El presidente Gustavo Petro respondió este viernes al informe de la Contraloría General que alerta sobre una alta concentración de vencimientos de la deuda pública en 2029, año en el que el Estado tendría que asumir pagos por amortizaciones estimados en $89,6 billones.
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A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario aseguró que el Gobierno cuenta con herramientas para manejar ese escenario, como ya ocurrió —según afirmó— con compromisos heredados en años anteriores.
El mandatario sostuvo que el Gobierno cuenta con mecanismos para enfrentar la acumulación de deuda prevista para 2029, como operaciones de refinanciación y un escenario financiero internacional más favorable, similar a lo ocurrido con los vencimientos concentrados que, según afirmó, heredó su administración en 2023.
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“La acumulación de deuda para 2029 se resuelve como resolvimos la acumulación que nos dejó Duque en 2023; se apuesta a una mejor estabilización del futuro mundial; deben hacerse más operaciones de refinanciación, como la que hicimos, si la tasa de interés interna o externa baja, y estas bajarán si se mantienen los tributos a los megarricos, sea por el decreto de emergencia ratificado por el Congreso de la República, el actual o el próximo”.
¿Qué dice el informe de la Contraloría?
El pronunciamiento se dio luego de que la Contraloría publicara un comunicado en el que analizó las operaciones de deuda realizadas por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025 y enero de 2026. Según el organismo de control, estas transacciones cumplieron con los requisitos legales y tuvieron como propósito mitigar el riesgo de liquidez de la Nación.
El informe explica que, ante los bajos niveles de depósitos —que alcanzaban $1,44 billones al 8 de diciembre de 2025—, el Ministerio de Hacienda ejecutó una operación de tesorería mediante la venta de una parte de su portafolio de TES B por $23,24 billones, con el fin de fortalecer la liquidez del Gobierno.
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“La Contraloría verificó que dicha operación cumplió con todos los requisitos legales y autorizaciones correspondientes, y destacó que no implicó la emisión de nueva deuda. Si bien la compraventa de títulos es una práctica habitual, lo que distingue esta operación es el elevado monto transado”, señaló la entidad.
No obstante, el boletín advierte que para la vigencia 2026 el plan financiero del Gobierno contemplaba la necesidad de USD 13.096 millones en recursos de crédito externo, de los cuales USD 9.000 millones se obtendrían a través de la emisión de bonos globales. En ese contexto, se realizó una emisión de bonos externos por USD 4.950 millones.
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“Esta operación sí implica endeudamiento y cubrirá parte de las necesidades de recursos externos que quedaron plasmadas en el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso”, precisó la Contraloría.
El reporte también señala que los nuevos bonos externos emitidos vencerán en 2029, 2031 y 2033, lo que modifica el perfil de la deuda pública y contribuye a la concentración de pagos en los próximos años. Para el organismo de control, el mayor punto de atención está en 2029, cuando coincidirán múltiples obligaciones internas y externas.
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“La Contraloría llama la atención sobre la alta concentración de los vencimientos de deuda en 2029, ya que a las mayores cancelaciones de bonos globales se suman los vencimientos de TES B en pesos ($43,72 billones), TES B en UVR ($19,73 billones) y los Títulos de Solidaridad ($9,74 billones) creados durante la pandemia. En total, se estima que los pagos por amortizaciones serían cercanos a los $89,6 billones en 2029. Enfrentar esta concentración de pagos requerirá en los próximos años una fuerte gestión por parte del Ministerio de Hacienda”, alertó.
Pese a este panorama, la Contraloría concluyó que la deuda del Gobierno mostró una reducción entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, al pasar del 59,3 % al 57,8 % del PIB, manteniéndose dentro de los límites establecidos por la regla fiscal.
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Sin embargo, el organismo advirtió que la rigidez del Presupuesto General de la Nación alcanza el 93 %, lo que deja un margen de maniobra limitado y podría afectar la inversión social si no se fortalecen los ingresos y el recaudo.
“La inflexibilidad del Presupuesto General de la Nación oscila en un 93%, es decir, el margen de maniobra es limitado; si el comportamiento de los ingresos y del recaudo no crece, las posibilidades de inversión social en los nuevos Planes de Desarrollo se van a ver comprometidas. Los gastos de funcionamiento de los últimos años han estado entre un margen del 55% y 62%, con excepción del año 2020, que sube al 68% (pandemia covid-19)”, finalizó la Contraloría.
