El presidente Gustavo Petro reaccionó a un informe presentado por la Contraloría, que advierte sobre los riesgos de reglamentar el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones hacia Colpensiones.
En ese sentido, el jefe de Estado catalogó de “cómplice de un robo” a la Contraloría.
“Si no devuelven los ahorros de los cotizantes de los fondos de pensiones que decidieron irse de ellos y pasarse a Colpensiones, simplemente están cometiendo un robo. El dinero del ahorro no es de los bancos. Que lo hayan invertido en cosas que la contraloría debería investigar antes de volverse cómplice no es excusa para devolver el dinero que no les pertenece”, escribió en X el mandatario.
Añadió que se está haciendo un corralito con los ahorros y la Corte Constitucional no se mueve con la reforma pensional temerosa de darle un triunfo electoral al gobierno.
“Estamos ante un corralito de ahorros y una fuga de capitales de los fondos privados al exterior buscando no devolver los dineros de los propietarios del ahorro: las y los trabajadores a Contraloría advierte que no sería jurídicamente viable ordenar el traslado total de los recursos, especialmente de aquellos afiliados que aún no han consolidado su derecho pensional”, sostuvo Petro, indicando que la Superfinanciera y la Contraloría deberían investigar.
La Contraloría alertó que esta medida no sería jurídicamente viable, ya que la misma ley que le dio vida a la llamada oportunidad de traslado (la cual permitió que las personas que habían superado la edad máxima para cambiarse de régimen lo pudieran hacer sin tener que recurrir a mecanismos judiciales) establece que esos recursos deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que se cause el derecho pensional.
Además del debate jurídico, la CGR alertó sobre riesgos fiscales. Dentro de ello, señalaron que el traslado de estos recursos a Colpensiones podría implicar que el ahorro pensional de largo plazo se convierta en gasto corriente, destinado al pago inmediato de mesadas.
“Este cambio podría incrementar el pasivo pensional del Estado y trasladar cargas a futuras generaciones”, socializó el ente de control.
La Contraloría señaló que la implementación del decreto, en su forma actual, resulta inviable tanto por razones jurídicas como fiscales, lo que abre un nuevo frente de debate sobre el alcance y la sostenibilidad de la reforma pensional en Colombia.
