Las alertas de orden público en el departamento de Córdoba se han encendido tras el cierre de las urnas por la presencia en un puesto en Corozalito, zona rural del municipio de Chimá, de personas que dicen ser testigos electorales, pero no están acreditadas.
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A través de su cuenta de X la Registraduría Nacional del Estado Civil indica que las personas que amenazan con protagonizar los desórdenes no están inscritos como tal y en razón a ello no pueden tener acceso al preconteo de votos.
Esta situación comporta una amenaza directa contra el certamen electoral y el libre ejercicio democrático.
La fuerza pública envió personal a la zona para reforzar el pie de fuerza y evitar desmanes.
