Las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que operan en el país han radicado ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad simple y una solicitud de medida cautelar de urgencia. El recurso legal busca dejar sin efectos el Decreto 0415 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional ordena la transferencia de los saldos de ahorro individual de aproximadamente 120.000 afiliados hacia el régimen público.
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El equipo jurídico de las AFP, liderado por Carlos Gustavo Arrieta Padilla, sostiene que el decreto expedido por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo contradice lo dispuesto en la Ley 2381 de 2024. Según la demanda, el artículo 76 de dicha ley establece que los ahorros de los trabajadores que utilicen la “ventana de oportunidad de traslado” deben permanecer bajo administración de las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión.
Los demandantes explican que, de acuerdo con la reforma pensional, estos recursos tienen una vocación de ahorro a largo plazo y su destino final debe ser el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República.
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Puntualmente, las AFP señalan que obligarlas a girar $25 billones en un plazo de entre 15 y 30 días a Colpensiones constituye una reglamentación contraria a la ley que podría afectar la sostenibilidad futura del sistema.
El Consejo de Estado ya admitió una demanda ciudadana por el mismo concepto
Esta acción de las entidades privadas se suma a otras iniciativas legales interpuestas por particulares. De hecho, recientemente, la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda presentada por el ciudadano Jesús Hernando Baena Álvarez contra el mismo decreto.
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El alto tribunal determinó que el recurso ciudadano cumple con los requisitos necesarios para iniciar el proceso de nulidad.
Al admitir la demanda, el Consejo de Estado reconoció que el asunto versa sobre la reglamentación de la exigibilidad de traslado de recursos entre regímenes, una materia con incidencia directa en los derechos pensionales de los colombianos.
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Ahora, los magistrados deberán evaluar tanto esta demanda ciudadana como la presentada por las AFP para decidir si suspenden provisionalmente la normativa emitida por la administración de Gustavo Petro.
Cuáles son los alcances del decreto expedido por el Ministerio de Hacienda
El Decreto 0415 de 2026 establece el procedimiento para que los recursos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) pasen a Colpensiones. La norma busca hacer efectiva la transición de los afiliados que cumplen con los requisitos de semanas (750 para mujeres y 900 para hombres) y se encuentran a menos de 10 años de la edad de jubilación.
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Al respecto, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, manifestó que el traslado inmediato de estos fondos permitiría un uso de los recursos no previsto en la ley original.
“Dicho decreto busca que las AFP giren a Colpensiones más de 25 billones de pesos, para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley, lo cual implica que se liberarían recursos del presupuesto general de la nación por un monto equivalente y una afectación del ahorro pensional que se quiso preservar en la reforma pensional”, señaló Velasco.
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Con la admisión de las demandas, el Consejo de Estado deberá verificar si el acto administrativo firmado por el ministro Germán Ávila cumplió con todos los requisitos legales o si, por el contrario, excedió la facultad reglamentaria del Ejecutivo.
