La Fiscalía General de la Nación acusó este martes 22 de agosto de manera formal a Omar Alexander Ladino Vargas, conocido como el ‘Señor del Portafolio’ y quien meses atrás fue capturado por la Policía por su presunta participación en la estructura criminal ‘los Costeños’ como 'jefe del brazo financiero', según lo descrito por el propio ente investigador.
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La diligencia se llevó a cabo vía virtual ante el juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla y en esta estuvo presente Ladino Vargas y su abogado Diego Gutiérrez Sánchez, así como los funcionarios de Procuraduría y Fiscalía.
Precisamente este último hizo un repaso a los documentos o pruebas recolectadas en la investigación contra el acusado, de las cuales se desprenden al menos 190 elementos como actas de inspección, informes de Policía Judicial e interrogatorios.
Según el ente investigador, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Decoc, relaciona a Ladino Vargas, bogotano y de 41 años de edad, con un proceso por el delito de concierto para delinquir agravado con desplazamiento forzado.
Cabe recordar que el acusado fue detenido en Barranquilla en febrero, cuando descendía de una lujosa camioneta 4X4 en el parqueadero de un concurrido centro comercial del norte de la ciudad.
Luego, en medio de las audiencias preliminares, la Fiscalía lo señaló de ser 'uno de los mayores despojadores de tierras en Atlántico, Córdoba y Antioquia. Recientemente fue judicializado por la posible apropiación ilegal de predios de alto valor que representaban interés para las actividades narcotraficantes y de lavado de activos de ‘los Costeños’ entre enero de 2019 y febrero del año en curso'.
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Y el pasado mes de marzo, un juez local ordenó una medida no privativa de la libertad, pero sí una serie de castigos contra el individuo.
La caución de Ladino, la medida cautelar que levantó un polvorín en Barranquilla, cuestionada hasta por el alcalde Jaime Pumarejo, fue explicada en su momento a este medio por el propio juez.
'Esta medida se equipara como cuando adquieres un vehículo y debes comprar un seguro obligatorio que remunere los daños hechos', manifestó en su momento el togado.
Es decir, para el togado esta medida sería un seguro, pero para los efectos del proceso penal. 'Con ella contribuimos a lo que está demandando la corte constitucional en este momento, mitigar el hacinamiento en el sistema penitenciario y carcelario, no solo en el INPEC, sino en los centros transitorios y los estaciones de policías, 200 personas en una estación de Policía eso no es algo racional de un estado social de derecho', agregó el juez.
