Durante la audiencia en la que se estudia la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento contra Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, su abogado defensor, Alait Freja, pidió al juez levantar las restricciones que pesan sobre su clienta, entre ellas la prohibición de salir del país. El jurista sostuvo que las razones que llevaron a imponer dichas medidas en 2023 ya no existen debido al avance del proceso y a nuevos hechos ocurridos dentro del caso.
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Asimismo, la defensa recordó que el 4 de agosto de 2023 se impusieron medidas no privativas de la libertad contra Vásquez, luego de que le fueran imputados los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. De acuerdo con Freja, en ese momento el juez sustentó la decisión en el “peligro para la comunidad”, centrando su análisis principalmente en el cargo de lavado de activos.
No obstante, la situación jurídica de la exesposa de Nicolás Petro cambió tras la firma de un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación.
Entre los puntos que resaltó la defensa están:
- Exclusión de cargos: Con la legalización del acuerdo, el delito de lavado de activos quedó por fuera del proceso principal.
- Reducción del reproche: Actualmente solo continúa vigente el delito de violación de datos personales, conducta que la defensa considera de “menor gravedad”, pues se tramita bajo el procedimiento penal abreviado establecido en la Ley 1826 de 2017.
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Otro de los argumentos presentados por el abogado tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos asumidos por Vásquez dentro del acuerdo con la Fiscalía. Freja señaló que el pasado 16 de enero de 2026 un juez de control de garantías revisó su colaboración con la justicia y decidió extender el principio de oportunidad.
“La judicatura analizó que ella ha cumplido todas sus obligaciones. La única tarea pendiente no depende de ella, sino de los tiempos procesales: declarar en el juicio oral contra el señor Nicolás Petro”, puntualizó Freja.
Por otro lado, durante la diligencia también surgió una discusión jurídica relacionada con la participación de Laura Ojeda Estupiñán como presunta víctima en el proceso.
- La defensa: Argumentó que el representante de Ojeda no tendría legitimidad para intervenir, señalando que el delito de violación de datos personales —del que ella sería víctima— no fue la base para imponer la medida de aseguramiento inicial.
- La víctima: El abogado de Ojeda rechazó esa postura y pidió un plazo para presentar documentos que, según indicó, confirman su reconocimiento formal dentro del expediente.
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Por su parte, la Fiscalía informó que no se opone a la solicitud de revocar la medida de aseguramiento, al considerar que, después de más de dos años, los objetivos constitucionales que motivaron su imposición ya no se mantienen.
Finalmente, el despacho judicial decidió suspender la diligencia para estudiar los argumentos presentados por las partes y anunció que la audiencia continuará el próximo miércoles 18 de marzo a las 2:00 de la tarde.





















