Gremios se enfrentan por ley del pago a plazos justos

La Andi y Fenalco piden que medianas empresas se excluyan de la iniciativa que tramita el Congreso. Acopi rechaza la propuesta por “inconveniente e injusta”.

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Un operador maneja las máquinas de una empresa del sector de confecciones. Archivo EL HERALDO
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Por: Lupe Mouthón @lupemouthon

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La Andi y Fenalco piden que medianas empresas se excluyan de la iniciativa que tramita el Congreso. Acopi rechaza la propuesta por “inconveniente e injusta”.

“Primo ayúdame con esas facturas vencidas” pide casi a diario el empresario cartagenero Carlos, quien no quiere dar su nombre completo, al jefe de tesorería de la cadena de supermercados que le debe $250 millones por concepto de facturación vencida, es decir mayor a 60 días.

De este valor, dijo que solo pudo lograr el pago de $70 millones. “Esto realmente es un problema porque me toca esperar hasta tres y cuatro meses para recibir el pago de la facturación”, señaló.

Para Carlos no contar los ingresos por sus ventas en el momento que los necesita le representa no tener el flujo de caja necesario para comprar la materia prima que requiere su producción, por lo que en muchas ocasiones debe recurrir a préstamos.

Uno de los frenos al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas es el no pago oportuno de su facturación, por lo que Acopi, gremio que las agrupa, impulsó la iniciativa de la Ley de pago a plazos justos, por la que ahora se enfrenta con otros gremios como la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

La polémica se encendió con el pronunciamiento de Andi y Fenalco que buscan que las medianas empresas sean excluidas de los beneficios que contempla el proyecto de ley que tramita actualmente el Congreso de la República. Es decir que solo aplicaría para micro y pequeñas.

Rosmery Quintero, presidente de Acopi, dijo que al sacar a las medianas de lo planteado en la ley, se afectaría a más de 25 mil medianas empresas que concentran el 22% del empleo formal del país y el 2,85% del PIB nacional.

Destacó que la mediana empresa es un eslabón fundamental dentro de la economía colombiana que jalona a las micro y pequeñas. “La propuesta de excluir a la mediana empresa no es justa porque la máxima cartera que se tiene desde las grandes empresas está precisamente en las medianas”, dijo Quintero.

Indicó las mipymes deben hacer créditos para poder contar con recursos para el pago de nómina, para operar y hasta pagar el IVA por las ventas. “Cuando a las mipymes les toca pagar este impuesto, aún las grandes empresas no les han pagado sus facturas”, señaló.

Hacer un préstamo representa tener que pagar una tasa de interés, lo que baja el margen de rentabilidad que tienen las empresas. “Nos estamos convirtiendo en la plata más barata que pueden tener las grandes empresas”.

Además, el gremio ha detectado que hay grandes empresas que son dueñas de firmas que ofrecen el servicio de factoring, por lo que estarían cobrando un interés por comprar sus mismas facturas.

Señala que el efecto de una medida propuesta por Andi y Fenalco, llevará a una baja en la productividad de las medianas empresas.

El analista económico Joseph Daccarett indica que lo contemplado en la ley permitirá el crecimiento de las mipymes lo cual redundará en el mejoramiento del mercado de este sector.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que el proyecto como está planteado “no atiende los intereses de todos los actores de la cadena, ni tiene en cuenta las implicaciones macro y microeconómicas que se derivan de un proyecto de esta naturaleza”.

Agrega que las medidas regulatorias como las que se buscan implementar con el proyecto de ley pueden tener efectos contrarios al objetivo que persiguen y que regular las relaciones entre grandes empresas con las pymes o con las pequeñas empresas, va en contravía del desarrollo de estas últimas.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, sostuvo a su vez que se podría incentivar las búsqueda de proveedores en los mercados internacionales.

Está en manos del senado

El proyecto de Ley de pago a plazos justos fue aprobado en la Cámara de Representantes, pasó a la Comisión Tercera del Senado y luego deberá ser aprobado en plenaria. El proyecto establece para “todos los comerciantes y de quienes sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor a 60 días calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios”. De esto se exceptúa a las grandes empresas. El representante a la Cámara César Lorduy aseguró que solicitó que se incluyeran las obligaciones por contratos con el sector público en el proyecto, lo cual quedó plasmado. Lorduy se mostró de acuerdo con el planteamiento de la Andi y Fenalco, de que solo se aplique para micro y pequeñas empresas. 

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