Ante el juez Primero Promiscuo Municipal de Sitionuevo, Magdalena, iniciaron en la mañana de este martes 28 de octubre las audiencias preliminares contra dos funcionarios del CTI de la Fiscalía en el Atlántico y el hijo de otros dos miembros de esta institución, todos implicados en un caso de supuesta corrupción judicial en este territorio.
Cabe señalar que a primera hora se había dado a conocer información sobre los procedimientos de captura adelantados en Barranquilla por uniformados de la Dijín de la Policía Nacional, con los que fueron detenidos Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del CTI; Yarin Ernesto Pareja Marimón, funcionario del CTI, y Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo de dos funcionarios de Fiscalía.
Los tres detenidos están vinculados a una investigación por concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para cometer delitos contra la administración pública, tras hechos que habrían tenido su origen en julio de 2024.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por los miembros de la Dijín, EL HERALDO conoció que los dos funcionarios de la Fiscalía detenidos se habrían valido de sus alcances en la institución para inspeccionar al menos tres procesos judiciales, “utilizado dos órdenes falsas de policía judicial”, amparados en un radicado inexistente.
Con eso, al parecer, el propósito era exigirle al alcalde de Sitionuevo, Magdalena, al menos 140 millones de pesos para no abrir o profundizar en una investigación en su contra.
Durante la audiencia de legalización de captura, abogados contractuales de los tres detenidos y la propia agencia fiscal pidieron al juez de Sitionuevo que ordenara decretar privadas o reservadas las audiencias preliminares por distintos motivos.
En el caso de la Fiscalía, la agencia encargada señaló que podía existir una segunda fase de la investigación por corrupción judicial. Mientras que uno de los abogados defensores manifestó que uno de los detenidos, hijo de dos funcionarios de la Fiscalía, podía tener cierto riesgo.
En ese sentido, el juez avaló la solicitud y ordenó a su secretario retirar de la audiencia virtual a prensa y a otros participantes que había ingresado a través de enlace.
“Bueno, habiendo petición unánime en el sentido de que tanto la fiscalía como los defensores contractuales de los indiciados han solicitado que estas audiencias y las que se produzcan con posterioridad se desarrollen de manera reservada, este juzgado encuentra fundamentadas las peticiones y decreta que esta, en la que estamos, legalización de captura, como las posteriores específicamente, imputación de cargos y medidas de aseguramiento, se desarrolle en ese sentido, es decir, de manera reservada”, comunicó el togado.
