuadamente una atención, investigación y judicialización con enfoques diferenciales desde una perspectiva interseccional”, señala el documento de la organización.
Es por ello que la organización sugiere tratar los casos con una perspectiva desde “la violencia por prejuicio” entendiéndose como una categoría de análisis con ventajas para la reivindicación de derechos de las personas LGBT, que va más allá de la homofobia o de crímenes de odio.
Una parte significativa del movimiento LGBT en Colombia ha optado por utilizar la de violencia por prejuicio, por sus alcances para la exigibilidad de los derechos de esta minorías en medio de un sistema que opera bajo lo heteronormativo y binario del género y la sexualidad.
“Dado que la categoría de violencia por prejuicio ha sido adoptada por una parte significativa del movimiento LGBT en Colombia, se señalan algunas de ventajas analíticas que permiten desligar la violencia contra la población LGBT de las actuaciones irracionales o incontrolables de los sujetos (homofobia), además de entender que la violencia contra personas LGBT tiene una relación con el contexto social”, señala el documento.
Esta categoría también permite entender que la violencia tiene unos impactos amplios, que no solo afectan a quien la recibe directamente, sino también a las demás personas que comparten características con dicha persona, en razón de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género diversa. Por lo tanto “no es una categoría que necesariamente excluye otras que se han utilizado, sino que, más bien, puede abarcarlas en muchos casos y explicarlas”.
Hay una “deuda”
Para Jairo Mendoza, abogado del área de Paz y Conflicto Armado de Caribe Afirmativo, el Estado sigue “en deuda” con el establecimiento de lineamientos oficiales para resolver casos de violencia por prejuicios contra personas LGBT.
Sin embargo, el abogado reconoce algunos avances que se han dado en el país, como la designación de fiscales especializados LGBT, que ejercen desde 2014.
“Esto es importante porque este tipo de funcionarios tienen la responsabilidad de ir más allá del hecho, buscando causas y móviles prejuiciosos, además de investigar de manera macro los casos. Estos fiscales están más preparados para ordenar la recolección de elementos materiales probatorios”, indicó Mendoza, quien también rescata la participación de los fiscales en espacios de diálogos con las organizaciones y la ciudadanía.
El jurista manifestó que existe “una falla grande” en cuanto a que no hay una diferenciación entre los asesinatos de personas que no tienen una orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género diversa de las que sí, y eso “dificulta” aún más las investigaciones.
“Se necesita de un andamiaje jurídico para garantizar este acceso a la justicia. El cuerpo de investigación necesita robustecerse para ayudar a los fiscales en su labor. Eso llevaría a reducir los índices de impunidad”, manifestó Mendoza.
Entre tanto, Enith Bula Beleño, abogada y experta en temas relacionados con el acceso a la justica de personas LGBT, manifiesta que lo que ocurre hoy día en medio de la pandemia con esta minoría “es preocupante”, debido a que algunas medidas han “afectado de manera directa” a la población.
“Se ha observado que durante este periodo de aislamiento ha habido un importante incremento de los homicidios diferenciados contra las personas LGBT en la Costa Caribe”, señaló Bula Beleño, y considera importante que la Fiscalía “agilice las investigaciones de los casos”.
La abogada precisó que es importante que las autoridades públicas comiencen a identificar las causas por las que se puede estar incrementando la violencia contra esta población, para adoptar las medidas de prevención con el enfoque de género.
“Muchas veces la dificultad en el acceso a la justicia de estos casos tienen su origen en la falta de la aplicación de los enfoques diferenciales, tanto en la metodología de investigación como en la imputación de los tipos penales”, explicó la abogada.
Por otra parte, desde 2017, la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía en conjunto con la organización Caribe Afirmativo han trabajado en la elaboración de una guía de buenas prácticas para la investigación y judicialización de violencias fundadas en la de las víctimas de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.
“Esta guía ha sido construida bajo un trabajo articulado entre la Fiscalía y la sociedad civil, y, gracias a los procesos de formación con fiscales y policía judicial, sus contenidos han sido socializados y han sido objeto de retroalimentación”, señala el documento de Caribe Afirmativo.
Sin embargo, la guía aún no ha sido publicada. “Los trámites “burocráticos” para su aprobación y publicación han dilatado durante más de dos años su publicación”. Esto ha llevado a que la organización publique y socialice con fiscales y policías judiciales guías pedagógicas sobre el tema, para que puedan utilizarlas mientras la guía final es publicada.
Un pendiente: Exhortación a la CIDH
El Informe Anual 2018 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, del que Colombia hace parte, menciona la importancia de que los Estados adopten medidas dirigidas a llevar a cabo investigaciones efectivas, prontas e imparciales respecto de actos de violencia y discriminación contra las personas LGBT, y que urge actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, procesar, sancionar y reparar las violaciones, promoviendo la investigación rigurosa, y asegurar el acceso efectivo a la justicia de esta población, incluyendo la adopción de protocolos específicos para la debida actuación de funcionarios y administradores de justicia.
La situación de los derechos humanos de las personas LGBT en medio de la pandemia fue analizada por Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, quien señaló que esta población ha padecido la emergencia sanitaria entre homicidios, crisis de ansiedad, desalojos injustos, hambre y estigmatización.
“Las personas LGBT, además de tener que lidiar con las condiciones físicas que agudizan la condición de vulnerabilidad con las que el resto de la población convive, a saber, la preexistencia de enfermedades crónicas, las afecciones respiratorias, ser un adulto mayor, poseer un sistema inmune débil, entre otras, deben enfrentar la estigmatización social por pertenecer a un grupo poblacional cuyos estereotipos han construido prejuicios que, a su vez, han proliferado como imaginarios negativos colectivos que, al día de hoy, siguen reforzando la exclusión social de estas personas”, explicó Castañeda.
En este sentido, el director destacó que “se debe resaltar” la importancia del concepto de interseccionalidad dentro de la población LGBT, esto no es más que identificar los factores sociales que agudizan la condición de vulnerabilidad de una persona de esta comunidad, tales como la raza, el estatus socioeconómico, pertenencia étnica, inclinación política y/o religiosa. “No es lo mismo hablar de un hombre blanco gay con gran poder adquisitivo en Barranquilla, que de una mujer trans empobrecida y afro en El Carmen de Bolívar”, dijo.
Los homicidios y muertes violentas que se han registrado durante la pandemia en contra de la población LGBT en el Caribe, según la organización, tienen varios factores característicos.
Uno de ellos es que ocurren en los domicilios de las víctimas mayoritariamente, en una época donde se les pide a las personas permanecer en casa. “Para muchas de estas personas la casa es un lugar que significa mayor vulnerabilidad a sus derechos, por la presencia de violencia de género e intrafamiliar”, argumenta Castañeda.
“Se ve el incremento del uso de armas blancas y contundentes, que en sociología criminal reflejan mayores niveles de violencia y dolor a la víctima y que socialmente envían un mensaje a su entorno, que aumenta los niveles de miedo, pánico y angustia de las personas LGBT, bajo el mensaje de que es una violencia de afectación colectiva, así se aplique a unas personas seleccionadas”, detalla el director de la organización.
