La Sala Especial de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que procedan a realizar las investigaciones pertinentes a los empresarios Alfonso Macías Vargas y Rafael Antonio Matera, sobre sus supuestos vínculos con las extintas AUC en el departamento del Atlántico.
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Todo esto se da luego de que Salvatore Mancuso Gómez, exjefe paramilitar, rindiera declaraciones sobre las acciones ejecutó el extinto frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC y en las que aseguró que Matera Lajud, representante legal de ‘Camagüey’ y socio de la organización ‘Palmeras de la Costa’, al igual que Macías Vargas, también socio de las entidades, habrían servido de financiadores de las AUC.
'Así las cosas, se procederá a compulsar copias de los soportes procesales respectivos, a efecto que la Dirección de Justicia Transicional de la F.G.N; la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la F.G.N; la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la F.G.N, y la Delegada para las Finanzas Criminales de la F.G.N., por ser de su competencia, investiguen las presuntas conductas penales en que podrían estar incursos por cuenta de su posible vinculación con las AUC; así como de sus bienes y sociedades en las que los mismos tienen participación', expone el documento.
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En ese sentido, también se pidió que se investiguen tres compañías y tres fincas por posibles vínculos con los paramilitares, despojo de tierras y otras actividades ilícitas.
Recordemos que en 2019, los exparamilitares Juan Francisco Segura Gómez, alias Mario o el Alacrán, y Jorge Escorcia Orozco, alias Rocoso, en declaraciones ante Fiscalía, también señalaron a Rafael Matera y a Alfonso Macías como colaboradores de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
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En los expedientes de los procesos bajo los radicados 217482 y 217494 que llevaba la Fiscalía en contra de los investigados, y a los que EL HERALDO tuvo acceso, los exparamilitares relacionan no solo sus nombres sino también sus supuestos alias. Es así como a Rafael Matera Lajud le sindican el alias de 300, y a Alfonso Macías Vargas el de M1 o Don Alfonso.
En agosto de 2021, la Sala de Justicia y Paz solicitó al fiscal General Francisco Barbosa y al coordinador de Justicia Transicional de la Fiscalía, que investigara las finanzas de estos dos empresarios, porque aparentemente utilizaron sus empresas para lavar dinero y para financiar a paramilitares.
