El hundimiento total de la ley de financiamiento 2026 o reforma tributaria en el Congreso de la República impidió la creación de nuevos impuestos y la ampliación de la base gravable, lo que preserva el ingreso disponible de las familias y evita cargas adicionales para las compañías.
Sin embargo, y con las voces de diferentes analistas, esto viene dejando sin respaldo recursos por $16,3 billones que estaban contemplados para el presupuesto de inversión del próximo año.
Ahora bien, muchos preguntan ¿Y ahora qué? Dado que tras dicho hundimiento, debe existir un plan B con el objetivo de poner un orden en las finanzas públicas.
Aunque hay que destacar que tras la no reforma, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no descartó la posibilidad de declarar la emergencia económica para garantizar la ejecución de los proyectos sociales.
“El Gobierno va a analizar cuidadosamente las decisiones que sean necesarias y que deba tomar para asegurar el cumplimiento de las metas sociales que se ha planteado en su plan de desarrollo”, afirmó el funcionario.
Consultado sobre la alternativa de la declaratoria de una emergencia económica, recalcó Ávila: “No vamos a descontar ninguna de las alternativas”. Y destacó que el presidente Gustavo Petro ha pedido adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con las metas fiscales y los proyectos de inversión.
Agregó el jefe de la cartera económica que la ley de financiamiento no solo buscaba cubrir las necesidades del Presupuesto del próximo año, “sino el equilibrio y estabilidad en mediano plazo, lo que le aseguraba al próximo gobierno la seguridad macroeconómica”.
Al respecto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que, “por supuesto, Colombia no tiene condiciones para decretar una emergencia económica. El gobierno que ha aumentado el presupuesto en más de 50 % nominal durante los últimos tres años, ha disparado el gasto del Estado a niveles nunca vistos”.
Agregó que “este año, por ejemplo, vía decreto, decía adelantar impuestos que se iban a causar el año entrante mediante la definición de nuevos anticipos en renta. Como resultado los colombianos pagaremos más impuestos durante el año 2025”.
El plan B
En diálogo con EL HERALDO, el ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, señaló que el único plan B responsable es recortar el exceso de gasto público, arrancando por gastos de funcionamiento, burocracia estatal, continuando con programas de inversión mal focalizados que no están dando resultados y teniendo también en consideración una estrategia de más crecimiento que anime el recaudo.
“Se debe implementar una estrategia de tranquilidad, de confianza a los mercados nacionales e internacionales con el objeto de bajar el costo de financiamiento público que está siendo muy alto”, socializó Restrepo.
En ese sentido, agregó: “Yo no veo ninguna otra salida de carácter responsable. La sola idea de la emergencia económica es una idea profundamente irresponsable, porque es inconstitucional, va a ser declarado inexequible, no responde a ningún hecho que sea sobreviniente ni excepcional. Es una emergencia creada, fabricada por el propio gobierno que después este mismo la decreta, luego no tendría mayor sentido”.
Explico de paso que una emergencia no se derivaría de un hecho ni sobreviviente ni excepcional. “De antemano se sabía que el Presupuesto estaba desfinanciado y que la única salida era el recorte. Un instrumento constitucional tan importante no puede ‘manosearse’ para abusar de él y construir la emergencia económica y después decretarla. Además para cualquier gobierno recortar el 3 % del Presupuesto es relativamente manejable”.
Por su parte, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, manifestó que las iniciativas que hay para mejorar la situación fiscal del estado en primera línea vienen por hacer un análisis efectivo del recorte de los gastos.
“Lo primero es que hay que mirar los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento van a tener según va la perspectiva de la ejecución de octubre a diciembre, posiblemente van a tener una situación en la que se va a ejecutar solamente el 80 % de ese presupuesto, y en cuanto a inversión se va a ejecutar aproximadamente el 67 % del presupuesto. Esto da en pesos básicamente un sobrante de apropiación de unos $104 billones que indiscutiblemente son la muestra clara que no se requieren recursos para financiar el gasto porque hasta el momento, en el año 2024 la ejecución presupuestal fue del orden del 84 %, y en este año se reduce al 80 %”, explicó el experto.
Entre tanto, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, sostuvo que la decisión del Congreso de archivar la reforma tributaria abre una oportunidad para que el Gobierno reoriente la discusión hacia una estrategia fiscal que priorice la eficiencia del gasto y la estabilidad económica.
“Desde AmCham Colombia consideramos esencial avanzar hacia una gestión más austera y responsable, en especial en el gasto de funcionamiento del Estado, para proteger los recursos destinados a inversión productiva, generación de empleo formal y crecimiento empresarial”, indicó la dirigente gremial.
Agregó que en materia de ingresos, es clave fortalecer la formalización laboral para ampliar la base de aportantes al sistema de seguridad social, así como adoptar medidas más contundentes contra la evasión y la elusión, de modo que el sistema tributario sea más equitativo y sostenible.
“AmCham Colombia reitera su disposición a aportar insumos técnicos y espacios de diálogo para construir, junto con el Gobierno y el Congreso, una hoja de ruta fiscal que preserve la competitividad del país y fomente la inversión de largo plazo”, puntualizó Lacouture.
Algunas ideas
Henry Amorocho expuso que para ser ordenado, se debe comenzar por estudiar lo que se denominan los beneficios tributarios o gastos tributarios, empezando por el IVA.
“Esto básicamente cubre por ahí de un 60 a 70 % de esos beneficios, y de esa manera se puede ir consiguiendo recursos para ya después sí hacer una reforma tributaria estructural grande, fuerte, y que sea de beneficio para toda la población, en la que no aumenten más las tarifas tributarias y nos hagamos más incompetitivos, sino que entren más personas a grabar que hoy están ganando ingresos y no graban”, socializó.
Discursos de Petro
El presidente Gustavo Petro subió el tono. Afirmó que “si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres”, aunque advirtió que mientras él esté en gobierno no dejará que la paguen los pobres. El jefe de Estado insistió en que la deuda pública equivale a “impuestos pospuestos” y arremetió contra las mayorías opositoras de la Comisión Tercera, a las que acusó de buscar un ahogamiento fiscal del Ejecutivo por razones políticas.
En medio de la discusión, Gustavo Petro manifestó que resulta imprescindible recomponer la financiación del Estado, de lo contrario —advirtió— habría que cerrar servicios esenciales cubiertos con recursos del presupuesto.
“Quienes hablan de derroche del gasto y de recorte no entienden ni las necesidades sociales ni el estado social de derecho, por eso vamos hacia una emergencia”, escribió el mandatario a través de su cuenta de X, quien ha estado muy participativo especialmente por el hundimiento de la ley de financiamiento.
