La Contraloría informó este martes que investiga a la gobernadora (e) de Córdoba, Sandra Patricia Devia y a los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile, al establecer un hallazgo fiscal de $45.083 millones, relacionado con un contrato de investigación de ciencia y tecnología donde se pagaron unos $29 mil millones a pesar de que no fue ejecutado, y donde apenas se han recuperado algo más de $4 mil millones.
Se trata del Convenio Especial de Cooperación No. 734 de 2013, correspondiente a una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba y La Guajira) en la cuenca del Río Sinú, ejecutado por la Corporación Áreas Naturales Protegidas, ANP, y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, Conif.
El ente de control fiscal recordó en un comunicado que el objeto del proyecto, contratado por Lyons, era hacer unas investigaciones sobre temas de agua, reforestación y mejoramiento de la cuenca del río. Su sucesor, Besaile, debido a que nunca se cumplió el objeto del contrato decidió a mediados de 2017 liquidarlo y ordenar la devolución de los dineros pagados con sus respectivos intereses.
Pero advierte la Contraloría que 'los únicos dineros recuperados por la Gobernación de Córdoba corresponden a la devolución de $4.716 millones del valor de la póliza, que estaba establecida en un 10% del valor del contrato'.
'Frente a la liquidación del convenio especial de cooperación No. 734 – 2013, se observa un posible detrimento que se determina en que la entidad auditada (Gobernación de Córdoba) no ha realizado las gestiones pertinentes e indicadas para la recuperación de la totalidad de los recursos cancelados', indica el organismo revisor.
Además, la entidad investigadora revisó los proyectos más cuantiosos suscritos por la Gobernación de Córdoba entre los años 2013 y 2015, financiados con recursos del Sistema General de Regalías, obteniendo como resultado 14 hallazgos administrativos, ocho de ellos con presunta connotación fiscal por $69.507 millones (suma que incluye los $45.083 millones del hallazgo que involucra a los tres últimos gobernadores).
Dentro del convenio sobre el río Sinú, la Contraloría estableció otro hallazgo fiscal de $3.428 millones, correspondientes al valor de la interventoría del convenio, ejecutada por la Universidad Francisco José de Caldas, 'por no cumplir debidamente sus funciones y obligaciones, al autorizar desembolsos sin que se ejecutaran las actividades del objeto contractual'.
También son señalados por el ente de control Farid Saker García, Jorge Iván Ríos Urueta y Jaime Isaac Pareja Nader, directores del Departamento Administrativo de Planeación y supervisor del contrato, respectivamente, 'por autorizar pagos con base en informes del interventor del convenio, sin supervisar su ejecución'.
Así mismo, son investigados Jesús Eugenio Henao Sarmiento, Germán Raúl Martínez Layton y Héctor Jaime Villa Campillo, en su calidad de representantes legales de la ANP, e Inocencio Bahamón Calderón, representante legal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por autorizar pagos a la Gobernación de Córdoba de un proyecto sin ejecución.
La Contraloría recordó que por este mismo caso adelanta desde julio de 2017 un proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de $4.050 millones, contra Lyons y Besaile, supervisores, interventores y contratistas entre otros, por presuntas irregularidades relacionadas con la intermediación del convenio (los contratistas o cooperantes subcontrataron algunas actividades a menor valor de lo presupuestado).
Otro más de los hallazgos se relaciona con irregularidades en el manejo de los recursos públicos por $9.628 millones en el proyecto de 'Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en Ciencia, Tecnología, e Innovación a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en la Tics en el departamento de Córdoba'.
'Este proyecto tiene un valor de $46.431 millones de pesos, de los cuales $42.503 millones pertenecen al Sistema General de Regalías. (...) Para el desarrollo del proyecto, se firmó en diciembre del 2013 el convenio especial de cooperación entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación Unificada de Educación Superior, CUN, que presenta a la fecha irregularidades relacionadas con los pagos de actividades no contempladas dentro del contrato, saldos sin comprometer, giros de dineros por presuntos conceptos injustificados, no soportados y no ejecutados, e intermediación innecesaria del convenio especial de cooperación', advirtió el organismo revisor fiscal.
Un hallazgo más tiene que ver con dos proyectos relacionados con la construcción de escenarios deportivos en los municipios de Planeta Rica y Cotorra, Córdoba, por tratarse de obras de infraestructura de gran cuantía que se encuentran con un porcentaje de ejecución física y financiera del 100%, y que ya han sido entregadas, pero que 'presentan gran deterioro y fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios'.
En el caso de Planeta Rica, hay una pesquisa por valor de $1.701 millones, por el proyecto 'Construcción y adecuación de la unidad deportiva local etapa I', de $9.173 millones. Y otra por $765 millones en el mismo complejo deportivo. 'En ambos casos, se determinó que los productos entregados presentan deficiencias en la calidad y el diseño de la obra, que impiden cumplir plenamente su finalidad y hacer uso de la totalidad de la infraestructura', se lee en el comunicado.
Y en Cotorra, en el proyecto para 'Mejorar las condiciones para la práctica del deporte (…) mediante la construcción de un estadio y un bioparque', por un valor de $6.331 millones, la Contraloría estableció un hallazgo fiscal por $4.054 millones por 'deficiencias en la calidad de la obra, así como obras sin funcionamiento e incompletas, pago de valores diferentes a lo contratado, y un deficiente desempeño de la interventoría'.
Finalmente, hubo un hallazgo fiscal por $5.511 millones por los pagos de la Gobernación de Córdoba al contratista del proyecto de 2013 'Aplicación, aislamiento y mantenimiento de sistemas agroforestales como estrategia para la regulación hídrica, conservación de suelos y mejorar la productividad de regiones deprimidas del departamento de Córdoba'.
Pero, de acuerdo con el ente de control, se determinaron 'fallas en la planeación, estructuración y aplicación del proceso constructivo de los sistemas agroforestales, que derivó en la ausencia de producción y, por tanto, no se cumplió con la finalidad del proyecto'.
