La captura de una mujer por delitos electorales en Barranquilla, a menos de tres días de celebrar las elecciones regionales 2023, reveló algo con lo que se enfrentan las autoridades en todo el país, antes y durante los comicios de este domingo 29 de octubre.
{"titulo":"Verano continúa liderando intención de voto, según medición de EL HERALDO","enlace":"https://www.elheraldo.co/barranquilla/elecciones-2023-eduardo-verano-continua-liderando-intencion-de-voto-segun-encuesta"}
La mujer de 37 años fue sorprendida, según la Policía, cuando esta se transportaba con ocho cédulas de diferentes personas sobre la carrera 1E con calle 45H, en vía pública de la ciudad. El delito por el cual fue detenida es ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula.
Pero esta infracción hace parte de las 16 que están radicadas en el Código Penal Colombiano, mismas que tienen penas desde los cuatro a nueve años de cárcel, y multas millonarias.
1 - Perturbación del certamen democrático (4 a 9 años de cárcel y multa de 50 a 200 salarios mínimos)
Comete este delito la persona que mediante engaño perturbe o impida a alguien la votación o el escrutinio. La pena será mayor si se hace mediante violencia.
2 - Constreñimiento al sufragante (4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos)
El que amenace o presione a un votante para obtener apoyo o votación por determinado candidato, por el voto en blanco, o por los mismos medios le impida votar. La pena será más alta si la perpetra un servidor público.
3 - Fraude al sufragante (4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos)
Incurre en esta conducta el que con engaños obtenga que un elector vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco. La pena será más alta si es cometida por un funcionario o si hay amenazas de pérdidas de servidor público, estatales o beneficios otorgados con ocasión de la ejecución de programas sociales.
4 - Corrupción al sufragante (4 a 8 años y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos)
Comete este punible el que celebre contrato, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficios a un votante para que vote por un determinado candidato, voto en blanco o se abstenga de hacerlo.
5 - Voto fraudulento (4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos)
Cae en este delito el que suplante a un votante, o vote más de una vez, o sin derecho consigne voto en una elección.
{"titulo":"En Cartagena ya está instalado el PMU para vigilar las elecciones locales","enlace":"https://www.elheraldo.co/bolivar/elecciones-locales-2023-en-cartagena-ya-esta-instalado-el-pmu-para-vigilar-los-comicios"}
6 - Favorecimiento al voto fraudulento (4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos)
El servidor público que permita suplantar a un sufragante, o votar más de una vez o hacerlo sin derecho, y será inhabilitado para ejercer cargos públicos por hasta 18 años.
7 - Mora en la entrega de documentos relacionados con una elección (4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos)
Comete esta ilegalidad el funcionario que no haga entrega oportuna a la autoridad competente de documentos electorales, sellos de urna o de arca triclave, y tendrá inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena.
8 - Alteración de resultados electorales (4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos)
El que altere por medio distinto de los delitos previos el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente.
9 - Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula (4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos)
Cae en esta conducta quien haga desaparecer, posea o retenga la cédula ajena o cualquier otro documento necesario para el ejercicio del derecho al voto.
10 - Denegación de inscripción (4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos)
El funcionario a quien corresponda la inscripción de candidato o lista de candidatos que no cumpla con esta función o la dilate o entorpezca, y será inhabilitado para ejercer cargos públicos por el doble de la pena.
11 - Fraude a inscripción de cédulas (4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos)
Perpetra este punible una persona que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban cédula en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en la elección. Y quien inscriba su cédula en estas condiciones también delinque con iguales consecuencias.
12 - Tráfico de votos (4 a 9 años y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos)
Comete este delito quien ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva para que dichos ciudadanos consignen su voto en favor de determinado candidato, se abstengan de hacerlo o lo hagan por el voto en blanco.
13 - Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas (4 a 8 años y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos)
El gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas para financiar campañas electorales. Será además inhabilitado por el mismo tiempo de la pena. Y la misma sanción tendrá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente.
14 - Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales (4 a 8 años y multa por el valor excedido)
El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral. Recibirá también inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.
15 - Omisión de información del aportante (4 a 8 años y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos)
Incurre en este punible quien no informe de sus aportes realizados a las campañas electorales.
16 - Elección ilícita de candidatos (4 a 9 años y multa de 200 a 800 salarios mínimos)
Quien sea elegido para un cargo de elección popular, estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal.
{"titulo":"'Policía prepara operativos para caerle a las casas de compra de votos'","enlace":"https://www.elheraldo.co/barranquilla/elecciones-regionales-2023-ministro-del-interior-se-reunio-con-autoridades-de"}
Recompensa
Ante esta cantidad de delitos electorales, el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego tomó una medida 'inusual' para muchos, pues el mandatario aseveró que se pagará al informante de la compra de votos o de cualquier otra infracción una recompensa del 10 % de los que se incaute a la corrupción electoral, es decir, una suma que iría de entre $1 y $ 5 millones.
Esta iniciativa ha dado de qué hablar en todo el país, pues incluso Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación, criticó la propuesta y enfatizó que llevarla a cabo podría traer demandas al Estado colombiano.
