En una casa fiscal, correspondiente al Bloque Villa F, de la cárcel Las Mercedes de Montería, se encuentra internado el exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien fue condenado a seis años y medio de prisión por hechos de corrupción.
{"titulo":"Aguacero de las últimas horas provocó la caída de árboles en Montería","enlace":"https://www.elheraldo.co/cordoba/cordoba-aguacero-de-las-ultimas-horas-provoco-la-caida-de-arboles-en-monteria-1000841"}
El sitio de reclusión del exmagistrado de la Corte Constitucional es un lugar asignado como residencia para funcionarios del Inpec, y según fuentes de ese organismo, se trataría de una especie de aparta-estudio, separado por un pasillo de 11 metros de las habitaciones en las que también se alojan directivos del penal.
En el lugar Pretelt cumple los primeros días de su condena por corrupción, tras ser detenido el pasado viernes 5 de mayo, en medio de una fiesta de cumpleaños en las afueras de un edificio en el norte de la capital cordobesa.
Tras la confirmación de la condena, la defensa de Pretelt solicitó que este cumpliera su pena en las instalaciones de la Brigada XI del Ejército de Montería, sin embargo, fuentes castrenses confirmaron que el exmagistrado no fue recibido en esa guarnición militar por razones logísticas.
Cabe recordar que Pretelt ha presentado quebrantos de salud relacionados con una crisis de hipertensión.
{"titulo":"Dos empleados de la Unisinú son procesados por sacrificar una zarigüeya","enlace":"https://www.elheraldo.co/cordoba/monteria-dos-empleados-de-la-unisinu-son-procesados-por-sacrificar-una-zarigueya-1000829"}
Por orden de la Corte Suprema de Justicia, el CTI de la Fiscalía capturó en Montería al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, para que cumpla una pena de 6 años y medio de prisión por pedir $500 millones para influir en el trámite de una tutela.
La Sala de Casación Penal de la Corte encontró probado que Pretelt solicitó al abogado Víctor Pacheco, apoderado de Fidupetrol, la suma de $500 millones para adelantar gestiones en la Corte para sacar adelante una acción de tutela promovida por esa empresa contra un fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte, que la obligaba a pagar $22.500 millones de pesos más un interés del 10,5% anual a favor de la Gobernación de Casanare.
