La tributaria debilitará la economía de la Costa: gremios
Consejos intergremiales de distintos departamentos como Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena advierten que esto sería consecuencia de un “régimen de impuestos que exceda la capacidad de pago de las empresas”.
De cara a la votación de segundo y último debate de la reforma tributaria en las plenarias tanto de Senado como de Cámara, varios sectores han expresado sus preocupaciones o reparos al proyecto del Gobierno nacional que busca recaudar 22 billones de pesos, cifra que inicialmente estaba en 25 billones.
Este martes se conoció un comunicado del comité intergremial de Atlántico, Cesar y Magdalena y del consejo integremial de Bolívar, en el que sus respectivos directivos o voceros advierten que una eventual aprobación de la reforma tributaria impactaría severamente a la región Caribe y que incluso ocasionará una "mayor pobreza y desempleo" en esta zona del país.
Los gremios de la región solicitaron a los congresistas, especialmente del Caribe, "votar responsablemente la reforma sin exponer al territorio a una crisis social como consecuencia de un régimen de impuestos que exceda la capacidad de pago de las empresas, hasta el punto de poner en riesgo la continuidad de sus operaciones".
Proponen aplazar el trámite de la Reforma Tributaria hasta cuando se logre el equilibrio entre las propuestas del Gobierno nacional y las de los gremios que representan al sector privado, sin afectar la productividad y competitividad de las empresas, ni desestimular la internacionalización del país.
Los argumentos se basan en que el proyecto del Ministerio de Hacienda conlleva una mayor carga fiscal, lo que "desestimularía la inversión extranjera en la minería y los hidrocarburos, en contravía de la tendencia mundial, y aplazaría la explotación de los yacimientos de cobre de Córdoba y César, afectando la transición energética dado que este mineral es indispensable para desarrollar las energías renovables".
Vale mencionar que la minería de cobre representa una fuente de ingresos importantes para la región. Este año, a la empresa Colombia Gold S.A.S. le fueron adjudicados cuatro bloques de Áreas Estratégicas Mineras (AEM) con alto potencial para cobre y polimetálicos, ubicados en los municipios de San Diego y La Paz, en el departamento de Cesar en la Costa Caribe.
Las adjudicaciones representan unos $57 mil millones de inversión en exploración y un 2 % de contraprestación adicional diferente de regalías.
La ANM ha declarado seis Áreas Estratégicas Mineras de la región Caribe, con alto potencial para minerales de cobre, cuatro en Cesar y dos en La Guajira, de las cuales cinco ya han sido adjudicadas. El primer contrato fue adjudicado en 2021, correspondiente a un bloque en La Guajira.
De acuerdo con lo expuesto por los gremios, "la minería genera el 49% de las exportaciones del Caribe, 42.000 empleos directos y 205.000 indirectos". Señalan que "por cada peso generado activa encadenamientos por 2,4 pesos en otros sectores".
Hace un par de semanas Hocol, empresa del Grupo Empresarial Ecopetrol, confirmó un nuevo hallazgo de gas en el pozo Coralino-1, ubicado a 60 kilómetros al sureste de Montería, en jurisdicción del municipio de Pueblo Nuevo en el departamento de Córdoba.
En este pozo se realizó una perforación que evidenció la presencia de gas en varios niveles de la roca reservorio asociada a la Formación Ciénaga de Oro, principal roca productora del Valle Inferior del Magdalena.
Como se sabe, la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro tiene impacto en el sector minero, a tal punto que podría poner en riesgo algunos proyectos actuales y futuros, ya que busca imponer impuesto a las exportaciones de carbón. De aprobarse el proyecto, la región Caribe sería una de las perjudicadas, de acuerdo con los gremios.
"El Caribe tiene un potencial de producción de gas natural costa afuera que triplicaría las reservas del país. Aquí se ejecutará el 78% de la inversión en exploración por lo que desincentivarla es condenarnos a dejar ese recurso en el subsuelo y perder cerca de 20 mil empleos directos", señalan los consejos intergremiales.
En su momento, la Cámara de Zonas Francas de la ANDI, aseguró que lo contemplado en la ponencia para primer debate del proyecto de ley de reforma tributaria tendrá un impacto negativo en la sostenibilidad de las zonas francas como instrumentos para la industrialización y la internacionalización del país.
En eso concuerdan los gremios de la región, que aseguran que "ponerles por decreto a las zonas francas un umbral de ventas máximo al Territorio Aduanero Nacional no superior al 40% en 2024; 30% en 2025; y 20% en 2026 para mantener el incentivo tributario de renta al 20%, y establecer que las que los incumplan por 3 años consecutivos perderán su calificación de usuarios industriales, desincentivaría la llegada de compañías a 45 zonas francas del Caribe".
Además que "pondría en riesgo a más de 300 empresas en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, 80% de las cuales son PYMES cumplidoras de compromisos de empleo e inversión".
En ese sentido, gremios de la región Caribe expresan que hay algunos usuarios que por su naturaleza y fines no son exportadores, "pero sí estratégicos para el comercio exterior y el país", como los puertos, aeropuertos, ferrocarriles, generadores de energía, refinerías, productores de biocombustibles, y agroindustrias, que "deben mantener el tratamiento especial de zona franca con la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios gravable del 20%".
Para los gremios, la tributaria también traería un impacto en el sector de hotelería y turismo, pues el proyecto "elimina la exención del IVA en servicios de hotelería y turismo, y la reducción de dicho impuesto en los tiquetes aéreos del 5%".
Así mismo, advierten que la tributaria "elimina la exención a la sobretasa temporal a la energía para los hoteles, lo cual aumentaría en 20% los costos de este rubro en 2023", lo que afectaría al sector, ya que estos beneficios que actualmente tiene "son determinantes para que este sector, altamente dinamizador de la economía de la Región Caribe, siga recuperándose de la afectación causada por la pandemia".
Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), dijo en su momento que hay dos temas que preocupan al sector. Uno de ellos es la eliminación de los beneficios tributarios y el otro, el fin de la exención de IVA a servicios de hotelería y turismo.
Recordó que la reforma que está vigente estableció una exención de IVA (19 %) a paquetes turísticos hasta diciembre de este año, por lo que desde el 1 de enero de 2023 este impuesto se tendría que volver a cobrar y aumentarían los precios finales a los consumidores.
“Esta reforma tributaria no habla del IVA, pero ya le hemos manifestado al Gobierno nacional que necesitamos buscar cómo extender por lo menos un año más esta medida para que el turismo llegue a superar las metas que tenía en el 2019”, sostuvo Cortés.
Otro incentivo tributario transitorio que termina en diciembre de este año es la reducción del IVA para los tiquetes aéreos que pasó del 19 % al 5 %. Esto también implicaría aumento en los precios de los tiquetes para los viajeros.
