Defensoría alerta por hacinamiento en centros de detención de Córdoba
Si bien la ley indica que en estos sitios las personas deben hacer un tránsito de máximo 36 horas, hay casos en el que los detenidos llevan más de 18 meses.
La Defensoría del Pueblo llamó la atención de las autoridades de rigor debido al B que presentan los centros transitorios de detención, donde se registran casos de personas que llevan más de 18 meses en estos sitios cuya naturaleza es recibir personas por no más de 36 horas.
La situación fue dada a conocer luego de un altercado ocurrido en una de las celdas donde fue necesaria la presencia del defensor regional de Córdoba, Ricardo Madera Marsiglia, quien se encargó de apaciguar los ánimos.
“Las condiciones no son las adecuadas en materia de infraestructura, y en la prestación del servicio de salud, lo cual nos lleva a hechos como el ocurrido el jueves 17 de febrero, en el que tuvimos una situación de orden público al interior del centro, donde fue necesario entrar a mediar y a conciliar para que se calmaran los ánimos y el orden se restableciera”, dijo.
Los centros transitorios son los lugares donde se conduce a las personas que son capturadas y quedan a la espera de que un juez les defina su situación judicial ya sea para pasar a una cárcel a cargo del Inpec o en el mejor de los casos, que sean dejadas en libertad. Sin embargo, se reportan casos de personas que llevan más de 18 meses, es decir 360 veces más del tiempo que deberían haber estado.
“Las estaciones de Policía tienen una vocación de albergar por no más de 36 horas y donde hoy por hoy, hay sindicados de hasta 18 meses, lo que conlleva a que la fuerza pública, es decir nuestros policías, estén concentrados en temas logísticos de atención y seguridad a estos sindicados, lo que les resta tiempo para estar en campo trabajando por la seguridad ciudadana”, sostuvo Madera Marsiglia.
En los centros de detención transitoria también se reportan dificultades en el acceso a los servicios de salud, elementos de aseo y alimentos.
“Preocupa enormemente a la Defensoría porque son los familiares, y en ocasiones debo decirlo, el buen corazón de los agentes de la Policía quienes gestionan la alimentación, esto no debe ocurrir porque es responsabilidad de las entidades territoriales garantizar la prestación de estos servicios”, explicó.
Según las autoridades, tan solo en Montería más de 100 personas se encuentran en esta situación tanto en las carceletas de la Policía, como las que están a cargo de la Fiscalía.
“En la URI de la Policía tenemos cerca de 81 sindicados, al igual que en el centro de protección a personas de la Fiscalía donde hay cerca de 85, quienes se encuentran a la espera de que se les defina su situación judicial. Nosotros venimos ejerciendo un seguimiento constante así como tenemos una mesa interinstitucional permanente con la Fiscalía, la Policía, y la Alcaldía para garantizar la prestación y la no violación de los derechos fundamentales de los sindicados”, indicó.
El Defensor regional agregó que las situaciones de hacinamiento y vulneración de derechos en los centros transitorios se replica en diferentes municipios del departamento.
“En diferentes municipios del departamento la situación no es distinta, es decir San Pelayo y Cereté, donde suman más de 15 sindicados, algunos de ellos incluso en condición de condenados lo cual ya entramos a revisar para impulsar y a ver si logramos que hagan tránsito hacia el Inpec, pero a estas personas las entidades territoriales no le están suministrando la alimentación ni algunos servicios básicos en materia de salud. Cosa distinta se da en Sahagún y Chinú, donde reciben la alimentación, pero hay múltiples quejas por la calidad de la misma, lo que se suma al hacinamiento que impera. Reiteramos nuestro llamado a la institucionalidad, a las entidades territoriales a hacer lo propio para garantizar el mínimo de vulneración de derechos en este sentido”, concluyó.
