La reciente condena a 26 años y 4 meses de prisión contra Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor y señalado cabecilla de la estructura delincuencial ‘los Costeños’, abrió un debate en redes sociales y sectores jurídicos sobre el alcance de la llamada justicia premial para poderosas figuras del crimen en este territorio.
El fallo fue emitido por un juez penal especializado de conocimiento tras la aceptación de cargos del procesado mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, dentro de una investigación que lo vincula con 95 homicidios selectivos y múltiples atentados armados ocurridos entre 2014 y 2024 en Barranquilla y Soledad.
Aunque las autoridades consideraron la sentencia como un avance judicial frente a una de las estructuras criminales que han protagonizado hechos violentos en el área metropolitana de Barranquilla, la duración de la pena generó cuestionamientos entre ciudadanos que consideraron que resultaba baja frente a la magnitud de los crímenes reconocidos, entre esos varias masacres.
En redes sociales incluso circularon cálculos que estimaban que la condena equivaldría a apenas unos meses de prisión por cada homicidio aceptado, lo que alimentó la discusión sobre los beneficios que permite el sistema penal acusatorio.
Recordemos que días atrás, EL HERALDO reveló que en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Barranquilla se adelantaba desde el miércoles 4 de marzo lo que sería una ‘macro-diligencia’ de verbalización de preacuerdo dentro de un proceso judicial contra Díaz Collazos.
Este medio tuvo acceso a unos documentos elaborados por la secretaría del despacho judicial en mención, en los que se citaban a familiares de al menos 133 víctimas, entre fatales y lesionadas en ataques a bala, en hechos ocurridos en los últimos años, incluso cuando ‘Castor’ se encontraba recluido en prisión en el país de Venezuela, pero desde allá, de acuerdo con las mismas investigaciones, ordenaba crímenes en territorio colombiano.
La justicia premial
Para Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, el debate refleja las dos lecturas que existen en torno a los preacuerdos y otras figuras de terminación anticipada del proceso penal.
Según manifestó, este mecanismo permite reducir la pena cuando el procesado acepta su responsabilidad, lo que evita largos procesos judiciales y facilita que la justicia llegue a una condena cierta.
Sin embargo, Herrera Mercado señaló que también existen críticas, especialmente desde la perspectiva de las víctimas, pues algunos sectores consideran que estas reducciones pueden generar un déficit en la sanción efectiva frente a la gravedad de los delitos.
“Es una figura que genera cuestionamientos, pero al mismo tiempo sus defensores señalan que contribuye a una justicia más eficiente, en la medida en que permite alcanzar condenas sin el desgaste que implican procesos judiciales extensos”, explicó.
En la misma línea, el abogado Raúl Romero del Río indicó que el caso de alias Castor es un ejemplo claro del funcionamiento de la justicia premial en el país.
De acuerdo con el jurista, cuando un procesado acepta cargos puede recibir una reducción significativa de la pena, que incluso puede llegar a una tercera parte o hasta la mitad de la condena que correspondería tras un juicio completo.
Romero también explicó que en el sistema penal colombiano las penas no se suman de manera matemática por cada víctima, como suele interpretarse en el debate público.
En su lugar se aplica la figura del concurso de delitos, mediante la cual se toma el delito más grave y se incrementa la pena dentro de un límite máximo legal establecido por la ley.
“El objetivo de esta figura es lograr una sentencia condenatoria anticipada y evitar juicios largos en los que existe el riesgo de que las pruebas se debiliten o que los testigos, por miedo, no declaren”, señaló.
Por último, el equipo de defensa de Jorge Eliécer Díaz Collazos, contactados por este medio, reveló que fueron al menos tres años de trabajo para lograr ese preacuerdo, al que calificó como bueno, que “se ajustaba a derechos y cumplía con todos los presupuestos”.
