Julio Andrade, hijo del magistrado homónimo víctima de la toma y retoma del Palacio de Justicia, le dijo a EL HERALDO que el cotejo de ADN a los restos que reposaban en su tumba en Barranquilla 'dieron negativo', es decir que 'los restos que enterramos hace 32 años no son los de mi papá sino de otra persona'.
Agregó que aún no hay confirmación oficial de que estos restos sepultados entonces correspondan a los del mesero sahagunense del Palacio, Héctor Beltrán, 'pero estamos hoy acá en Medicina Legal en Bogotá, para entregarles los restos a quien corresponda'.
'Es una real tragedia, una mentira que ha durado enterrada durante mucho tiempo y ahora, después de todos estos años, es aún más dolorosa', dijo Andrade a este diario, visiblemente compungido, en la entrada de la sede capitalina del ente forense.
Los restos, que estaban sepultados en el Cementerio Jardines de Barranquilla, fueron exhumados el 18 de febrero de 2016 y hasta ayer se reportaron los insólitos resultados.
Andrade pide al fiscal Néstor Humberto Martínez que asigne a un fiscal de alto nivel para que se encargue del tema del Palacio y a Medicina Legal para que gestione lo pertinente para hacer las pruebas a las 58 cajillas con restos de víctimas del Palacio por identificar.
Le podría interesar: La viuda del mesero sahagunense desaparecido en el Palacio de Justicia
Anuncia el familiar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y en lo local adelantarán una acción legal contra la Fiscalía y el ente forense 'por los errores que cometieron'.
La idea de la acción ante el sistema interamericano es, concretamente, 'pedir que vinculen nuestro caso al fallo proferido en 2014, a mi papá cómo desaparecido y nuestra familia como víctimas de la desaparición'.
Demandas
El hijo del jurista anunció una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y en lo local interpondrán una acción legal contra la Fiscalía y el ente forense 'por los errores que cometieron'.
La idea de la acción ante el sistema interamericano es, concretamente, 'pedir que vinculen nuestro caso al fallo proferido en 2014, a mi papá cómo desaparecido y a nuestra familia como víctima de la desaparición'.
Todo fue muy confuso
Andrade se queja, sobre todo, de que 'ahora no tenemos ningún indicio que nos diga qué pasó, cómo murió nuestro papá'.
Cuenta que solo les entregaron hace 32 años un acta del levantamiento del cadáver, en el que aparecen las descripciones de cómo encontraron los restos, los cuales iban en una caja cerrada y con la prohibición de abrirla.
'Yo tenía tan solo 12 años. Todo fue muy confuso porque apenas estaban sucediendo los hechos, nos aislaron de cualquier contacto con la televisión y la radio', cuenta.
La viuda del sahagunense
Por su parte, Pilar Navarrete, viuda del mesero sahagunense del Palacio, quien se pensaba desaparecido hasta el jueves y hoy sus restos han sido hallados, dijo a medios de comunicación a la entrada de Medicina Legal que el haber encontrado su cuerpo trae más preguntas que respuestas.
'Siento que encontré los restos he estado buscando durante 32 años, emprendo otro camino. (...) Pero estos restos no traen verdades, no nos van a hablar. No nos van decir qué pasó. Hay muchas preguntas, ¿qué pasó, por qué aparecieron allá?, ¿por qué si el Estado sabía que hizo un entrega tan mala no fue a Barranquilla y no buscó?', dijo.
Sobre lo sucedido con los restos, agregó, 'no sabemos si fueron implantados, o qué fue lo que pasó, si nos han metido o no. Más que tranquilidad son angustias lo que tenemos'.
El día de los hechos, el 6 de noviembre de 1985, Beltrán tenía 28 años y llevaba cinco años de matrimonio con Pilar. Era el mayor de seis hermanos y trabajaba de mesero mientras conseguía un trabajo en lo que había estudiado: técnico en refrigeración comercial. También era padre, en ese entonces, de cuatro pequeñas de siete meses, dos, tres y cinco años.
De otro lado, el padre de Héctor, un octogenario homónimo de su hijo, ha dicho a medios de comunicación que cuando empezó la búsqueda lo llamaban a su casa a insultarlo, a amenazarlo con que iban a ir por sus hijos al colegio.
Además, el también amenazado soldado Édgar Villamizar dijo bajo juramento, como testigo de los hechos, que escuchó en la Escuela de Caballería a un joven rogando que no lo mataran, porque él solo trabajaba en la cafetería.
La condena
En diciembre de 2014, al hallar que hubo un 'modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas' por parte de la fuerza pública colombiana en los hechos que se produjeron el 6 y 7 de noviembre de 1985 en la retoma del Palacio de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, resolvió condenar al Estado y le ordenó investigar y sancionar a los responsables, buscar a los desaparecidos y pedir perdón públicamente por lo ocurrido.
Concretamente, la Corte IDH halló responsable al Estado colombiano por 'las desapariciones forzadas' de siete empleados de la cafetería del Palacio: Carlos Rodríguez, Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Beltrán, Gloria Lizarazo y Luz Portela. Así como de los dos visitantes Lucy Oviedo y Gloria Anzola. Y de la guerrillera del M-19, Irma Franco.
También es culpable la fuerza pública de la época de 'la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial' del magistrado auxiliar Carlos Urán.
El tribunal interamericano, en su condena número 15 contra el Estado colombiano, lo sentencia por 'las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos' por los entonces estudiantes de derecho del Externado, quienes fueron considerados como sospechosos de colaborar con la guerrilla, Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson, Orlando Quijano y José Rubiano.
Ahora, de esta lista sale Beltrán, pero entra el magistrado Andrade.
