El pasado jueves 14 de agosto, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo un enérgico llamado al Ministerio de Defensa Nacional a brindar garantías para erradicar la extorsión que ha afectado a decenas de comerciantes y emprendedores de las diferentes localidades de este territorio.
En medio de un acto con la comunidad de La Chinita, en el suroriente de la capital, el alcalde Char señaló: “En Barranquilla estamos cansados de la extorsión. Esta alegría que se ve hoy en La Chinita se entristece todos los días, cada vez que a los papás de estos niños los extorsionan y le tiran hasta bala en sus negocios, pidiéndoles vacuna. No hay derecho que en cada esquina de Colombia haya una extorsión que quita la tranquilidad, que le quita el sueño a todos”.
El mandatario distrital explicó que las familias crean sus emprendimientos con esfuerzo y la Nación no les brinda la suficiente seguridad para mantenerlo: “Las familias sacan plata de su bolsillo con mucho esfuerzo y hacen su negocio y al día siguiente los están extorsionando. No hay derecho que estén acabando con el sueño de nuestra gente. Desde aquí hacemos un llamado al Ministerio de Defensa, al Comandante de la Policía, al Ejército, que se pongan las pilas porque Barranquilla está hasta aquí de la extorsión”.
El clamor del alcalde Alejandro Char es el de muchos ciudadanos que se han visto afectados los últimos meses, y que piden al Gobierno Nacional más seguridad para salir adelante y mejorar sus condiciones económicas.
La solicitud del mandatario de los barranquilleros coincidió con varios casos de presunta violencia extorsiva, entre estos uno del que fue víctima un tendero de la misma localidad Suroriente de la ciudad, específicamente del barrio Chiquinquirá.
El caso ocurrió en horas de la noche de este miércoles 13 de agosto y fue grabado por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del establecimiento comercial.
La víctima del hecho fue identificada como José Alfredo Bueno Quiñónez, de 58 años de edad.
En la grabación captada por la cámara de video-vigilancia del negocio, el reloj marcaba las 9:55 p. m., mientras que Bueno atendía a las personas que se acercaban al establecimiento llamado ‘Tienda San Miguel’, ubicada en la calle 47B con carrera 32.
Casi previo al cierre, un joven de escasos 23 años, que vestía una gorra, tapabocas (para cubrir su rostro), camiseta negra, jean y zapatos negro, ingresó al negocio fingiendo ser un cliente y le pidió que le vendiera una gaseosa.
El lesionado, confiado del pedido y sin sospechar de la situación, caminó hasta una de las neveras en búsqueda del refresco para luego llevárselo al joven. Sin embargo, en medio del trayecto, el joven desenfundó un arma de fuego tipo revólver y, sin mediar palabra, le propinó dos disparos.
Ante el ataque, José Alfredo intentó cubrirse con sus propias manos y luego corrió hacia el interior de su habitación. En esa misma escena el joven emprendió su huida no sin antes regresar nuevamente para volverle a disparar.
Posterior al suceso, el delincuente salió corriendo de la tienda y huyó en una motocicleta que lo estaba esperando cerca del sitio.
Tras ser atacado, el lesionado fue trasladado por los vecinos del sector hasta el Hospital General de Barranquilla, donde los médicos de turno informaron que había recibido tres impactos: dos en el tórax y otro en el pómulo izquierdo.
De forma milagrosa, el lesionado permanece estable y continúa recuperándose de sus heridas en el centro hospitalario.
Cabe reseñar que, de acuerdo con el testimonio del lesionado, este había recibido el pasado 26 de julio un panfleto extorsivo donde le exigían una alta suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida.
Hay que reseñar que el día viernes también se reportaron otros tres ataques contra negocios de barrio, en el marco de supuestos casos de violencia extorsiva. Este medio conoció que los hechos se registraron en tiendas de los barrio La Victoria y Los Continentes, en la localidad Metropolitana, y en el sector de Los Pinos, en el suroccidente.
¿Quiénes actúan?
En una reciente entrevista con EL HERALDO, el mayor William Alberto Cañas, comandante del Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que de enero a julio de este 2025 se reportaron ante la unidad policial un total de 668 denuncias de víctimas de extorsión, 41 casos menos que en el mismo lapso de 2024.
El oficial destacó una reducción del 6 %, claro está en el número de denuncias. No obstante para las personas, colectivamente, hoy el panorama podría ser peor con menos denuncias y más casos sin reportar por el temor a la muerte.
Descubrió además que los hechos de extorsión que se vienen presentando, basado en esas denuncias, un 57 % corresponden a extorsiones de modalidades clásicas y un 43 % que son extorsiones bajo modalidades digitales.
