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Yesenia Pérez, de 33 años, es una de las dos víctimas por ataque de ácido que se ha presentado recientemente en Barranquilla.
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El ácido, un arma que no se regula en Barranquilla

A pesar de que en el país rige una ley que reglamenta la venta de esta sustancia.

Comprar una botella de ácido en una ferretería de Barranquilla es tan fácil como adquirir pan y gaseosa en cualquier tienda o refresquería de la ciudad.

A pesar de que desde el 1ro. de septiembre de este año entró en vigencia la regulación de la venta de ácidos en todo el territorio nacional, en la capital del Atlántico son contados los establecimientos comerciales que aplican esta normativa, tal como lo comprobó este medio de comunicación.


Este medio visitó cuatro locales donde se expenden esta clase de productos químicos y solamente en uno tenían conocimiento de la reglamentación. En los demás se pudo comprar hidróxido de sodio, mejor conocido como soda cáustica (una sustancia de alto poder corrosivo) sin ningún tipo de problema.


¿Nos vende una botella de ácido? Fue la pregunta que le hicimos a la empleada de una ferretería ubicada en la carrera 38 con calle 65, barrio Boston. “¿Cuál quiere?”, respondió la chica. Le dijimos que el más potente que tuviera, a lo que ella, muy diligentemente, nos propuso la soda cáustica, en sus dos presentaciones: líquido y en escamas.


La misma situación se evidenció en un negocio de similares características en la calle 47C con carrera 21, barrio El Carmen, y en otro ubicado en la carrera 40 con calle 35, Centro de la ciudad. En ninguno de estos establecimientos nos solicitaron nuestros datos personales, tales como cédula, teléfonos, dirección, etc. Es decir se pasaron por la faja lo que dice la ley para la compra de sustancias corrosivas, bien sea por desconocimiento o por negligencia. 

Qué dice la regulación especial

El Gobierno Nacional anunció el pasado 7 de mayo la implementación de una regulación especial para controlar la venta al menudeo de ácidos corrosivos y sustancias químicas, al tiempo que confirmó la expedición de un protocolo especial para la atención integral de las víctimas de ataques criminales y la reglamentación de la ley que endureció las penas por esta causa.

La regulación a la venta de agentes químicos en locales comerciales incluye el establecimiento de un registro de control para el expendio al menudeo de siete sustancias: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido nítrico, hidróxido de sodio en dos presentaciones: solución acuosa y en escamas.

Según la disposición, se considerará como venta al menudeo un volumen de hasta cinco litros o un peso de hasta cinco kilogramos. Se exigirá un registro con los datos personales de los compradores de los ácidos y químicos.

La ley ordena al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que se encargue de diseñar, poner en funcionamiento y mantener el sistema de información que deberá registrar tanto la procedencia de los productos corrosivos como los compradores, y los fines para los que sean vendidos, con el único objetivo de hacer seguimiento de la venta de estas sustancias y poder prevenir agresiones contra las personas.

Asimismo, el vendedor está obligado a suministrar la información del comprador y la procedencia del producto, en el formato que disponga el Invima, que contendrá la siguiente información: Nombre o razón social del vendedor y comprador, documento de identidad o NIT, tipo de transacción, descripción del producto, procedencia, cantidad, lugar y fecha de la transacción.

Ruta de atención

La norma establece una ruta intersectorial de atención integral a las víctimas de crímenes con ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas, que tiene como objetivo principal garantizar el restablecimiento efectivo de los derechos de las víctimas de estas agresiones.

La ruta intersectorial de atención integral tendrá los siguientes componentes: La atención integral en salud que incluye la atención de primeros auxilios, la protección a la víctima y su familia, el acceso a la justicia y la judicialización de los agresores, la ocupación laboral o la continuidad laboral de las víctimas de ataques con ácidos.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los últimos diez años se han registrado 926 casos de víctimas de ataques con químicos o ácidos en el territorio nacional, de los cuales 471 han sido mujeres y 455 hombres.

Colombia es el tercer país, después de la India y Pakistán, con mayor número de ataques con ácido por año, donde, según las estadísticas, ha tenido 500 víctimas de estos ataques desde el 2003.

Dos casos en Barranquilla

Dos ataques con ácido, uno de estos le costó la vida a una docente pensionada, se han registrado en la ciudad entre el 2013 y lo que va del 2014.

El primer caso ocurrió a las 5:00 de la tarde del 4 de septiembre del año pasado, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta abordaron a Virgilia María Romero Valencia, de 69 años, frente a su vivienda de la calle 60 No. 23-108, barrio Los Andes, y le arrojaron ácido. La dama murió 19 días después en una clínica de la ciudad. Al parecer las causas del atentado respondían a una extorsión que la señora se había negado a pagar.

El otro ataque con ácido lo sufrió Yesenia Pérez Garcés, de 33 años, el pasado 15 de marzo, cuando salía de un gimnasio en el barrio El Silencio. Afortunadamente logró recuperarse físicamente, pero los efectos sicológicos del ataque han sido para ella muy difíciles de erradicar. Hasta le fecha las autoridades no han capturado a los agresores de estas dos mujeres, es decir, están en la más absoluta impunidad. 

El psiquiatra forense Juan Isaac Llanos afirmó que un individuo capaz de cometer un crimen de esta naturaleza no se puede apartar de unos signos y síntomas de una persona con características de un psicópata. Para el abogado penalista Luis Mosquera, es necesario que se endurezcan las penas contra quienes atacan con ácido. “Este delito atroz no se puede castigar con pañitos de agua tibia”, puntualizó el profesional del derecho. 

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