'Funcionarios que entreguen dinero serán investigados por peculado por el abuso, en la medida en que no tiene ningún sustento penal la creación de un tipo penal vía Twitter, ni establecer decretos, lo que debe hacer la Rama Judicial. ¿Quién es la entidad que investiga en Colombia? La Fiscalía General de la Nación. Sobre unos temas electorales, cuando usted establece un mecanismo de que va a pagar unas denuncias, o por unas denuncias de unos presuntos hechos posiblemente constitutivos de delitos, se parte de la base de que está corroborando', dijo el fiscal.
Sobre esto, el especialista en derecho constitucional y público, Hernando Herrera Mercado, en conversación con EL HERALDO, dijo que 'nuestra constitución y nuestra legislación prevé deberes ciudadanos, y uno de esos en particular es denunciar los delitos, sin que medie recompensa por parte del Estado, sin que medie nada distinto al querer con esa obligación ciudadana'.
'Trastocar ese elemento fundamental, y señalarle a la ciudadanía que por el cumplimiento de los deberes se les va a pagar recompensas resulta un poco contradictorio con lo que es ese espíritu del manual del buen ciudadano, es decir, cumplir con unas obligaciones mínimas, para así salvaguardar el estado social de derecho', añadió.
En el Caribe
Uno de los problemas principales en el país es el de los famosos ‘mochileros’, aquellos emisarios de los grandes aspirantes a los gobiernos que reparten las ‘encomiendas’ a todas esas personas que se comprometan a votar por ellos. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en su reciente visita a Barranquilla, declaró que hay operativos de la Policía para dar golpes contra las 'mafias sofisticadas'.
'Han comenzado a entregar una cantidad de información y la Policía está preparando operativos para caerles a casas de compras de votos y a ‘mochileros’', dijo el ministro.
El jefe de cartera agregó que se refiere a 'mafias sofisticadas' porque estas tienen 'casas de compras, que tienen ‘mochileros’, una organización bastante amplia, pero que también las encuentran en el Pacífico, en Bogotá. Digamos que acá (Atlántico) son un poco más abiertas, pero esto pasa en muchos lugares de Colombia'.
'Yo no quiero estigmatizar al Caribe, este problema de la compra de votos es de toda Colombia (...) Así de claro. Esto es un tema de todo el país, claro, hay algunas de estas mafias que evidentemente encontramos en alguna zona de esta región', añadió Velasco.
Para Luis Trejos, profesor e investigador de la Universidad del Norte, en la región Caribe está muy arraigado el intercambio del voto con algún tipo de incentivo material: 'Se debe entender que muchas veces el comprador de votos es el vecino que te ayuda a resolver problemas, es la persona con la que creciste en el barrio y es muy difícil que las emociones que hay involucradas en el relacionamiento personal que haya involucrado con el ‘mochilero’ se desplacen por un interés pragmático en clave económica (recompensa)'.
{"titulo":"Petro atribuye a decisión del CNE lo ocurrido en Gamarra, Cesar","enlace":"https://www.elheraldo.co/cesar/elecciones-2023-gustavo-petro-se-pronuncia-sobre-funcionaria-fallecida-en-incendio-de"}
¿Asonada en Atlántico?
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación ante lo que podría ser el escalamiento de la conflictividad social en el marco del proceso electoral, durante o después de la jornada democrática que se avecina.
'De acuerdo con información acopiada por nuestro Observatorio de Conflictividad Social, identificamos que podrían suceder actos de perturbación al certamen democrático y alteraciones del orden público por una posible inconformidad de ciudadanos con los resultados electorales de este 29 de octubre. Esto, de ser así, derivaría en manifestaciones o protestas, disturbios y asonadas', indicó el defensor.
Los 12 departamentos con más municipios en riesgo, según el ministerio público, son Bolívar (13); Antioquia y Chocó (11 cada uno); Sucre y Magdalena (nueve cada uno); Caldas, Meta y Córdoba (siete cada uno), y Santander, Cauca, La Guajira y Boyacá (seis cada uno). Les siguen Norte de Santander (cinco); Cundinamarca, Nariño, Huila y Atlántico (cuatro cada uno); Casanare y Cesar (tres cada uno); Caquetá, Risaralda y Valle del Cauca (dos cada uno), y Guaviare y Tolima (uno cada departamento).
Los principales factores de riesgo a tener en cuenta para prever el escalamiento de la conflictividad electoral a situaciones de violencia durante la jornada democrática son los antecedentes de protestas, disturbios y asonadas en las elecciones regionales del 2011, 2015 y 2019.
Sobre el Atlántico, el profesor Trejos aseguró que no cree que se presenten alteraciones: 'No creo que se presenten mayores alteraciones durante el proceso electoral, primero porque en el departamento no hay una tradición que evidencie que esa es una forma de resolver disputas electorales, y, por otro lado, es posible que en algún corregimiento, o en la zona rural de algún municipio si haya este tipo de tensiones, quizá por inconformidad de los resultados de un candidato'.