En esa línea, frente a la extorsión Clásica, Cañas explicó que son los casos que se generan de manera directa y son ejecutadas por los propios miembros de grupos al margen de la ley que actúan en este territorio como ‘los Costeños’, ‘los Pepes’ y el Clan del Golfo.
“Allí tuvimos 352 denuncias. Esas son extorsiones que son dinamizadas por los grupos delincuenciales de aquí de la ciudad. Que son de manera directa”, puntualizó.
Y agregó que lamentablemente los comerciantes de barrio eran el segmento poblacional más afectado por la extorsión clásica. “Criminales llegan de manera presencial y entregan el panfleto, entregan el número telefónico, a veces les hacen una misma video-llamada para que hablen con el actor criminal que está dinamizando la extorsión y se identifican como grupos de delincuencia común organizado de aquí de la metropolitana. Hacen exigencias económicas y si no pagan son objetivos militares por estas organizaciones. En estas extorsiones obviamente hay que tener muy en cuenta que hay que informar de manera inmediata a las autoridades”, advirtió.
Para el jefe del Gaula fue importante indicar que, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, hoy han afectado “con contundencia” a las organizaciones criminales y a la delincuencia común que se lanzan a exigir cobros extorsivos.
Según sus registros, la Policía Metropolitana de Barranquilla consiguió 235 capturas entre enero y julio, de las cuales el 98 % se obtuvieron medidas de aseguramiento.
Especificó que de esas 235 capturas, 142 correspondieron a integrantes de ‘los Costeños’; 84 del GDCO ‘los Pepes’, 2 de los ‘Rastrojos-Costeños’ y 3 del Clan del Golfo.
Celulares en las cárceles
El mismo jueves, desde Barranquilla, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, confirmó en entrevista con EL HERALDO que uno de los delitos más preocupantes en las cárceles del país es la extorsión, facilitada en gran medida por el uso de teléfonos celulares dentro de los penales. “Es una batalla constante impedir que los celulares ingresen a las cárceles”, afirmó el coronel Gutiérrez. Para ello, según el oficial, se emplean tecnologías como rayos X y detectores de metales, para evitar el ingreso de estos dispositivos.
A pesar de estas medidas, según lo señalado por Gutiérrez, los celulares siguen entrando a través de diversas modalidades, incluyendo la corrupción de funcionarios y los lanzamientos de dispositivos desde el exterior de los centros penitenciarios. Este año, detalló el oficial, el INPEC ha realizado cerca de 20.000 operativos a nivel nacional, logrando incautar alrededor de 25.000 celulares.
“El ingreso de elementos prohibidos también ha llevado a que aproximadamente 3.500 funcionarios estén siendo investigados este año, entre directores, subdirectores, guardias y auxiliares, por presunta participación en el ingreso irregular de celulares y otros objetos”, señaló.
Además, estos operativos no solo buscan confiscar los teléfonos, sino también desarticular las redes de extorsión a través de investigaciones coordinadas con la Fiscalía y la Policía Nacional, en la denominada operación Dominó.
“Según estudio del espectro electromagnético realizado por la Policía Nacional y el grupo Gaula, entre los diez centros penitenciarios con mayores casos de extorsión se encuentran Valledupar, La Dorada, Ibagué y Cómbita, son los que normalmente han generado ese tipo de situaciones de extorsión”, comunicó el director del Inpec.
Esta exposición del coronel Gutiérrez también pondría en evidencia que en los penales citados cumplen sus detenciones los mismos cabecillas de las estructuras criminales locales, posiblemente autores de las extorsiones que hoy afectan al comercio de Barranquilla y su área metropolitana.
De acuerdo con el alto mando, en el caso de Digno Palomino Rodríguez hoy se encuentra en el establecimiento Picaleña, en Ibagué; Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, en Cómbita; Otón Alfredo Peralta Estupiñán, en Valledupar; Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias ‘Cachete’, en La Dorada, Caldas, y Félix Junior Peña Escorcia, alias Junior Guerra, en Valledupar.
Sobre todos estos sujetos, sumados a otros nombres de viejos actores del crimen, hoy solo resta que continuamente sean trasladados de penal por el Inpec, para mitigar por periodos cortos los casos de extorsión y la violencia que deriva de este delito.
Desde el Congreso se han planteado algunas medidas para frenar la extorsión carcelaria, como la liquidación del INPEC y formalizar una guardia Militar carcelaria, o la de trasladar varios penales a sectores donde puedan funcionar los inhibidores de señal para los celulares. Sin embargo, nada de eso se ha concretado.
