La decisión del Gobierno nacional de suspender la regla fiscal por hasta tres años ha seguido generando críticas y preocupación entre los analistas y gremios económicos por lo que puede afectar el futuro del país. En ese sentido, aseguran que por la activación de la cláusula de escape las calificadoras podrían bajar la calificación crediticia de Colombia.
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Desde Aliadas, gremio que lidera María Claudia Lacoture, han expresado que la acción representa un quiebre en el compromiso con la estabilidad macroeconómica de Colombia y envía señales preocupantes a los ciudadanos, los mercados y los inversionistas, tanto nacionales como internacionales.
En ese sentido, recordaron que la regla fiscal es clave para que el gasto público se mantenga dentro de las posibilidades del país, evitando un crecimiento desbordado de la deuda y garantizando recursos sostenibles en el tiempo. Agregaron que cumplirla, fortalece la confianza, facilita el acceso a financiamiento y protege la capacidad del Estado para atender prioridades sociales como salud, educación e infraestructura.
“La sumatoria de todas las medidas que se vienen tomando está poniendo en juego el país que hemos construido, la institucionalidad que recoge la Constitución de 1991 y los derechos y libertades de la gente. Colombia es el proyecto colectivo más importante que compartimos todos los ciudadanos. Las decisiones que hoy se toman no afectan a unos pocos: nos impactan a todos. La creciente inestabilidad derivada de políticas que, aunque legales, se aplican sin justificación técnica y bajo medidas extremas, ha generado una desconfianza profunda. Recuperar la credibilidad institucional será cada vez más difícil si no se actúa con responsabilidad, mesura y visión de país. El país no necesita saltarse las reglas: necesita cumplirlas con rigor”, remarcó Lacouture.
A su vez, hizo varias preguntas: “¿Cuál es la política de austeridad del gasto? ¿Dónde están los ajustes efectivos para reducir el gasto ineficiente? ¿Por qué insistir en un presupuesto sobredimensionado que no refleja la capacidad real del país? ¿Cómo se mantiene la confianza de los mercados, los ciudadanos y los inversionistas? Suspender la regla fiscal sin razones excepcionales ni una hoja de ruta clara de austeridad no es una salida fiscal legítima. Es una decisión que expone a Colombia a mayor incertidumbre, menor inversión y pérdida de capacidad para responder a las necesidades de su población”.
Por su parte, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), sostuvo que la decisión de suspender la regla fiscal es una decisión irresponsable por parte del ministro de Hacienda y es irresponsable por parte del gobierno nacional.
“Con un déficit fiscal como el que tenemos, romper esa regla, además para gastar la plata no tiene ningún sentido. No estamos hablando en primer lugar de un presupuesto que esté saneado. El gobierno ha incrementado los gastos innecesarios para poder tener más contratistas que son contratos de servicios posiblemente con fines electorales, mientras que los presupuestos de áreas básicas como el presupuesto del Ministerio de Defensa se han reducido y la fuerza pública en algunas regiones literalmente no tiene con qué operar y las mafias se toman el país. Entonces, el romper la regla fiscal, tiene unos impactos, porque es una cuenta que vamos a pagar todos los colombianos por muchos años”, señaló Pearl.
Dentro de ello, dijo que con esto, van a subir las tasas de interés, a encarecer las hipotecas de las familias, al igual que las tarifas de servicios.
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“Perdemos competitividad, somos sujetos a tener mayores devaluaciones, es una irresponsabilidad enorme, enorme, eso no tiene ninguna justificación, hay que echar eso para atrás”, precisó el dirigente gremial.
Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, afirmó que la regla fiscal “ya estaba rota” y que esta situación era algo que los inversionistas ya tenían claro. Reyes pidió al Gobierno que establezca “reglas claras” y presente un plan financiero “creíble y coherente” para recuperar la confianza del mercado.
Por ahora, la última calificación que Moody’s le dio al país fue de Baa2 con perspectiva negativa, sin embargo, debido a los recientes cambios anunció que le preocupan las presiones fiscales.
En esa línea, Fitch Ratings calificó a Colombia en marzo BB+, pero rebajó la perspectiva de estable a negativa. S&P también mantuvo su calificación crediticia en BB+ con perspectiva negativa.
